sumario
1. El Uruguay hacia fines del siglo XIX y principios del Siglo XX.
2. Biografía del Dr. Antonio Grompone.
3. Obras – Pensamiento del Dr. Grompone.
4. Su Gran Obra: el Instituto de Profesores “Artigas”.
4.1. Antecedentes educativos.
4.2. Creación y Plan de
Estudios del I.P.A.
5. La Formación Docente en Uruguay.
6. Conclusiones.
7. Bibliografía
1. El Uruguay hacia fines del siglo XIX y principios del Siglo XX.
Los
gobiernos de los militares colorados Lorenzo Latorre (1876-1880), Máximo
Santos (1882-1886) y Máximo Tajes (1886-1890), asentaron el poder
central, dominaron a los caudillos rurales y tornaron difíciles los
alzamientos.
Los
medios de comunicación (telégrafo) y transportes (ferrocarril)
fortalecieron el poder montevideano. También contribuyó el afianzamiento
de la paz interna el fortalecimiento del sentimiento nacional que ya no
admitió la internacionalización de los partidos uruguayos y sus alianzas
con los federales y unitarios argentinos o los bandos brasileños.
A
los militares sucedieron los gobiernos civiles, presidencialistas y
autoritarios, de Julio Herrera y Obes (1890-1894) y Juan Idiarte Borda
(1894-1897).
Al
exclusivismo colorado y sus manipulaciones electorales respondieron las
revoluciones blancas capitaneadas por el caudillo rural Aparicio
Saravia. Su levantamiento en 1897 fue la base de un gobierno
colorado de compromiso con los blancos, el de Juan Lindolfo Cuestas
(1897-1903).
La
paz interna y el fuerte gobierno central montevideano estuvieron
vinculados a paralelas transformaciones que ocurrieron en la demografía,
la economía, la sociedad y la cultura del Uruguay.
El
Uruguay de 1830 apenas contaba con 70.000 habitantes. El de 1875 poseía
ya 450.000 y el de 1900 un millón. El factor crucial de la revolución
demográfica fue la inmigración
europea. Franceses, italianos y españoles llegaron en
varias oleadas durante el siglo XIX.
Proclives al espíritu de empresa y al ahorro se convirtieron hacia
1870-1880 en los principales propietarios rurales y urbanos. Fueron también
los iniciadores de la industria de bienes de consumo. Los inmigrantes,
hostiles por lo general a las disputas entre blancos y colorados,
exigieron la paz interna.
El
Uruguay de fines del siglo XIX tuvo así características económicas que
lo singularizaron en el contexto latinoamericano. Producía alimentos y
satisfacía otras dos necesidades básicas del hombre, su calzado, con el
cuero, y su vestimenta con la lana.
Sus
mercados externos se habían diversificado. El librecambio europeo que duró
hasta la crisis mundial de 1929, le dio a
Uruguay un lugar económico seguro y rentable en el mundo.
A
partir de 1860 comenzaron las primeras inversiones extranjeras, sobre todo
británicas. Los ingleses ya habían construido los ferrocarriles e
invertido en los servicios públicos de Montevideo: agua corriente, gas,
teléfonos, tranvías.
El
ferrocarril fue esencial para que el gobierno central pudiera controlar el
interior. Cuando en 1886 el Río Negro fue cruzado por un puente
ferroviario, el Uruguay, que siempre había estado dividido en dos
mitades, se unificó.
Todos
estos inversores, exigían la pacificación interna del Uruguay, pues las
utilidades de la empresas extranjeras y el cobro de los intereses de la
deuda del gobierno uruguayo estaban ligados a la marcha pacífica y próspera
del país.
En
1875, el crecimiento demográfico y la legislación aduanera
proteccionista ambientaron el nacimiento de la industria moderna.
Incipiente y desarrollada sólo en la provisión de bienes de consumo:
alimentos, bebidas, muebles, tejidos, cueros, generó tanto un patronato
deseoso de orden como un proletariado hostil al enganche en las filas de
los ejércitos blancos y colorados.
Ocurrieron cambios también en el orden cultural y mental. La Universidad había abierto su puertas por iniciativa del Presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, quien promovió la sanción de una Ley aprobada en 1833.
Sobre
la base de esta Ley se organizaron las cátedras en 1836. El primer
reglamento orgánico de la Universidad, del año 1849, dispuso que la
Universidad comprendería la totalidad de
la instrucción: primaria, secundaria y superior. El empuje de las
ciencias naturales y el positivismo cristalizó en 1875 en la creación de
la Facultad de Medicina que conjuntamente con la Facultad de Matemáticas,
abrieron a los jóvenes la posibilidad de encarar otra preparación además
de la de jurisprudencia. La Ley Orgánica
de 1885, proyectada por Alfredo Vásquez Acevedo introdujo modificaciones
que permitieron mayor eficiencia y ejecutividad. La juventud
universitaria, se embarcó primero en el espiritualismo ecléctico y luego
en el positivismo y el agnosticismo, cuando no el ateísmo.
