Todos podemos reclamar nuestro legítimo derecho a estar indignados, doloridos o sensibilizados por lo que está pasando, decía, palabras más, palabras menos, el sociólogo Gustavo Leal para explicar su apoyo a la convocatoria a manifestar contra la inseguridad.

Según lo que el propio Leal dijo en el programa En perspectiva de El Espectador al periodista Emiliano Cotelo, la convocatoria iba dirigida a todas las personas cansadas de la violencia e indignadas por lo que había sucedido el fin de semana (es decir, por el asesinato, durante un asalto, de un trabajador de La Pasiva), y "nadie en el Uruguay podría estar en contra" de algo así.

Podemos suponer que lo que Leal quiso decir es que nadie podría estar en contra de estar indignado por un asesinato como ese, así como nadie podría estar en contra de que la gente esté cansada de la violencia. Sin embargo me atrevería a decir que mucha gente podría estar en contra de reclamar frente a la sede del Gobierno porque un asaltante asesinó a alguien a quemarropa. No porque el hecho no sea trágico e indignante, sino porque tramitar el dolor y la indignación por un delito armando una concentración frente a la Presidencia es no entender nada, y sobre todo, es no querer entender nada. Es preferir el sentimiento doloroso o indignado a la voluntad de comprensión y de sentido.

No seré la primera que lo diga (de hecho, en estos días varios periodistas lo han observado): un asesinato cometido en el marco de una rapiña no es algo que pueda ser tomado como la medida del éxito o el fracaso de una política pública. Es trágico, horrible, irreparable, pero es lo que es: un delito, una acción no solo reprobable, sino prevista por las leyes, que determinan con claridad las medidas que hay que tomar ante su ocurrencia. Pensar que las políticas de prevención del delito pueden evitar que un ladrón nervioso o violento mate a alguien es tan superficial como necio. Es obvio que una acción concreta puede evitar otra acción concreta (que un policía puede evitar que el ladrón dispare, desarmándolo velozmente, por ejemplo), pero nunca será posible asegurar tantas acciones concretas por parte de las fuerzas de seguridad como para prevenir o evitar todas las potenciales acciones violentas de los malhechores. No se puede, y reclamar eso es oportunista, o infantil, o las dos cosas.

Los manifestantes arremetieron contra el PIT-CNT haciendo notar que el que murió en La Pasiva era un trabajador, como si la muerte hubiera sido menos atroz si se hubiera tratado de un cliente, o de un estudiante, o un desocupado, o del dueño del local.

No se les ocurrió, a los manifestantes, pensar que un asaltante armado no anda preguntando a qué se dedica el que está en la línea de tiro. Sencillamente dispara,  porque está asustado, o porque le gusta, o porque su prestigio dentro del ambiente delictivo va a crecer con ese acto. Dispara, porque matar no le parece mal. Dispara porque la vida y la muerte no son sagradas para él. Dispara porque matar es un avatar más en su camino de supervivencia pura, sin trascendencia y sin símbolo. Dispara porque una muerte es algo que se contabiliza a favor (en prestigio, en destreza, en coraje) o en contra (en años de cárcel si lo atrapan, en eventuales represalias).

Y si la muerte es cuantificable es porque no ha sido incorporada al universo simbólico.

Por eso, pensar en que se puede atender el problema de la violencia aumentando las penas o instalando policías que pidan documentos es de una ingenuidad infantil y oportunista que solo se explica por la histeria generalizada a la que estamos sometidos.

Y que alguien piense que una manifestación de dolor e indignación ante la sede del Gobierno es una acción política que hay que recuperar para la izquierda es, sencillamente, inexplicable.

Nuestra sociedad asiste cada día a un aumento de la violencia que no debería ejemplificarse en los delitos contra la propiedad, sino más bien en la violencia cometida contra las mujeres un día sí y el otro también. Y quiero dejar muy claro esto: cuando digo violencia contra las mujeres incluyo, sin ninguna distinción, a las mujeres trans (o travestis, porque francamente no creo que el estado de sus genitales tenga la menor importancia en este asunto) que fueron asesinadas recientemente y cuyas muertes pasaron por la prensa como notas de color en un paisaje sórdido.

Pero claro, las muertes de mujeres siempre parecen estar vinculadas a alguna culpa original, a algún motivo inherente a su naturaleza, y por lo tanto no producen ese horror histérico que produce un asesino que mata al barrer, tanto como un terrorista o como la bacteria mutante.

Es interesante cómo bajaron los decibeles en torno a la aparición de una mujer decapitada días atrás: lo que en principio se atribuyó a un ajuste de cuentas en el marco de una intensa actividad delictiva terminó siendo apenas otra muerte de una mujer a manos de su pareja. Es tranquilizador, realmente, saber que todavía no estamos ante cárteles de la droga haciendo estragos semejantes a los de México. Felizmente se trataba sólo de otro hombre que mató a su mujer (aunque el hecho de que ambos estuvieran vinculados a la venta de drogas le dio color al asunto: ella fue asesinada "por su amante" en un "crimen pasional").

Gustavo Leal observa que el Frente Amplio y la izquierda "no han tenido históricamente un planteo, una reflexión sobre los temas de seguridad en profundidad". Y tal vez sea porque "la seguridad" es de por sí un recorte hecho por la derecha. Es lógico que así sea, porque está vinculada directamente al temor a perder la propiedad, con el agravante de que se puede, además, perder la vida. Y la izquierda puede exhibir un amplio abanico de opiniones en relación a los más diversos temas, pero la defensa de la propiedad mediante el empleo de la fuerza pública no es ni debe ser uno de sus asuntos políticos, aunque sea, de hecho, un asunto de Gobierno.

Lo que sí debe ser asunto político es la violencia. La expulsión de miles de personas del universo simbólico y su caída irreversible en el mundo desnudo de los intercambios y lo cuantificable, debe ser un asunto político. Pero no se puede pensar la inexorable caída de toda una sociedad en lo asimbólico sin poner en juego en la reflexión cuestiones como el estímulo al consumo desenfrenado (el asesino del trabajador de La Pasiva gastó el botín en ropa de marca, y no en drogas como hubieran querido los paladines de la seguridad) y el recrudecimiento de los discursos del honor, los códigos, el coraje y la disciplina. Y esos sí son asuntos políticos.

Es falso decir que quienes critican el discurso de la seguridad están tratando de justificar al delincuente. Lo que la crítica de la seguridad confronta es la relación entre la pérdida de la dimensión trascendente o simbólica (la dimensión política) y el avance de la legitimación del mercado como único escenario de lo social, y de "los códigos" como única herramienta de interacción en ese escenario.

Ahora llega un mensaje tranquilizador por parte del Gobierno: vuelven los cacheos y el pedido de documentos, con la peculiaridad de que no se harán tomando en cuenta el aspecto de los posibles indagados, porque no se quiere estigmatizar a nadie. Quiere decir que los policías detendrán indistintamente a una abuela que va con sus nietos, a un obrero que está por subir a un andamio o a un estudiante en bicicleta. Una decisión muy democrática que juega a ignorar la experiencia de los agentes policiales para detectar a un sospechoso. Como si los abusos que se han cometido en nombre de esa experiencia pudieran desaparecer porque la orden que llega de arriba indica que no hay que detener selectivamente, sino al barrer, a todo el que pase "por un punto".

Difícil que alguien pueda creer que semejante sistema va a evitar alguna muerte. Pero una cosa es segura: habrá una medida inútil más por la que podrá ser interpelado el Ministro, o removido el jerarca a cargo, o insultado y agredido todo el elenco de Gobierno por parte de una masa enardecida de ciudadanos sensibles.