En el discurso anual del Presidente ante el
Congreso a muchos les pareció escuchar resonancias de lo que fuera el
antiguo Barack Obama, aquel aspirante a la presidencia de 2007 y 2008. Una
de las promesas populares de su discurso fue un ataque contra los bancos
considerados “demasiado grandes para quebrar”, que financiaron sus campañas
y para los que trabajaron muchos de sus principales asesores: “El resto de
nosotros no los va a volver a rescatar jamás”, prometió.
El Presidente Obama también hizo un anuncio sorprendente que bien podría
haber sido redactado por la Asamblea General de Occupy Wall Street: “Esta
noche le solicito al Fiscal General que cree una unidad especial de fiscales
federales y fiscales generales estatales de alto nivel para ampliar nuestras
investigaciones sobre los préstamos abusivos y los paquetes de hipotecas
riesgosas que provocaron la crisis hipotecaria. Esta nueva unidad hará
rendir cuentas a quienes infrinjan la ley, acelerará la asistencia a los
propietarios endeudados y ayudará a dejar atrás una era de imprudencia que
perjudicó a tantos estadounidenses”.
En una decisión sorprendente, el Presidente Obama nombró al Fiscal General
de Nueva York, Eric Schneiderman, como vice-presidente de la Unidad de
Investigación de Abusos en la Tramitación y Securitización de Hipotecas.
Schneiderman formaba parte del equipo de fiscales generales estatales que
estaba negociando un acuerdo con los cinco bancos más grandes del país, pero
se opuso al acuerdo por considerarlo demasiado limitado y porque ofrecía una
inmunidad demasiado generosa ante futuros procesamientos por fraude
financiero. Debido a su abierta defensa de los consumidores fue expulsado
del equipo de negociación. Schneiderman retiró su apoyo a las negociaciones
junto con otros importantes fiscales generales, entre ellos la fiscal de
California, Kamala Harris, partidaria de Obama, y el fiscal de Delaware,
Beau Biden, el hijo del vicepresidente.
En un artículo de opinión publicado en noviembre pasado, Schneiderman y
Biden escribieron: “A principios de este año nos dimos cuenta de que, a
pesar de que muchos funcionarios públicos —entre ellos fiscales generales
estatales, miembros del Congreso y del gobierno de Obama— investigaron
aspectos de la burbuja y de la crisis, necesitábamos una investigación más
exhaustiva antes de que las instituciones financieras que estuvieron en el
centro de la crisis resulten deslindadas de toda responsabilidad”.
Cuando salió a la luz la noticia de la designación de Schneiderman,
MoveOn.org envió un correo electrónico a sus miembros que decía: “Hace
apenas unas semanas la posibilidad de realizar esta investigación no estaba
sobre la mesa y los grandes bancos estaban presionando para lograr un
acuerdo amplio que la hubiera impedido. ...Es una gran victoria para el
movimiento del 99 por ciento”.
Hay mucho en juego tanto para la población como para el propio Presidente
Obama. Se apoyó en gran medida en los partidarios de Wall Street para
financiar su gigantesca campaña en 2008. Ahora, tras el fallo de la Corte
Suprema en el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral, en
un momento en que se prevé que los presupuestos de campaña alcancen los
miles de millones de dólares, Obama podría descubrir que ya no es popular en
Wall Street. Para la población, como bien sostuvo el Centro para Préstamos
Responsables (CRL, por sus siglas en inglés): “Más de 20.000 nuevas familias
afrontan ejecuciones hipotecarias cada mes, entre ellas un porcentaje
desproporcionadamente elevado de familias afroestadounidenses y latinas. El
estudio del CRL señala que tan solo estamos en la mitad de la crisis”.
Lo que aún está por verse es si la designación de Schneiderman es una señal
de que ahora está dispuesto a avanzar con el acuerdo multiestatal, que está
a punto de concretarse. Los detalles aún no son públicos, pero hay
información de que el acuerdo implicaría el pago de 25 mil millones de
dólares por parte de los bancos más grandes por cargos relacionados con
prácticas inadecuadas en los préstamos hipotecarios, como la firma de
documentos sin verificar y la administración claramente inadecuada de los
préstamos, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan ejecuciones
hipotecarias.
Matt Taibbi, de la revista Rolling Stone, que ha realizado una gran
investigación periodística sobre la crisis financiera, me dijo: “No tiene
sentido que las empresas lleguen a un acuerdo sin la participación de Nueva
York o California, ya que la responsabilidad potencial que deberían afrontar
en esos dos estados podría llevarlos a la quiebra, podría paralizar a
cualquiera de los bancos considerados 'demasiado grandes para quebrar'”.
Obama es consciente de que entre quienes participaron en las protestas de
Occupy Wall Street en todo el país se encuentran algunos de sus más
fervientes partidarios durante la campaña de 2008. ¿Será que la formación de
esta nueva unidad de investigación podría significar un corrimiento hacia
políticas más progresistas, cómo sugiere MoveOn?
Ralph Nader, defensor de los consumidores y ex candidato a la presidencia,
no tiene muchas esperanzas: “Esta unidad de delitos financieros es como
agregar un nuevo cartel en la puerta de algunas oficinas del Departamento de
Justicia sin una verdadera ampliación del presupuesto”. Beau Biden, fiscal
general de Delaware, expresó preocupaciones similares acerca del grupo de
trabajo. Se preguntó “¿Cuántos agentes del FBI, cuántos investigadores,
cuántos fiscales están siendo asignados a esto? Son algunas preguntas
intrincadas que me planteo.”
Esta es la síntesis del conflicto planteado por Occupy Wall Street. Es
posible que el nuevo cargo de Eric Schneiderman lleve al procesamiento de
banqueros fraudulentos. ¿O se tratará simplemente de otra denuncia sobre
nuestro corrupto sistema político?
