Las protestas de España y Portugal. La obligada neutralidad de Estados Unidos
Los corsarios de Artigas - 2
Lic. Cristina Montalbán

Tanto España como Portugal trataron de improvisar soluciones en procura de paliar las costosas pérdidas que les representaban los ataques corsarios.

El comercio español, que había constituido el blanco inicial, fue barrido del océano y pronto se observó que eran inútiles las estrategias de transferir sus naves a matrículas extranjeras, los esfuerzos por constituir una fuerza naval eficiente que resguardara sus unidades mercantes e incluso el recurso de armar sus propios corsarios.

La acción, cada vez más devastadora contra el comercio de ambas naciones ibéricas, provocó un notable movimiento diplomático, acrecentándose las protestas ante Estados Unidos.

Los americanos nunca habían estimado a los españoles, y por otro lado su ideología los llamaba a apoyar la causa que tenía como bandera los conocidos ideales de libertad e independencia. De acuerdo a ello las denuncias del ministro Onís no fueron tomadas con demasiada simpatía, llegándose incluso a solicitar su destitución cuando los reclamos eran hechos en tono demasiado imperativo.

Las protestas hispánicas ante el Congreso invocaban la aplicación del Tratado Pinkney (de 1795), mientras por otro lado conjuntaban todos los datos relacionados con el armamento en corso de la nave, contratación de tripulaciones, etcétera, los que, presentados como declaraciones juradas, servían como fundamento para iniciar una investigación, previa a la acusación judicial por violación a la ley de neutralidad.

El apresador era de inmediato demandado, exigiéndose la devolución de presa y carga bajo la acusación de piratería.

El caso del ministro portugués era sensiblemente diferente. El cargo era ocupado por el abate José Correa da Serra, botánico con reconocida autoridad científica internacional, que gozaba de prestigio personal y vinculaciones que iban desde el mismo presidente Monroe a otros políticos de primera fila como Jefferson y Madison.

Esta influencia le fue de valiosa ayuda cuando en 1817 los corsarios artiguistas dejaron el ámbito platense para lanzarse al océano, localizándose sus bases en los puertos de la Unión.

A principios de 1817 las reclamaciones del ministro portugués se plantearon en el sentido de que las naves eran armadas públicamente, disimuladas bajo el aspecto comercial y patentizando la insuficiencia de las leyes de neutralidad del momento.

La innegable influencia del ministro Correa instigó ante Monroe el tratamiento de la enmienda (sobre todo con respecto al armamento de corsarios en los puertos americanos) y posteriormente informó a la Comisión Legislativa encargada de estudiar la modificación de la ley.

La enmienda para impedir que se violase la neutralidad del gobierno -a pesar de la brillante campaña en reivindicación del derecho de las provincias insurreccionadas a ser libres, efectuada por el representante de Kentucky, Mr. Clay- fue aprobada el 29 de enero y promulgada el 3 de marzo de 1817.

A pesar de haberse sancionado la "ley de neutralidad", la preocupación de las Cámaras estadounidenses por la situación política del Plata se observó en varios debates realizados a fines del mismo mes de marzo. Con abundante documentación, el representante de Mississippi -Mr. Poindexter- explicitó la posición bonaerense y las actitudes del gobierno de Pueyrredón, mientras que el representante de Maryland -Mr. Smith- analizó la lucha artiguista en simultaneidad con Buenos Aires y Portugal, calificando al general oriental como "en verdad un republicano". 

El secretario de Estado John Quincy Adams distinguía el corso que había ejercido su propia nación del que se ejercía entonces por parte de las hispanoamericanas, acentuando su crítica en los medios irregulares de enganche y la degeneración de las reglas, que eran rotas en forma flagrante y que llevaban en la práctica a la piratería.