En
1877, el gobierno del coronel Latorre, inspirado por José Pedro Varela,
decretó la reforma en la Enseñanza Primaria, volviéndola obligatoria y
gratuita, separándola de la Universidad y otorgándole recursos para su
desarrollo. La tasa de analfabetismo comenzó a descender. El deseo de
incrementar la actividad política de los habitantes y a la vez
prepararlos mejor para el nuevo orden económico estuvo detrás de esta
transformación.
Otro
signo de la modernidad fue la aparición de un nuevo modelo demográfico.
La natalidad comenzó a decrecer ya en 1890, la edad promedio del
matrimonio femenino ascendió de 20 a 25 años, y comenzaron a aparecer
las primeras formas de control artificial de la natalidad.
La
figura de José
Batlle y Ordoñez (1856-1929) domina políticamente los
primeros años del siglo XX. Fue electo Presidente en dos oportunidades:
1903-1907 y 1911-1915.
Electo
José
Batlle y Ordoñez en 1903, Aparicio Saravia dirigió en 1904
la última gran revuelta rural. Esta revolución es
distinta a las anteriores pues se sustenta en un programa de
reivindicaciones políticas, sobre
la mera adhesión a la tradición partidaria.
La
economía vio aparecer nuevas formas industriales que valorizaron
plenamente la producción de carnes al refrigerarlas y venderlas a Europa.
Esto tuvo consecuencias políticas pues alejó definitivamente el fantasma
de las viejas guerras civiles entre blancos y colorados ya que los
estancieros se oponían a ellas
por destruir bienes con valor de mercado.
La
intervención estatal comenzó. La gestión financiera del Estado (Banco de la República,
1896 y Banco Hipotecario,
1912), comercial (Banco de Seguros,
1911), e industrial (energía eléctrica y teléfonos,
1912, combustibles y petróleo,
1931), se constituyó en un elemento definitorio de la relación entre
sociedad civil y Estado en todo el siglo XX.
La
democracia política se afianzó con el logro del voto secreto que se
implementó por primera vez para la elección de la Convención Nacional
Constituyente de 1916. La Constitución de 1917estableció la representación
proporcional y el voto secreto.
En
lo social, el Uruguay vivió una época de legislación del trabajo,
protectora de los obreros y otros sectores populares (la ley de 8 horas
fue aprobada en 1915) y de garantías para el retiro de los trabajadores
establecidas por diferentes leyes que fundaron Cajas de Jubilaciones para
casi todos los oficios en los años 20.
Demográficamente
el país, que contaba con 1.042.000 habitantes según el Censo realizado
en 1908, apenas duplicó su población en 1930, estimada en 1.900.000. El
descenso de la tasa de mortalidad fue muy significativo y se debió sobre
todo al avance del nivel de vida de la población y a las medidas higiénicas
que el gobierno adoptó. El descenso relevante de la tasa de natalidad
convirtió al Uruguay, probablemente en el primer país de América Latina
que obviamente controlaba sus nacimientos.
La
difusión de la cultura con la expansión de Enseñanza Secundaria en el
interior del país, la fácil recepción de los modelos demográficos
europeos por una población de origen inmigratorio, la mentalidad prudente
de las dominantes clases medias, todo ello explica que en 1930 el Uruguay
tuviera de sí mismo la imagen de un país moderno, europeizado y
escasamente latinoamericano.
La
cultura y la enseñanza se habían secularizado y la influencia de la
Iglesia Católica era escasa al grado de que sin mayores repercusiones
sociales ni políticas el Estado y la Iglesia se separaron por la
Constitución de 1917.
La
ley de divorcio por causal, la primera aprobada, fue en 1907 y la mujer
obtuvo en 1913 la ley de divorcio "por su sola voluntad". En
1932 logró el derecho al sufragio.
La
crisis económica mundial iniciada en 1929 en Estados Unidos, repercutió
en el Uruguay a partir de 1930-31. El descenso del precio de las materias
primas y alimentos que el Uruguay exportaba, y las restricciones del
comercio internacional, generaron aumento de la desocupación y caída del
ingreso.
La
lucha por la distribución del mismo se acentuó entre los grupos sociales
y el reformismo social batllista fue enjuiciado duramente por ineficaz y
populista por las gremiales de estancieros y comerciantes que criticaban
el peso impositivo de un Estado que no controlaban.
El
Presidente de la República electo en 1931, Gabriel Terra,
oyó estas demandas de las clases altas y con el apoyo de algunas
fracciones de los dos partidos tradicionales dio un golpe de Estado el 31
de marzo de 1933, disolviendo el Poder Legislativo y la parte colegiada
del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Administración.
Este
golpe y el gobierno resultante, el de Terra hasta 1938, aunque represor
del movimiento obrero y los partidos de izquierda y
"progresistas", y desconocedor en muchos planos, de los derechos
individuales, demostró también la originalidad de la historia uruguaya.
