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Este
texto, quizás lo penúltimo que escribió
en 1917 José Enrique Rodó, pese a su publicación
en 1951, ha permanecido casi ignorado.
No
ha sido comentado y no se ha valorado su
interés histórico, su importancia como
precedente y su significación para el
conocimiento del pensamiento político de
Rodó.
Es
preciso leer hoy este texto con especial
atención. A 130 años del 20 de setiembre de
1870 –del fin de la soberanía territorial
del Papado sobre los Estados Pontificios, de
Roma como Capital del Reino de Italia,
hechos ocurridos bajo el Pontificado de Pío
IX y resuelta, luego del Tratado de Letrán
de 1929, bajo el Pontificado de Pío XI, la
"cuestión romana"–, es
necesario conocer y valorar este texto
rodoniano.
Fue
escrito cuando "la cuestión
romana" aún estaba vigente, en plena
Guerra Mundial
(1914-1918), cuando el Papa era Benedicto XV
–había sucedido a Pío IX, León
XIII y Pío X– y cuando la continuidad del
conflicto entre Italia y la Santa Sede proyectaba
sus efectos negativos, tanto interna como
internacionalmente.
Rodó
aparece en este artículo suyo como
contrario a la permanencia de la soberanía territorial
del Papado sobre los Estados Pontificios,
como alguien que veía con simpatía
la ley italiana de garantías del 13 de
marzo de 1871 sancionada generosamente
por el Reino de Italia, pero rechazada por
todos los papas que reinaron desde
ese año hasta 1917 en que Rodó escribía,
y condenada por la Encíclica "Ubi Nos"
del 15 de mayo de 1871.
Rodó
veía en la internalización, bajo el
Derecho Internacional, de los criterios y garantías
de la ley italiana, una forma de resolver la
cuestión romana, asegurando así la
independencia espiritual y religiosa de la
Santa Sede y garantizándole la inmunidad del
Pontificado y su autonomía financiera.
No
fue esta la fórmula seguida por el Tratado
de Letrán. Pero algo de las ideas de Rodó
germinó entre 1917 y 1929, para que fuera
posible encontrar en un tratado bilateral
entre la Santa Sede e Italia y, con la
creación del Estado "sui generis"
de la Ciudad
del Vaticano y por ende con la
internalización jurídica del asunto, el
fin y la solución
de una cuestión, verdadera controversia,
que a nadie beneficiaba y a todos perjudicaba.
El
artículo de Rodó es muy útil para mostrar
su ideología política, su sano y racional
liberalismo, con el que yo no puedo ocultar
mi coincidencia, su admiración por
"el gran Cavour" y por "la
Italia nueva" y su laicismo tolerante y
comprensivo, como
el que en 1918 resultaría de la
Constitución uruguaya, laicismo nunca militantemente
antirreligioso, compatible con una religión
centrada en lo espiritual, que
no necesitaba ni necesita de una amplia base
territorial ni de extensos espacios soberanos
–y que requiere– solo el mínimo
territorial indispensable para el desarrollo
pleno
de su misión religiosa y espiritual.
1.
El 14 del mismo mes de abril comenzó a
escribir otro artículo titulado "Palermo",
y lo continuó los días 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21. Como se advierte, el trabajo
de redacción era lento y duro; por eso, al
anotar la conclusión de los artículos agregaba
estas siglas (B.S.D.) "bendito sea
Dios", que era como un suspiro de
alivio. El
"Itinerario" se detiene el 22 de
abril, y no consigna que el artículo
"Palermo" haya sido
terminado y enviado a su destino. Otros
apuntes de Rodó revelan que los días 23 y
24, aunque acosado por la fatiga y las
taquicardias, que de tiempo atrás combatía
con
dosis diarias de digital, permanecía aún
en pie. La última anotación corresponde al
día 25 de abril. Desde ese día debió
guardar cama. El 1 de mayo de 1917, es decir
cinco
días después, falleció el ilustre
escritor.
¿Renunciará
Benedicto XV al poder temporal?
Actual
aspecto de la cuestión romana
A
mi paso por Roma, tuve frecuente ocasión de
recoger pareceres e impresiones sobre
un problema que, aunque aparentemente
apartado de los afanes del momento, no
ha perdido su interés esencial, ni ha
dejado de constituir una de las más
importantes relaciones
del porvenir político italiano. Me refiero
a la situación del Pontífice católico, con
sus aspiraciones, hasta hoy no renunciadas,
al poder temporal, frente al Estado que
ha instituido su soberanía y su unidad
allí donde se asentó, por espacio de diez siglos,
aquel poder.
¿Hasta
qué punto y en qué sentido existe todavía
una cuestión romana? Y ¿cuál puede
ser la solución que le prepara el tiempo?
Cabe suponer que, entre las infinitas ulterioridades
del nuevo orden internacional que ha de
sobrevenir a la guerra, se cuente
la inmediata desaparición de aquel
conflicto, que ya nos parece una anacrónica
monstruosidad.