Su oposición puso en vigencia una serie de proclamas presidenciales e incluso leyes efectivas, pero la mayoritaria opinión pública y el hecho directo de agentes federales locales involucrados, hicieron difícil hacer efectivo su reclamo de "neutralidad estricta" y transparencia de imagen. Estados Unidos no debía juzgar sobre la justicia de la situación, aunque imparcialmente se reconociera la ilegitimidad de los derechos de España y Portugal en la situación creada en la provincia Oriental (sobre todo con respecto de este último, quien ni siquiera poseía la pretensión que, como sus antiguos súbditos, España podía alegar contra los revolucionarios sudamericanos).

El propio presidente Monroe tenía una óptica mucho menos tajante que la de su secretario respecto de la empresa corsaria. Para él tenía mucha importancia la opinión favorable de la masa norteamericana, favorable a la causa de los revolucionarios.

Pesaron también en su consideración las argumentaciones del Congreso, a pesar de las leyes aprobadas, así como la amenaza de las potencias atacadas -Portugal y España- cuyas reclamaciones llegaron -en ocasiones- a provocar tal tirantez que insinuaron un enfrentamiento más grave que el de la vía diplomática.

Fruto de sus presiones y de la línea de pensamiento de Adams se aprobó entonces la pena por el armado de buques corsarios de 10 años de cárcel y 10.000 dólares de multa, pudiendo los recaudadores de los puertos detener a aquellos buques que se supiera tener este propósito o cuya carga consistiera en armamento.

En 1817 el ministro da Serra logró que se le concediesen devoluciones de presas portuguesas, pero su influencia decayó debido a la represión del movimiento revolucionario estallado en Pernambuco el 6 de marzo de 1817, que implicó el asesinato de todos los líderes del mismo. Dicha rebelión, inspirada en movimientos independentistas como el norteamericano, el rioplatense y el venezolano, era vista con simpatía por el gobierno de Estados Unidos, y su desgraciado final tuvo como consecuencia la discrepancia entre Monroe y el representante portugués. 

Esta situación coincidió con el pasaje de corsarios bonaerenses a la bandera artiguista, con la intensificación consecuente de los ataques a naves portuguesas en las rutas del océano, y como resultado las consiguientes considerables pérdidas para las plazas de Rio de Janeiro, Bahía, Pernambuco, Lisboa y Oporto.

Es importante establecer además cómo influyó en el tema el Congreso de Aix La Chapelle reunido en 1818. En el encuentro internacional se planteó la compleja situación de las colonias españolas, mientras por otro lado se presentaba el enfrentamiento entre Portugal y las fuerzas artiguistas. El criterio europeo era que correspondía a España terciar en el asunto porque eran sus intereses los que habían sido vulnerados, dejándose en un segundo plano el problema de las luchas de las colonias por su independencia.

Este punto constituía la discrepancia con Estados Unidos pues las instrucciones enviadas por el secretario Adams indicaban que la argumentación que las potencias europeas hicieran en defensa de los intereses de España no lo harían apoyadas en ningún principio ni derecho, porque las colonias -como parte contendiente en una guerra civil- tenían el mismo derecho que España, y las demás potencias estaban obligadas a respetarlo.

Si bien el criterio ideológico expuesto por Adams no coincidía con el de las potencias, el punto de contacto se hallaba en que no podía permitirse la tolerancia del gobierno de Estados Unidos a los actos de piratería que los insurgentes practicaban contra las banderas de las dos naciones europeas.

Las presiones en reclamo de neutralidad que el gobierno norteamericano intentaba implantar llevaron a que en la práctica las acciones corsarias se hicieran más disimuladas: el pabellón artiguista era arbolado ya en alta mar, y en cuanto a las presas, se adoptó el procedimiento de efectuar el trasbordo de la carga, incendiando luego la presa y derivando las mercaderías con papeles fraguados a los puertos de la Unión.

Tal medio sin embargo no resultaba rentable: por un lado se perdía la presa y por otro el trasbordo dependía de la escasa capacidad de la bodega del corsario.
Baltimore, puerto preferencial por el porcentaje de aporte en naves, capitanes y tripulaciones, continuó siendo un bastión corsario, sobre todo para la reparación y reaprovisionamiento.

Acompasando estos movimientos en el ámbito internacional, la política portuguesa desarrolló una serie de acciones en el Río de la Plata.