El golpe había sido protagonizado por un presidente civil y dado con la
aprobación del ejército pero sin su intervención directa, había
contado con el apoyo de parte de los partidos políticos tradicionales y
además, procurado la legitimación inmediata de las urnas convocando a
elecciones ya en 1933.
La
lenta recuperación de la economía mundial, el peso en la sociedad de las
tradiciones democráticas, y el alineamiento del Uruguay con los Aliados
enemigos del nazi-fascismo en la II Guerra Mundial (1939-45),
determinaron la recuperación plena de la vida institucional democrática
con las elecciones de noviembre de 1942 en las que fue electo presidente
Juan José de Amézaga (1943-1947).
Bajo
el gobierno de Luis
Batlle Berres (1947-1951), la prosperidad económica se
consolidó por los crecientes beneficios que deparó a las exportaciones
uruguayas la guerra de Corea (1950-1953).
La
prosperidad económica y el impulso del gobierno de este segundo batllismo
consolidaron un vigoroso crecimiento de la industria de sustitución de
importaciones y el número de obreros aumentó con espectacularidad.
Otra
vez, el país de los años 50 parecía recordar al país de los años 20.
El desarrollo cultural era muy importante y el analfabetismo tendía a
desaparecer. Desde el gobierno se insistía en que el Uruguay era la Suiza
de América, tanto por la continuidad de su democracia, como por la fuerza
de su clase media y hasta por el Ejecutivo Colegiado que lo regía.
2. Biografía del Dr. Antonio Grompone.
El
Dr. Antonio Grompone (1893-1965), pertenece
a una generación segura de su país, confiada
Nació
en la ciudad de Salto en el año 1893.
Hijo
de inmigrantes, mantuvo toda su vida un gran apego a las tradiciones
italianas.
Su
carrera docente comenzó muy tempranamente. En 1913 fue Profesor de Física
y de Química en el Liceo Departamental de Salto, pero para poder iniciar
sus estudios universitarios, se debió ir a vivir a Montevideo.
En
1914 trabajó como Ayudante del Museo de Historia Natural y en 1916 fue
nombrado Jefe de Sección del Ministerio de Relaciones Exteriores; esa
Sección se convirtió luego en la Oficina de Comercio Exterior, de la que
fue Director.
También
en ese año comenzó a desempeñarse como Profesor de Filosofía en Enseñanza
Secundaria.
En
1918 finalizó sus estudios universitarios, recibiéndose de Doctor en
Derecho y Ciencias Sociales.
De
1926 a 1933 fue Profesor de Filosofía del Instituto Normal de Señoritas
y a partir de 1928, Profesor Catedrático de Filosofía del Derecho en la
Facultad de Derecho.
Durante
toda su vida ocupó diferentes cargos de dirigente de la Enseñanza: en
varios períodos fue Consejero de la Facultad de Derecho y también Decano
de ella, fue miembro del Consejo Central Universitario en varias ocasiones
y Consejero de Enseñanza Secundaria, integró múltiples comisiones
ligadas con la educación.
Paralelamente
a esas actividades, se desempeñó como asesor letrado de muchas empresas
y mantuvo su estudio privado donde ejerció su profesión.
La
obra escrita de Grompone fue abundante. Con excepción de tres de sus
libros, el resto de su producción se refiere a problemas educativos. Su
pedagogía fue social, concebida para formar profesores para el nivel
secundario.
El
Dr. Grompone poseyó una vastísima cultura, pues sus intereses no
estuvieron limitados a los de sus especialidades sino que también cubrió
áreas como literatura, bellas artes y música; una clara manifestación
de ello fue su biblioteca de casi 30.000 volúmenes.
La
creación del Instituto de Profesores "Artigas" puede
considerarse su obra mayor ya que ésta marcó una etapa trascendente en
la enseñanza en el Uruguay. El cumplimiento irregular de las
disposiciones vigentes sobre a formación de "profesores
agregados" llevó a que el 2 de julio de 1949 el Dr. Grompone elevara
al Consejo de Enseñanza Secundaria un proyecto por el cual se creaba un
Instituto de Profesores en sustitución de la ex-Sección Agregaturas.
A
partir de 1950 y hasta su muerte, acaecida en Montevideo en 1965, el Dr.
Grompone se desempeñó como Director de dicho Instituto. A él dedicó
gran parte de su tiempo y de sus preocupaciones y constituyó una obra de
la cual hablaba, aún en los momentos más difíciles, con orgullo y cariño.
3. Obras – Pensamiento del Dr. Grompone.
Sus
obras se enmarcan dentro de una posición post-positivista y pragmatista.
Tres son las fundamentales: “Filosofía de las revoluciones
sociales” (1932), “Fuerza y Derecho “(1934) y “La
Ideología de Batlle” (1938).