Pero él no podrá menos de considerarse
subsistente mientras el Pontificado
mantenga, aunque sólo sea de modo tácito y
pasivo, la reivindicación de su
poder civil. Esta reivindicación tendrá
moralmente la fuerza de una autoridad a la que
gravitan aún millones de conciencias
humanas; y por lo que toca a la Italia
misma, tendrá
la importancia de alentar una permanente
causa de escisión entre la conciencia religiosa
y la conciencia nacional de cierta parte de
su pueblo.
Es,
pues, condición indispensable para una
verdadera solución de este problema, la
franca renuncia del Pontificado a toda
aspiración de dominio temporal y el reconocimiento
expreso, por su parte, de la soberanía
italiana sobre Roma. ¿Puede esto
esperarse como probable conclusión de la
política del Vaticano; y más concretamente,
puede esperárselo de la inspiración
personal del Pontífice que tiene hoy
el gobierno de la Iglesia?
Para
satisfacer estas preguntas, debe partirse
del hecho inconmovible y de la idea casi
indiscutida que ha llegado a representar,
después de medio siglo de triunfante prueba,
la nacionalidad italiana con su capital,
Roma. La fundación de la Italia libre y una,
contra la corriente, no sólo de intereses y
egoísmos domésticos, sino también de tradiciones
y sentimientos de fuerza universal, como los
vinculados al poder político de
la Iglesia, es de los esfuerzos más
audaces, más arduos y más gloriosos de que
haya ejemplo
en la historia. Los hombres de 1870
consumaron su reivindicación de Roma para
Italia, con indomable fe y con soberana
energía; pero la magnitud de las
dificultades que
de todas partes rodeaban la consolidación
de su obra era tan clara, que toda aquella fe
no pudo evitar que, al entrar en Roma, lo
hicieran –según acertadamente se ha dicho–
con "cierto sentimiento de
provisioridad". Sabían que esta
ocupación había de ser
el definitivo resultado histórico, pero
temían que ella padeciera eclipses y
reacciones; y
el mundo, que había visto aparecer la
Italia nueva a favor de un momento caótico
y convulso
de la historia de Europa, esperó que el
tiempo resolviese si la secularización de
la Roma pontificia no era sólo un accidente
de aquella anormalidad.
Mientras
esta expectativa tuvo alguna razón de
prolongarse y mientras aquel temor halló
cierta cabida en el espíritu de los
liberales italianos, la protesta del
Pontificado pudo
tender resueltamente al rescate de la
perdida potestad secular. Se recordaba que no
era la primera vez que el Pontífice romano
había sido privado de su autoridad política,
se evocaban el largo destierro de Pío VII,
despojado por Napoleón; la vuelta de
Pío IX, tras la efímera república del 49;
y se esperaba la nueva reacción libertadora
del
cautivo jefe de la Iglesia. El pontificado
del último Papa-rey terminó en medio de ese
espíritu de esperanzas mesiánicas. Pero
entretanto Italia, por su propia virtud y por
la obra de sus estadistas, fortalecía su
ser de nación, consolidaba su situación internacional;
y como consecuencia de esta sanción del
éxito, se vigorizaba y se imponía con
avasallador empuje, aun a las clases más
divorciadas de los orígenes del movimiento de
unidad, el sentimiento de la patria
italiana. La superior inteligencia de León
XIII, que
vio realizarse esa incontrastable
evolución, supo adaptar a ella la nueva
política del
Pontificado. León XIII, reaccionando contra
la anterior famosa consigna clerical: "Ni
elegidos, ni electores", autorizó la
intervención de los partidarios de la
Iglesia en las
luchas legales de la monarquía; puso así
el primer antecedente en el camino de una conciliación,
y desde entonces una considerable parte de
las fuerzas católicas, no sólo participan
de la actividad parlamentaria, sino que
suelen contribuir, en las mismas funciones
del gobierno, al régimen nacido de la
Revolución liberal. En la actualidad desempeña
el ministerio de Hacienda, en el gabinete
que preside Roselli, el "leader" de
ese oportunismo católico. Y el estallido de
la guerra en que hoy está comprometido este
pueblo vino a poner finalmente a prueba la
solidez de la unidad patriótica italiana. Pudo
sospecharse, por quien no tuviera clara
noción de esa unidad, que, siendo la guerra
contra la gran potencia católica, como es
el Austria, y descansando la única posibilidad
visible de la restauración de la Roma
papal, sobre la disolución de una Italia
vencida, estas circunstancias obrarían, a
favor de la intransigencia religiosa, para
aminorar el estímulo patriótico. Pero la
absoluta uniformidad y la decisión entusiasta
con que el clericalismo más ferviente, sin
exceptuar al propio clero, ha mantenido
su fidelidad a la patria y ha llenado activa
y heroicamente su deber, manifiestan
cuán hondo ha arraigado el sentimiento de
la nacionalidad y cómo este sentimiento
se levanta ya sobre todos los intereses y
todas las ideas.