Lecor, aislado en Montevideo, se lamentaba en febrero de 1818 de que "un hormiguero de corsarios" tenía prácticamente cortada toda comunicación por mar con Brasil, y que provocaba pérdidas sin cálculo por los mercantes que caían en su poder.

En el ámbito del Plata, el uso de la doble patente provocó una gran tirantez en las relaciones entre Pueyrredón y Lecor, que por necesidades bilaterales no se llegaron a manifestar.

Es de hacer notar que las protestas y quejas se presentaban ante el gobierno bonaerense, dado que si se hubieran dirigido a Artigas hubieran implicado el reconocimiento de éste como Jefe de Estado y el de la Banda Oriental como una nación (como ocurrió con la firma del convenio de comercio con Inglaterra). Ello traería como consecuencia que los corsarios artiguistas no podrían ser ya considerados como "piratas", como los calificaban las autoridades portuguesas, y que ya no se podría usar este argumento fundamental para que se cuestionara jurídicamente al corso oriental.

Paralelamente Lecor presionó diplomáticamente al comodoro William Bowles, reclamando, entre otros asuntos, por el servicio de ingleses en las fuerzas orientales e incluso por la vigilancia ejercida sobre las naves portuguesas que bloqueaban los puertos artiguistas. Al parecer las gestiones no resultaron desfavorables y había quedado satisfecho por las providencias que había tomado Bowles.

Con respecto al cónsul Halsey -considerado principal responsable del nexo con los corsaristas de Estados Unidos-, Lecor y Pueyrredón determinaron su acusación ante el gobierno de dicho país.

Ese procedimiento buscaba además fines ulteriores: el escándalo diplomático -para eliminar un elemento peligroso del ámbito bonaerense- y desmerecer el prestigio de Artigas.

La prueba fundamental contra Halsey cristalizó en enero de 1818 y se basó en unas patentes en blanco enviadas para una nave que se estaba armando, incluyendo la del capitán, cuatro tenientes y seis para oficial de presas. Las patentes habían sido enviadas a De Wolfe -en Bristol- con la recomendación de que si no pensaba hacer uso de ellas las mandara al general Smith y su socio, Mr. Buchanan, en Baltimore.

Este último -indignado- fue quien las hizo llegar al Departamento de Estado, considerando que era un atentado contra el honor de la firma que representaba.

Posteriormente se logró probar además que el cónsul percibía 5 por ciento de las ganancias de los buques para los que él obtenía patente de corso.

Se debe hacer constar que la conducta sobre la venta de tales patentes era común y, según se ha comentado oportunamente, se había obrado en igual sentido con las patentes en las Provincias Unidas, pero esta denuncia en el especial momento diplomático y ante el receptivo secretario Adams, tuvo el eco deseado.

Finalmente la comisión de Halsey como cónsul fue revocada el 22 de enero de 1818, aunque continuó en servicio hasta que llegó su relevo.

Muchas fueron las gestiones de Halsey ante el citado secretario para persuadirlo, primero de no destituirlo y luego de que volviera a nombrarlo en el cargo, pero sin éxito. A pesar de no ejercer ningún cargo oficial, sus cuantiosos negocios -entre los que se contaba una gran hacienda de cría de ovinos de raza importados de Estados Unidos- lo mantuvieron en Buenos Aires.

No pasó mucho tiempo sin que Adams recibiera noticias de que G. Worthington, el relevo nominado, estaba también involucrado en negociaciones corsaristas, designando entonces para el cargo a David De Forest (un comerciante americano que se había establecido durante algún tiempo en Buenos Aires, que había sido asimismo uno de los primeros en invertir capitales en buques corsarios, contándose entre sus socios el conocido capitán Taylor).

Como complemento de la estrategia diplomática porteño-lusitana se instrumentó una campaña militar en la Banda Oriental, cumpliendo con varios propósitos, entre los cuales sobresalían alcanzar la unión con las fuerzas de Curado que habían quedado aisladas en Misiones desde el comienzo de la invasión y arrebatar los puertos al artiguismo. 