En
el campo de la pedagogía, encontramos las siguientes obras: “Conferencias
pedagógicas” (1927), “Problemas sociales de la Enseñanza
Secundaria” (1947), “Formación de Profesores de Enseñanza
Secundaria”(1952), “Universidad oficial y Universidad viva”
(1953) y “Pedagogía
universitaria” (1963).
Grompone
afirma que la educación deberá formar un hombre que se adecue a las
necesidades del medio social en el que está inserto. La educación no es
acopio de conocimiento, sino desarrollo de aptitudes que posibiliten la
creatividad del individuo. La educación debe apuntar tanto a la formación
intelectual del hombre como al conocimiento de la realidad en que vive. El
Estado democrático, deberá tender a que esta función de la educación
se cumpla.
Su
inclinación pragmatista y empirista se observa en la necesidad de que la pedagogía actúe como ciencia.
Dice Grompone: “ la pedagogía es ciencia y es arte de la educación”
y afirma que “la pedagogía tiene dos funciones esenciales: hacer
propias las experiencias ajenas y estudiar los problemas que ha de
resolver cada uno en su cátedra”.
La
Pedagogía debe considerar el rol de la educación en la vida del estado
democrático, como formadora de individualidades que influyen en el
destino de la sociedad. Así debe decidir que conocimientos son los más
útiles (pragmatismo).
El
proceso educativo debe centrarse en el alumno y tiene que transitar en
ambos sentidos, tanto en lo teórico y lo práctico. Critica a quienes
educan solamente en lo teórico, sin vinculación con la realidad del
educando.
En
Pedagogía Universitaria afirma: “En
este libro no se formulan recetas dogmáticas. Sólo se quiere hacer un
ensayo de exposición de una idea razonada. Lo importante es que en
pedagogía y especialmente en pedagogía de la enseñanza superior pesan
factores que no se pueden determinar solamente por acciones individuales,
porque está en juego una institución con un fin de dirección, un núcleo
de docentes, estudiantes, necesidades de espacio y material, y sobre todo
la función social que desempeña, ya sea desde el punto de vista económico
o científico.”
La
Universidad, para Grompone, es central en un proyecto de país, en un
proyecto de Estado democrático que tome para sí y para los suyos el
ejercicio pleno de la libertad, con igualdad de oportunidades en el marco
de un espíritu de solidaridad que efectivamente se derrame en cada uno de
sus habitantes. La educación debe necesariamente estar
presente en el plan de construcción de una sociedad democrática.
Grompone
considera que la enseñanza tiene un valor desde el punto de vista de la
formación humana. El conocimiento científico o intelectual tiene un
significado que procede del medio. “La enseñanza superior se
determina porque tiene como finalidad la formación especializada de los jóvenes
para la actividad científica o intelectual o la técnica fundamentada en
ella, y su caracterización se obtiene por la doble circunstancia, de ser
una formación post-secundaria y porque prepara directamente para la
actuación del hombre adulto.”
Y
atendamos al siguiente pensamiento: “La actividad especializada es
siempre una función social y está supeditada a las condiciones del
ambiente, por lo cual ya sea consciente o inconscientemente la enseñanza
está penetrada por el sentido y valor que se atribuye al hombre.”
4. Su Gran Obra: el Instituto de Profesores “Artigas”.
4.1.
Antecedentes educativos.
El Estado Moderno, al
jerarquizar la educación como factor esencial del desarrollo creó un
sistema educativo que propendiera a su desarrollo y sustentara sus bases.
En nuestro país surge
en primera instancia la Educación Primaria, que fue objeto de preocupación
tanto de la sociedad como de sus dirigentes, desde la época colonial.
En 1875, José Pedro
Varela, impulsó un proceso de reconversión nacional hacia la modernización
del país a través de la educación, teniendo como sustento los
principios rectores de gratuidad, obligatoriedad, laicidad y
universalidad. El sistema vareliano pretendió articular desde el aula
escolar un complejo y peculiar proceso de integración social y de
construcción de ciudadanía. En este sentido señalaba “La extensión
del sufragio a todos los ciudadanos, exige como consecuencia forzosa, la
educación difundida a todos (…) las grandes necesidades de la
democracia, todas las exigencias de la república, solo tienen un medio
posible de realización: educar, educar, siempre educar.”
Este
modelo fundacional, concibió desde su origen al docente como actor
central y pieza clave en el proceso de alfabetización, de creación de
ciudadanía y de construcción de una identidad nacional. A Jacobo Varela
se le debe la fundación del Internato Normal de Señoritas, inaugurado en
1882, cuya dirección se le confió a María Stagnero de Munar. Su
edificio propio se inauguró en 1886. El Instituto Normal de
Varones se inaugura en 1891, bajo la dirección del maestro Joaquín
Ramón Sánchez. En 1900 se elimina el régimen de internado y pasan a
denominarse “Institutos Normales”. En 1936, cuando ya cada uno de los
Institutos Normales llevaban el nombre de sus directores fundadores, se
unifican en uno solo: “Institutos Normales Ma. S. de Munar y Joaquín R.
