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Rupert Murdoch, corrupción y el gasto publicitario en la campaña electoral
Columna de Amy Goodman

¿Qué tienen en común el Primero de Mayo, Murdoch y el asesinato de Milly Dowler con las elecciones presidenciales de 2012 en Estados Unidos? Las elecciones de este año sin duda serán las más caras de la historia del país; algunas proyecciones estiman que superarán los 5.000 millones de dólares. Pero no solo aumentó el gasto: la naturaleza del mismo también se incrementó luego del fallo de 2010 de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Citizens United, que permite el gasto ilimitado de empresas, sindicatos y de los denominados súper PACs (o comités de acción política) en la campaña electoral, todo bajo el lema de la “libertad de expresión”. Esta campaña electoral se desarrollará en medio del resurgimiento del movimiento Occupy Wall Street, que fue relanzado a nivel mundial el 1° de mayo, el mismo día en que el Parlamento británico publicó un informe sobre el emporio mediático de Rubert Murdoch, en el que se lo acusa de no ser “una persona idónea para dirigir una gran empresa multinacional”. Ahora más que nunca, la gente debería seguir el consejo de Garaganta Profunda, la famosa fuente del caso Watergate: “Sigue la pista del dinero”.

La mayor parte del dinero de las elecciones va a parar a las arcas de los canales de televisión, que emiten los anuncios de campaña. Según Robert McChesney y John Nichols, de la revista Monthly Review, el gasto en propaganda política en televisión se está disparando, tal es así que “teniendo en cuenta la inflación, en la campaña electoral de 1972 se gastó menos del 3% de lo que se gastará en publicidad política en televisión en la campaña de 2012”.

En ocasión de una contienda electoral relativamente pequeña, la reciente elección primaria demócrata en Pensilvania para definir candidatos al Congreso, el periodista Ken Knelly realizó un análisis exhaustivo de la cobertura de las elecciones en los informativos de la televisión local y de la cantidad de publicidad política que se transmitió en los mismos canales de televisión. El titular del artículo de Knelly lo dice todo: “28 horas de anuncios políticos (y unos pocos minutos de noticias)”. Los canales que transmiten en este distrito predominantemente demócrata emitieron durante la campaña más de 3.300 avisos publicitarios políticos. Knelly escribe que “cada tanto aparecía en los noticieros información sobre la campaña”, que quedaba perdida entre horas de publicidad, y afirma que el contenido de la información dejaba mucho que desear.

El modo en que Knelly logró investigar estos datos resulta fundamental. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) exige a los canales de televisión que dispongan de un archivo de inspección pública accesible a cualquier ciudadano. Parte de la información contenida en el archivo son los detalles de la venta de espacio publicitario para la campaña política, la cantidad abonada y qué entidad compró el tiempo en el aire. Recientemente se ha intentado obligar a estas entidades de radiodifusión, que obtienen enormes ganancias con la publicidad política, a que publiquen estos archivos en Internet. Los canales se han opuesto firmemente a dichos intentos y, si bien habitualmente salen victoriosos de las disputas que se dirimen en los pasillos de la amigable FCC, perdieron esta batalla. El viernes 27 de abril, la FCC decidió por dos votos a favor y uno en contra exigir a los canales de televisión que, en un período no mayor a dos años, dejen de llevar el archivo en papel y comiencen a publicarlo en Internet. El periodista de ProPublica Justin Elliot ha señalado que los archivos no serán facilitados en formato estándar y que probablemente no contengan la opción de “búsqueda”.

ProPublica lanzó una campaña denominada 'Liberen los archivos', que es coordinada por Justin Elliot: “Mis compañeros de ProPublica le están pidiendo a la gente, a otros periodistas, a estudiantes de periodismo y a los lectores que vayan a los canales, especialmente cuando esta norma entre en vigor, que está previsto será más adelante durante la campaña. En un inicio la norma no se aplicará a los canales que no están dentro de los cincuenta mercados principales. Entonces, se les pide que vayan a los canales, no es necesario tener cita previa, y que soliciten el archivo político, que hagan copias, los escaneen, nos las envíen, que nosotros las publicaremos en Internet en el sitio ProPublica.org.”.

La mayoría de las grandes cadenas de televisión estadounidenses hicieron lobby en contra de las nuevas normas de revelación de información, entre ellas la cadena Fox, una de las joyas más preciadas de la empresa News Corp, el emporio mediático de Rupert Murdoch. Murdoch recibió un duro golpe esta semana tras la publicación de un informe del Parlamento británico sobre el escándalo de escuchas telefónicas que sacudió a sus periódicos en Gran Bretaña. El escándalo explotó en 2011 cuando el periódico The Guardian informó que periodistas del periódico sensacionalista News of the World habían intervenido en 2002 la casilla de mensajes de voz del teléfono celular de Milly Dowler, una víctima de homicidio de 13 años. Mientras Dowler estaba desaparecida, los periodistas borraron algunos de sus mensajes de voz, lo que le dio a los familiares de la niña la falsa esperanza de que podría encontrarse con vida.

Los periodistas, junto con una investigación judicial y audiencias en el Parlamento, revelaron una cultura de criminalidad detrás de la fachada de recopilación de información del ahora difunto periódico News of the World. El comité parlamentario publicó el informe esta semana. El parlamentario británico Tom Watson declaró: “Gente con mucho poder estuvo involucrada en el encubrimiento y aún no han asumido la responsabilidad. Esta gente corrompió a nuestro país, avergonzó a nuestra fuerza policial y a nuestro Parlamento. Utilizó mentiras y engaño, chantaje e intimidación y todos deberíamos avergonzarnos al pensar cómo nos acobardamos ante ellos durante tanto tiempo. Si de verdad queremos poner fin a esto, hace falta más que castigos simbólicos. Se necesitan acusaciones concluyentes. El pilar de la justicia consiste justamente en que los culpables sean responsabilizados”.

El escándalo también provocó que se descubriera que se había sobornado a oficiales de policía británicos, delito que, debido a que News Corp es una empresa estadounidense, podría ser investigado en el marco de la ley federal estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe que las empresas estadounidenses cometan soborno en el extranjero. En respuesta a ello, el grupo independiente Citizens for Responsibility and Ethics in Washigton (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington) solicitó a la FCC que revocara las 27 licencias de radiodifusión televisiva que Murdoch controla en Estados Unidos.

Si bien es un delito sobornar a un oficial de policía en Londres, es perfectamente legal que se gasten 5.000 millones de dólares para influir en el curso de las elecciones estadounidenses y que los canales poderosos obtengan, como consecuencia, enormes ganancias. Hay que aplaudir a la FCC por sus nuevas reglas de transparencia. En última instancia, los candidatos políticos deberían tener tiempo gratis en los medios para presentar su plataforma a los votantes. Hasta que ello suceda será tarea de los periodistas, de los activistas y de los ciudadanos comunes y corrientes seguir la pista del dinero.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2012 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 350 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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