Con la complicidad del gobierno bonaerense que buscaba también eliminar al caudillo; se lograron la derrota de su escuadrilla por fuerzas portuguesas al mando de Senna Pereira y la caída de los puertos de Paysandú, arroyo de la China, Purificación, ocupando el general Pinto Correa la margen izquierda del río hasta Mercedes.

Cumplido el objetivo, Portugal renovó sus reclamaciones con el propósito de que Estados Unidos mantuviera una real neutralidad, alegando que Artigas había perdido -al perder sus puertos- la capacidad de otorgar autorizaciones de corso y que las patentes ya expedidas eran nulas.

Ello llevó a que se ampliara la legislación en contra de los corsarios, dictándose disposiciones complementarias que trataban en particular sobre el reclutamiento de tripulaciones en los puertos americanos y los actos en el mar que violaban la ley de neutralidad estadounidense.

Una etapa de auge

En general se puede constatar que en el correr del año 1818 el puerto de Buenos Aires fue abandonado, derivando el armamento que se hacía en el Río de la Plata a los puertos de la costa Este de América del Norte, a pesar de las sucesivas leyes que trataban de erradicar la práctica corsaria.

Asimismo se produjo el abandono mayoritario de la patente de las Provincias Unidas, quedando los corsarios exclusivamente bajo bandera artiguista. Este hecho estuvo determinado por varios factores: los prejuicios evidenciados en su Tribunal de Presas (en el que todas las capturas portuguesas eran declaradas "malas" o "ilegítimas" y por lo tanto devueltas), la posición del gobierno porteño con respecto a la situación dada en la Provincia Oriental, las medidas adoptadas contra el cónsul Halsey, las acciones frente al gobierno estadounidense, etcétera, que colaboraron a provocar una reacción en los corsaristas, que se fueron alejando de esta causa. 

Fue quizás el año 1818 la etapa más álgida, pudiéndose verificar que hubo un auge de sus acciones tanto en el Atlántico Norte como en el Caribe, provocando que el comercio español y portugués vieran su situación muy comprometida.

Incluso a pesar de las contingencias negativas ocurridas en el Plata, hacia el fin de 1818 -noviembre y diciembre- las operaciones corsarias en el litoral de Brasil se multiplicaron, existiendo registros que prueban numerosas capturas (en los que no figura el nombre del corsario que las había verificado).

Si bien en un principio se trató por parte de las autoridades de quitar importancia al problema, ante el cariz que tomaba la situación, zumacas, bricks, lanchas y hasta balsas patrullaron la zona en busca de paliar el acoso a los navíos portugueses.

La navegación en convoy fue otro de los recursos, anunciando a los comerciantes, mediante edictos, la partida de los mismos.

La incapacidad de controlar a los corsarios y el estado de desaliento que ello provocaba fueron trasmitidos por la prenda lusitana, que en medio de lamentos y quejas amargas pintaba el oscuro panorama.

Según el agente del Lloyd's en Buenos Aires, se estimó que -en agosto de 1818- llegaban a un centenar las patentes otorgadas por Artigas, mientras que Destefani las hace llegar a 170 y Rodríguez-Arguindeguy, sin arriesgar cifras sugieren que con los avances de la informática se facilitará la ubicación de las documentaciones en los repositorios más lejanos, pudiéndose así dar una versión acabada de la lucha librada por los corsarios en ríos y mares por la causa de la independencia americana.

La audacia de los rápidos veleros llevó a que los mares del mundo se volvieran cada vez más inseguros para los poderosos navíos portugueses y españoles, los cuales no podían escapar de su acoso ni siquiera navegando escoltados por buques de guerra.

Las autoridades españolas buscaron otra solución al problema: autorizaron también el corso, realizándolo en forma indiscriminada, es decir sin ningún respeto por banderas neutrales e incluso atacando a buques mercantes británicos que comerciaban en la zona de las Antillas, a lo que Inglaterra contestó con duras medidas de represión.