En
semejantes condiciones ¿qué consideración
fundamental podría oponerse, de parte
de la Iglesia católica, a una solución
fundada en el sincero reconocimiento de la
realidad? Supuesto que sus garantías de
independencia se satisficiesen, ¿por qué habría
de mantenerse ella apegada a una
reivindicación que, en sus términos
absolutos, ha
llegado a ser tan evidentemente quimérica?
Los que conocen las actuales corrientes del
Vaticano piensan que esta disposición
conciliadora no es, en principio, extraña al
espíritu que allí domina, y esperan que,
si las circunstancias históricas traen la oportunidad
y la forma de su realización, el
pontificado de Benedicto XV no terminará sin
señalarse por el término del largo
entredicho entre la Iglesia y el poder
civil. La fórmula
de este posible avenimiento; la condición a
cambio de la cual renunciaría el Pontífice
a sus aspiraciones sobre Roma, para
reconocer la soberanía de Italia, sería la
de que se diera carácter internacional,
entre los pueblos católicos, a la "Ley
de Garantías"
que actualmente regula su situación dentro
del Estado.
Es
notorio que, después de producir la caída
del poder temporal con la ocupación de
Roma, Italia se propuso rodear la potestad
espiritual del Pontífice de todas las seguridades
de libertad y autonomía que pudieran
compensar la pérdida de su independencia
material y apaciguar las desconfianzas de
los gobiernos católicos; y a este
efecto, el Parlamento de 1871 dictó la ley
que reconoce al jefe de la Iglesia prerrogativas
y honores de soberano, le concede derecho a
la representación diplomática
y al privilegio de la
"extraterritorialidad", y facilita
en todo sentido el ejercicio
de las funciones necesarias para el
cumplimiento de los fines de la religión. Esta
ley, que el Pontífice no ha reconocido
nunca, pero que subsiste en cuanto a las obligaciones
que para el Estado determina, tiene hasta
hoy la naturaleza de un acto de
la legislación italiana, de una regla de
derecho interno. Se trataría de levantar la
Ley
de Garantías a la condición de un pacto
internacional, mediante una conferencia en
que las naciones con súbditos católicos se
comprometerían en lo sucesivo a tutelar su
fiel cumplimiento. Apuntada ya esta
solución entre las que se arbitraron para tratar
de obtener la conformidad pontificia, desde
los orígenes de la cuestión romana, ella
ha reaparecido después como idea de
procedencia católica. Hace tres años, en un
congreso religioso de Milán, un conspicuo
prelado, el arzobispo de Udine, señalaba la
ratificación internacional de la Ley de
Garantías, como el único medio de
sustituir al
principado civil del jefe de la Iglesia,
vuelto imposible dadas las actuales condiciones
de la sociedad. Posteriormente ha sostenido
la internacionalización órgano
tan caracterizado del pensamiento clerical
como "La Civiltà Cattolica".
¿Pero
aceptaría la Italia liberal, aceptaría el
Estado italiano esta fórmula de concordia
con el destronado Pontífice? ¿Sería
conciliable con la integridad de la soberanía
un acuerdo que diera jurisdicción, y por lo
tanto, virtualmente, facultad de intervenir
con la fuerza, a Estados extraños, en las
obligaciones de esta nación respecto de
un sujeto jurídico radicado dentro de su
territorio y puesto bajo el amparo de su libertad
y de sus leyes?... Las resistencias que tal
pensamiento levantaría, si se formalizase,
pueden inducirse por las que provoca su
discusión doctrinaria. Difícil será
hallar la manera de internacionalizar la ley
de 1871 sin herir los más respetables sentimientos
de delicadeza patriótica. Difícil será
idear, para el Pontífice romano, otras
garantías que aquellas que positivamente le
ofrecen las leyes y las autoridades de
Italia.
Pero
lo importante es que empiece a abrirse paso,
en círculos católicos, la disposición
conciliadora, en cuanto al hecho consumado
de la Roma secular e italiana. Lo
demás será obra gradual de la persuasión.
El solo fundamento en que la Iglesia apoya
todavía su reivindicación del poder
temporal consiste en la necesidad de
hallarse en
condiciones políticas que aseguren su
libertad de acción; y la experiencia
histórica ha
demostrado, y seguirá confirmando, que
nunca la libertad de acción de la Iglesia ha
sido tan real e ilimitada como dentro del
régimen que se implantó el 20 de
setiembre. Nunca
el Pontífice-rey, custodiado por bayonetas
extranjeras y estrechado por sus concordatos
con los príncipes católicos, gozó de la
autonomía con que hoy ejerce su ministerio
espiritual el voluntario cautivo del
Vaticano. La independencia recíproca y la
completa libertad del poder eclesiástico y
del civil fue el principio inscrito por el gran
Cavour en el programa de la Italia nueva. Y
todo induce a pensar que el conflicto que
aún se mantiene subsistente perderá con el
tiempo su razón de ser y llegará a su solución
final y perenne, siguiendo la evolución
indicada por aquel a quien Roberto Peel
llamó una vez, desde la tribuna de
Inglaterra, "el más grande estadista
que haya conducido
a pueblo alguno por el camino de la
libertad".
José
Enrique Rodó
Palermo,
marzo de 1917 |