Sánchez”, denominación que aún mantienen.
Este camino permitió
al Uruguay, finalizado los años treinta, contar con la totalidad del
plantel de docentes de Educación Primaria profesionalizado y titulado,
hecho que constituyó una singularidad en América Latina.
El problema de la
modernización de la educación secundaria es encarado por Francisco
Antonio Berra, vinculado al Ateneo, (centro cultural de la época) , quien
manifestaba: “Hemos tenido hasta ahora programas defectuosos, estamos
acostumbrados a enseñar sin método y carecemos de profesores que reúnan
al saber de la materia la aptitud del maestro y exijo que no se presenten
al Ateneo, profesores que no tengan esa doble competencia”.
A Alfredo Vasquez Acevedo se le debe la reforma de la
Universidad (1885) . Modernizó su equipamiento, varió sustancialmente la
metodología pedagógica, reformó los planes de enseñanza secundaria.En
1912 se crean los Liceos Departamentales y la Sección Femeninna de enseñanza
secundaria. En 1935 Enseñanza
Secundaria se convirtió en ente autónomo. Se modifica el plan de
estudios: cinco años comunes y uno de preparatorio. En 1941 sufre el plan
otra modificación, variando a cuatro y dos años respectivamente..
La formación específica
de profesores de enseñanza media fue mucho más tardía. La ley Nº 1.825
de 14 de julio de 1885 establecía como atributo del Consejo Universitario
proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento de los catedráticos. La ley Nº
2.078 de 1889 imponía la obligatoriedad del concurso para llenar las
vacantes, salvo en el caso de espectabilidad notoria. Con estas dos
disposiciones se efectuaron las designaciones de profesores de Preparatorios.
En el Reglamento de
1890, aprobado por el Consejo Universitario, se atribuía el desempeño de
la Enseñanza Secundaria a los catedráticos titulares y sustitutos,
quienes debían tener título de Bachiller. Los segundos estaban
destinados a suplir las
faltas del titular por licencias. En el Reglamento de sustitutos de 1905
se disponía la elección directa de los mismos por el Consejo
Universitario. Se imponía como obligación dirigir la clase seis veces al
año, por lo menos, de acuerdo con las instrucciones del profesor titular,
quien debía además informar sobre el desempeño del sustituto.
El Reglamento de 1915,
aprobado por el poder Ejecutivo, mantenía las mismas exigencias en cuanto
a títulos y méritos. El nombramiento se efectuaba por mayoría de los
miembros del Consejo presentes. El sustituto debía dictar tres lecciones
en presencia del profesor titular, en la fecha y con el tema que éste
indicase.
En 1926 el Consejo de
Enseñanza Secundaria creó un curso de Pedagogía cuya finalidad era el
perfeccionamiento del personal docente y la formación de profesores de
enseñanza media. Este curso funcionó hasta 1927.
Con el Reglamento de
1939 se inicia otra etapa. Se reemplaza la denominación de “profesores
sustitutos” por la de “profesores agregados” y se establecen las
bases para la formación pedagógica, especialización y práctica
docente. Se imponía la asistencia a Cursos de Pedagogía durante dos años,
cursos de preparación de la asignatura en que se especializarían y
realización de práctica docente. Se exigía al profesor agregado el título
de bachiller o de maestro.
El Consejo Nacional de
Enseñanza Secundaria, creado el 11 de diciembre de 1935, decidió aplicar
de esta reglamentación lo que se refería a práctica docente. Se proyectó
la creación del Instituto Normal de Profesores con un criterio que
comprendía práctica docente, disciplina de especialización y pedagogía.
La ley Nª 9.691 de
1937 establecía la creación del Instituto Nacional de Profesores, pero
por problemas presupuestales no pudo ser ejecutada y fue derogada al poco
tiempo.
El Reglamento de 1941,
similar al de 1934, cambiaba las exigencias de promedio a “Muy bueno”
para ingresar como profesor agregado.
Los reglamentos de 1944
y 1945 establecían como
condiciones ser maestro o bachiller y las mismas respecto del promedio de
calificaciones o rendir una prueba de ingreso en la asignatura elegida.
Los profesores de Idiomas Modernos, Dibujo, Canto
Coral y Cultura Musical debían acreditar cultura general. La
formación de profesor se hacía mediante una preparación técnico pedagógica
con cursos y seminarios de Ciencias de la Educación durante dos años,
cursos de especialización en la asignatura elegida y práctica docente.
El número de inscriptos fue alto y de ellos muchos obtuvieron el título
de Profesor Agregado, que fue considerado por el Consejo de Enseñanza
Secundaria para la designación de cargos vacantes. No obstante en algunos
casos las designaciones se efectuaban al margen de la reglamentación.