El Prof. Beraza marcaba la zona abarcada desde principios de 1818 por el corso de bandera artiguista: en el hemisferio Norte presentaba los puntos neurálgicos de Baltimore, Bermudas, Azores, Finisterre, el litoral hispano-portugués hasta Gibraltar, seguía luego hacia Madera, Canarias y Cabo Verde, con una prolongación por el litoral africano hasta Angola; en el hemisferio Sur se presentaba el punto de arranque en el Río de la Plata, continuando por el litoral atlántico de la Provincia Oriental y Brasil, hasta el Cabo Blanco, cerrando el circuito en Cabo Verde.

Dichas zonas estaban determinadas por las rutas del comercio de ambas naciones ibéricas, aunque debemos hacer notar que muchas veces no sólo contaba como valiosa la carga incautada, sino que también era importante la correspondencia oficial -que en razón de la vulnerabilidad patentizada se hizo usual que fuera derivada a buques de bandera neutral-. Esta noticia nos da la pauta del respeto a estas naves, desmintiendo las informaciones sobre ataques indiscriminados de que eran acusados los corsarios en reiteradas ocasiones.

En 1819 el corso bonaerense seguía perdiendo proyección y sus capitanes continuaban pasando a la bandera del Protector con patentes obtenidas de los socios de Halsey, o en Baltimore (aun cuando las medidas radicales tomadas por el gobierno obligasen a efectuar los cruceros en forma más reservada).

Desde Montevideo Lecor insistía ante sus superiores en el tema de la insuficiencia de su escuadra, en procura de no dejar crecer más el poder corsario y asegurando sería el único medio para afirmar verdaderamente el poder en el Río de la Plata.

Muchos documentos, que denunciaban la multiplicación del corso, sobre todo en la costa brasileña, adjudicaban a su vez la mayor parte de culpa a la escasez -o precariedad- de medios y socorros que se enviaban desde Río para vigilar la costa del Norte.

Una comunicación del gobernador de Pernambuco al conde dos Arcos le informaba que la goleta "Velha de Dio" -destinada a custodiar la zona- estaba en clara desventaja ante las fuerzas que debía enfrentar, reclamando el envío de fragatas, únicas con el poderío suficiente para imponer orden en la navegación de esa costa. A fines de enero de 1819 se unió a la goleta citada la corbeta "Princesa Real", proponiendo el cuerpo de comercio efectuar una suscripción para comprar otras naves. Se adquirió entonces la goleta "Voluntario", a la que se agregó posteriormente el bergantín "Audaz" y, siguiendo el consejo del director de Marina de la Capitanía, se armaron varias lanchas con piezas de a 12 -capaces de operar en aguas poco profundas- para la defensa de la costa cercana al puerto.

En setiembre los informes denunciaban que las naves mayores no daban abasto para cumplir sus misiones y muchas veces sufrían duros ataques corsarios que las dejaban inactivas por períodos extensos, no cesando los reclamos por las fragatas -o al menos una fragata y un brick- para defender la costa y asistir al comercio que se encontraba prácticamente paralizado, no pudiendo zarpar ni un barco pequeño entre puertos cercanos.

Esta paralización, incluso de la navegación de cabotaje, significaba en concreto el éxito de la estrategia artiguista.

Por fin se produjo el envío de la reclamada fragata: la "Uniáo" que llegó a Recife el 14 de noviembre, comenzando de inmediato su patrullaje.

Los resultados no se hicieron esperar, el puerto se vio "más libre" de corsarios, aunque se informaba que los mismos continuaban efectuando ataques cerca de la costa de Ceará.

Al igual que en 1818, se constató una real dificultad para establecer el número y los detalles de las naves que salieron en corso con patente del Protector. Se puede asegurar que también en 1819 existió un número importante -aunque no cuantificado- de corsarios que no han podido ser individualizados, constando sólo algunos de estos buques que aportan en los registros una abundante lista de apresamientos.

Ver:

La situación rioplatense. El recurso del corso. Sus inicios

La problemática de las ventas de presas y cargas. Las cortes de Venezuela

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