Sea socio fundador de la Asociación de Amigos de Letras-Uruguay

Carta abierta al Gobierno de Costa Rica solidaridad con nuestros pueblos autóctonos

Los abajo firmantes, escritores, intelectuales y artistas costarricenses, frente a los sucesos acaecidos recientemente en la comunidad indígena de Salitre de Buenos Aires, zona sur de nuestro país, donde centenares de no indígenas, al parecer organizados como grupos paramilitares, han acometido acciones violentas y de intimidación contra los indígenas para desalojarlos de sus legítimas tierras, dejando tres heridos, planteamos lo siguiente:

Ante la constante violación de los derechos humanos básicos de nuestros pueblos autóctonos desde la llegada de los europeos a América, exigimos el respeto a la ley sobre lo que se conoce como territorios ancestrales: la Ley Indígena de 1977 y los convenios internacionales posteriores indican que los no indígenas no pueden vivir, ni poseer, ni construir casas, ni utilizar los recursos naturales de los territorios indígenas. Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre (ADI) y coordinador nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), explica que hay una gran porción de tierras indígenas con personas no indígenas, negocios, siembras y animales en evidente usurpación de tierras. La ley indígena estipula que son absolutamente nulos los traspasos de tierras entre indígenas y no indígenas; por esa razón ningún  documento suscrito entre indígenas y no indígenas es válido jurídicamente, no importa si el indígena entregó su tierra engañado o si recibió dinero u otros valores por ella.

Los tribunales de Pérez Zeledón y más recientemente el Tribunal Agrario de San José han confirmado que los derechos de los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles no solo a partir del año 1977, cuando se promulgó la ley, sino que esos derechos se extienden hasta el momento en que se crearon los territorios, es decir hasta 1954. Por esa razón, todos los que quieran alegar alguna posesión o derecho sobre esos terrenos, deberían tener un documento anterior a 1954. Además, la Ley de tierras baldías, de 1939, establecía que los terrenos baldíos son todos aquellos que no tienen dueño dentro del Estado costarricense, exceptuando los territorios que pertenecen a los pueblos indígenas que son inalienables.  Es otras palabras, nadie puede alegar derecho de posesión en el caso de los territorios indígenas.

Desde octubre del año pasado la Defensoría de los Habitantes medió en una tensa situación en Salitre y el jueves 10 de enero el defensor adjunto Luis Fallas visitó de nuevo la zona. El funcionario expresó que el último suceso se dio en un terreno que los indígenas habían recuperado el 2 de enero. Fallas calificó los hechos de violencia que se dieron días después como “de gravedad inaudita”. Detalló que uno de los tres hombres indígenas que fueron heridos, fue marcado con un fierro candente para ganado. “Es un castigo de una simbología y un mensaje con el que nadie puede estar de acuerdo”, reprochó. Según el Semanario UNIVERSIDAD (miércoles 09/07/14), tras esos incidentes varios sujetos han sido acusados penalmente, por intento de homicidio y lesiones culposas.

Recordemos que los grupos indígenas organizados fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa hace un año; ante la violenta respuesta institucional a sus peticiones decidieron no acudir más a ningún poder de la República y reconstruir su autonomía en las comunidades, de allí este proceso de afirmación territorial autónoma que busca recuperar los territorios que legalmente les pertenecen. A partir de ese momento les fue notificado a los no indígenas que viven allí o que tienen ganado, que gozaban de un plazo determinado para presentar un documento anterior al año 1954 que acreditara su derecho a la tierra. Quienes no pudieron demostrar ese derecho entonces deben irse, esas son las fincas que se están recuperando.  Los finqueros no indígenas han acudido a la Sala Constitucional y al Ministerio Público, pero todas sus reclamaciones han sido rechazadas dado que carecen de títulos de propiedad, por tanto no tienen fundamento legal.

Las personas no indígenas usurpadoras están apoyadas por comerciantes y finqueros de la zona; dentro de los finqueros hay políticos, comerciantes e inversionistas que tienen apoyo de individuos y grupos con intereses en otros territorios indígenas y que se beneficiarían si los no indígenas de allí logran quedarse con las tierras. Y como no hay ley que los apoye están tomando la ley en sus propias manos, en una actitud claramente delictiva. En el caso de Salitre, al parecer, habría abogados, políticos e incluso ex jueces que han comprado tierras ilegalmente y que estarían apoyando a los usurpadores no indígenas.

Durante el sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de julio, y aprovechando las celebraciones por los triunfos futbolísticos de la Selección Nacional, según distintas fuentes, el territorio de Salitre estuvo sitiado, con cortes de vías y piquetes en todas las entradas e inclusive no habrían dejado ingresar a la Viceministra de la Presidencia, Sra. Ana Gabriela Zúñiga, ni a la misma policía. Las familias indígenas habrían tenido que irse a las montañas porque los grupos usurpadores “blancos” marchaban libremente gritando y amenazándolos.

Por todo lo anterior exigimos que los hechos acaecidos no queden impunes y que se agilicen los procesos judiciales interpuestos por los actos de violencia contra los hermanos indígenas. Asimismo solicitamos que la nueva Ley Indígena que se encuentra en la corriente legislativa se apruebe a la mayor brevedad posible, resguardando, eso sí, la inalienabilidad imprescriptible de los territorios indígenas, y como lo establece la actual ley, e impidiendo, de manera explícita, la venta, traspaso u otro tipo de transacciones con no indígenas de esas tierras. Finalmente, pedimos que los pequeños campesinos no indígenas  que no disponen de recursos económicos sean reubicados  en otras zonas, fuera de los territorios indígenas.

San José Costa Rica 10 de julio del 2014.
                

                                                                                                                    
FIRMANTES                                                                      CÉDULA DE IDENTIDAD  

Lucía Mayela Alfaro Araya -                                                                    1-0518-0584

Adriano Corrales Arias                                                                              2 – 332 - 689

Ronald Bonilla Carvajal                                                                            1-339-1400  

Mariamalia Sotela Borrasé                                                                        1-335-886

Eugenia María Zawadzki Montes de Oca                                                  3-0259-0330

Y muchos más