El aumento de estudiantes, profesores y
establecimientos liceales de 1935 a 1944 es notorio. De 5844 alumnos en
Liceos de Montevideo y 5499 en los del Interior se pasa a 9487 y 8043
respectivamente. En 1935 se inscriben en total 17.447 y en 1949 se
inscriben 21.747 alumnos entre Montevideo y el Interior. La
creciente expansión de los estudiantes de Secundaria hizo necesario
pensar no sólo en aumentar la cantidad de profesores sino en formarlos de
manera sistemática.
4.2.
Creación y Plan de
Estudios del I.P.A.
En
1949, la Ley
Nº 11.285, del 2 de julio de 1949, en su artículo 49, establece: “Créase
en sustitución de la actual Sección Agregaturas, el Instituto de
Profesores de Enseñanza Secundaria, cuya organización y funcionamiento
reglamentará el Consejo respectivo, dentro de los tres meses siguientes a
la publicación de la presente ley.”
El
Instituto de Profesores empezó
a funcionar dos años más tarde bajo el impulso del Dr. Antonio Grompone,
quien es designado como su primer director. La Ley 11.473 de 1950, qen su
artículo 64, establece que el Instituto de Profesores pase a llamarse
“Artigas”. Dicha ley se refería a un cúmulo de disposiciones de
homenaje por el centenario de la muerte de Artigas.
El
Instituto de Profesores, dice Antonio Grompone, en el libro Formación de
Profesores de Enseñanza Secundaria (1952), tiene tres finalidades: “la
formación de profesores, el mejoramiento del cuerpo docente actual y una
tarea de investigación educativa en torno al problema social de
organización y finalidad de la enseñanza media, mediante el estudio de
la realidad”.
La
formación de profesores se orienta en torno a tres direcciones: la práctica
docente, la especialización en la asignatura elegida y la preparación en
materia pedagógica.
El
Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto de Profesores
de Enseñanza Secundaria, en su capítulo I, indica los cometidos
fundamentales:
a. La
formación técnica y pedagógica del personal docente de Enseñanza
Secundaria.
b. La
expedición de diplomas de Profesor de Enseñanza Secundaria en las
distintas especialidades.
c. El
mejoramiento del personal docente, por la realización de cursos y
seminarios de perfeccionamiento técnico u extensión cultural pedagógica
d. La
realización de investigaciones relacionadas con la enseñanza media y su
coordinación con las demás ramas de la enseñanza.
e. La
publicidad de estudios e investigaciones.
El
capítulo II, establece la constitución y organización de las
autoridades. Indica que estará a cargo de un Director que actuará con
una Comisión Asesora, integrada por seis miembros: dos Profesores de Enseñanza
Secundaria, dos Profesores del Instituto, un delegado de los egresados y
otro de los alumnos. La misma estará presidida por el Director.
El
capítulo III establece las condiciones de ingreso:
a. Tener
18 años cumplidos y no más de 40.
b. Ser
ciudadano natural o legal.
c. Poseer
título universitario, diploma de maestro o certificado de estudio que
acredite la aprobación de los dos ciclos de Enseñanza Secundaria. Los
aspirantes a Cultura Musical, Dibujo o Idiomas Modernos pueden ingresar
con primer ciclo de Secundaria, pero deberán rendir un examen que
acredite cultura general.
d. Aprobar
el examen de ingreso al Instituto.
e. Tener
aptitud física.
El
capítulo IV establece el Plan de estudios y la organización de los
cursos, abarcando tres años y comprende asignaturas técnico pedagógicas,
cursos de especialización y práctica docente que integran un todo armónico
que ha sido pensado con vistas a un medio social y educacional determinado
y teniendo como finalidad la
formación de profesores adaptada al medio educacional y social, con
capacidad para aprender por sus propios medios.
El
plan de estudios que diseña para el I.P.A. insiste en todo lo que refiere
a problemas vivos, de interés actual y también que el profesor cumpla
una actividad directa, tanto para que se forme una personalidad propia,
desterrando el verbalismo que lo coloca en la posición de revelador de
verdades. Se trata de que sean profesores activos en el ambiente que van a
actuar. Por ello afirma que: “no es un plan ideal para un medio
ideal, sino un ajuste de realidades”.
Dicho
plan, se desarrolla con una estructura de asignaturas coordinadas, que
corresponden tanto a las que deben enseñarse, como a comprender el
alcance de la misma dentro de l campo del conocimiento científico.
“El
Instituto, debe dar, la conciencia del método científico, para que el
profesor formado en él, sea capaz de hacerla surgir en sus futuros
alumnos”.
5. La Formación Docente en Uruguay.
Promediado los años sesenta, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) se instaló en el seno del Estado. Este equipo integrado por expertos y técnicos destacados, pusieron en la agenda las dos realidades docentes del Uruguay.
Por una parte, el
Magisterio profesionalizado, por otra la Enseñanza Secundaria en la cual
los docentes titulados apenas alcanzaban en 1964 al 11.6% del total de
docentes que impartían clases en este nivel. Las propuestas realizadas
destinadas a resolver esta debilidad para una matrícula secundaria
creciente, se vieron truncadas en principio por la inoperancia de las
edites políticas, y más tarde por el gobierno militar que se instaló en
el país en los comienzos de la década del setenta.
El modelo fundacional
del IPA cuando el Dr. Antonio Miguel Grompone lo diseñó e instrumentó
sobre finales de la década de los cuarenta, respondió a las
circunstancias históricas y coyunturales de entonces. Fue un modelo
selectivo, cuya aspiración era formar un gran cuerpo de élite. En las
primeras generaciones se admitían tan solo 10 alumnos por curso, que eran
elegidos luego de un riguroso examen de ingreso.
Mientras el acceso a
Educación Secundaria comenzó a crecer y masificarse, el modelo original
del I.P.A. continuó vigente, y la cantidad de profesores no alcanzaba
siquiera para ocupar las vacantes existentes.
El gobierno militar
tuvo una actitud punitiva hacia toda la enseñanza, por considerar que
jugaba un rol importante en la confrontación socio-política del Uruguay
de la crisis. El I.P.A. no estuvo ajeno. La dictadura se instaló también
en las aulas proscribiendo docentes por razones políticas.
Hasta
1976 se ingresaba al IPA por medio de un riguroso examen de
ingreso y con un cupo para cada especialidad, situación que contrastaba
con el libre ingreso a la Universidad.
El
Plan de 1977, que unificó la
formación de la formación docente bajo una única autoridad: la Inspección
General Docente del CONAE, perjudicó
mucho a la institución formando a profesores
y maestros en un plan de tres años que no llegaba a los requisitos
mínimos para ser considerado un grado académico, ni en número de horas,
ni en la formación de los propios docentes del Instituto ya que muchos de
sus docentes a partir del año 1972 debieron exiliarse o bien fueron
destituidos por el régimen dictatorial de las décadas del setenta y
ochenta.
Esto
produjo el inicio de un IPA que en lugar de formar en la excelencia lo hacía
para el mero mercado educacional secundario. Comienza así un proceso de
decadencia. Asimismo, en 1977, se implementa la modalidad semi-libre,
mediante la cual se cursaban las asignaturas generales en los Institutos
de Formación Docente de Interior ( nueva denominación para los
Institutos Normales) y se rendían exámenes libres de las asignaturas
específicas en el I.P.A.. Dicha medida tuvo como
objetivo de descentralizar la formación docente de la capital y
lograr un debilitamiento institucional del modelo histórico del IPA.
Con el advenimiento de la democracia en 1985, la educación
paulatinamente fue recuperando el terreno perdido durante la dictadura. En
1986 se aprueba el actual plan donde se retoma la estructura de 4 años de
duración y de 3 cursos de didácticas especiales. Se mantiene la
modalidad de “semi-libres” en los IFD del interior para la carrera de
profesorado.
Sin embargo, recién
en la campaña electoral previa a las elecciones nacionales de 1994, la
Educación ocupó los primeros planos de la agenda política de todos los
partidos.
En 1995 se instaló en
el país un profundo proceso de reforma de la educación que planteó como
uno de los pilares de su propuesta la profesionalización y dignificación
de la formación y la función docente. Se instrumentaron varias acciones
tendientes a mejorar la calidad de los docentes en ejercicio, mejorar la
oferta de su formación en procura de cubrir las necesidades.
Una de las primeras
medidas de las autoridades educativas, fue la realización de un censo de
docentes de enseñanza media realizado entre los meses de octubre y
noviembre de 1995.
Los resultados de este
relevamiento, ilustraron los proféticos anuncios de la CIDE de los años
sesenta En todo el país menos de uno de cada tres docentes de educación
media poseía título de profesor (30.6%), menos de la mitad en Montevideo
(44.4%) y apenas uno de cada cinco en el Interior del país (19.6%). Y
además estaban concentrados en el área humanística.
Posteriormente,
un estudio realizado por MESyFOD (Mejoramiento de la Enseñanza Secundaria
y Formación Docente), permitió observar que el 64% de alumnos que
ingresaron en el I.P.A. en 1996 ya no estaban en la institución dos años
más tarde. Este estudio evidenció que solamente 1 de cada 7 ingresados
en 1996, cursaron en 1999 al menos una materia correspondiente al cuarto y
último año de la carrera docente.
En
1996 se creó el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
(CECAP), con el objetivo de actualizar a los docentes de todos los niveles
de la A.N.E.P. En dicho centro se llevaron a cabo los cursos para
profesores de Educación Secundaria en actividad, con el fin de
capacitarlos en la enseñanza “por áreas”. (Reforma “Rama”:
Experiencia Piloto 1996).
También se crearon los Centros Regionales de Profesores (CERP’s), cuyo propósito era potenciar el desarrollo y actualizar profesionalmente a los docentes, que a partir de entonces pasarían a dictar clases bajo una nueva modalidad curricular conocida como experiencia piloto 1996, tendiente a la formación de profesores medios por áreas. Los primeros CERP’s fueron creados en el año 1997, con el propósito de remediar los principales problemas a los cuales se enfrentaba la enseñanza media: la alta tasa de abandono de los estudiantes de profesorado que concurrían a los centros de formación docente y el bajo índice de egresos de estos centros.
Actualmente existen seis centros regionales
distribuidos geográficamente en el litoral, norte, este, oeste, centro y
sur del país, con sede en las ciudades de Salto, Rivera, Maldonado,
Colonia, Atlántida y Florida. Estos centros han ampliado la formación de profesores de
enseñanza media al resto del país, pero son criticados por descuidar la
calidad formativa de la carrera docente.
Se
eliminó el Instituto Magisterial Superior (I.M.S.) donde se realizaban
cursos de posgrado (perfeccionamiento y especializaciones) para los
docentes de magisterio y profesorado.
La introducción y
difusión de las nuevas tecnologías de información se presentan como un
instrumento adecuado para la ausencia de profesores titulados en educación
media en el interior del país. Así
se crea en el año 2002 la modalidad Semipresencial,
para la Formación de Profesores. En dicha modalidad se cursan las
asignaturas del tronco común en los Institutos de Formación Docente del
interior y las específicas de la especialidad, mediante la modalidad a
distancia con cursos tutoreados. Este régimen no alcanza a todas las
especialidades.
6. Conclusiones.
En
la construcción de la democracia la educación es elemento indispensable
para la formación de una ciudadanía que participe en forma libre,
racional y responsable en el desarrollo de los procesos democráticos.
El
reconocimiento de la dignidad humana, la libertad, la igualdad de
derechos, la justicia económica y social, el respeto a la ley, la
tolerancia de la diversidad, la solidaridad, la responsabilidad personal y
la cívica, son valores de la cultura democrática producto del
aprendizaje social. La permanencia de estos valores depende de que sean
enseñados, aprendidos y practicados. Así, los mismos se convierten en
pautas de conducta que propician una mayor práctica y demanda de
democracia.
La
educación es la vida presente y es parte de la experiencia humana, es un
proceso donde educadores y educandos, alcanzan un nivel de conciencia
sobre la realidad a fin de actuar sobre ella, en un sentido de
transformación social.
Cuando en 1949 el Dr.
Grompone fundó el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo, concibió
“un centro de enseñanza superior”, donde se formen
docentes con “aptitud para estudiar, realizar, dirigirse a si
mismos,...., con autonomía mental, con aptitud para ser independiente y
actuar con eficacia”. No podemos perder el espíritu que Grompone le
asignó a la formación de profesores.
En la actualidad en el marco de un nuevo proceso político
nacional, no podemos dejar de
reflexionar acerca del rol de los educadores como generadores de procesos
de cambio. El modelo educativo sobre el cual se delinee la nueva Ley de
Educación, influirá en las concepciones que los hombres y mujeres de este país
adopten como ser individual y social.
La formación docente constituye
una pieza clave del engranaje del sistema educativo. No debe perder el
impulso hacia la profesionalización y la dignificación. Debemos postular
la modernización de instituciones de Formación Docente, adoptar
paulatinamente instrumentos que permitan
establecer un sistema adecuado de gestión y uniformizar los planes
y programas para el profesorado nacional.
Asimismo debemos
bregar por el incremento del presupuesto asignado a la educación. Asociar
rendimientos y resultados educativos a mejoras salariales aparece como una
estrategia pertinente y de racionalización de los recursos disponibles.
La
tarea del docente tiene tras de sí condicionantes socio políticas que
configuran diferentes concepciones del hombre y de la sociedad y
consecuentemente diferentes posiciones sobre el papel de la educación y
de los procesos educativos.
La
valorización de las Instituciones Educativas como instrumentos
generadores de saber, es el mejor servicio que puede prestárseles, pues
ellas son las encargadas de contribuir a la eliminación de la
selectividad social y de lograr la democratización de la sociedad. Por
lo tanto actuar en las instituciones educativas implica actuar
hacia la transformación social, generando igualdad de oportunidades y
trasmitiendo los valores que sustentan la democracia.
Los contenidos educativos deben conectarse con su
significación humana y social. dice Grompone “Nada que no vuelva, con
sus frutos a lo social, tiene sentido. Al menos no tiene sentido humano,
republicano, ciudadano ni de responsabilidad colectiva.” La educación
no se contentará entonces, con satisfacer necesidades y carencias, sino
con despertar otras necesidades, disciplinar métodos de estudio, exigir
el esfuerzo del alumno, a fin de movilizarlo hacia una participación
organizada y activa en la democratización de la sociedad.
La Educación es un derecho humano fundamental
que debe ser objeto de una política de Estado. Es preciso
que la nueva Ley de Educación contribuya a diseñar, desde lo jurídico,
un Sistema Nacional de Educación, único e integral.
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Profesores de Enseñanza Secundaria. Instituto de Profesores
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