SPOKANE, Washington — George W. Bush afirmó insistentemente que Estados Unidos no practicaba la tortura.
Sin embargo, los cuatro memorandos de la Oficina de Consejo Legal de la época de Bush, publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia del gobierno de Barack Obama, pintan un panorama totalmente diferente. Los memorandos desclasificados dieron autorización legal para aplicar “técnicas severas de interrogatorio” utilizadas por el gobierno de Bush durante los años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Autorizaron—como enumera el memorando del 1° de agosto de 2002, del entonces Vice Fiscal General Jay Bybee—a “golpear a los detenidos contra una pared, abofetearlos en el rostro, confinarlos en condiciones de hacinamiento, obligarlos a permanecer de pie contra una pared sosteniéndose con los dedos, forzarlos a permanecer en posiciones incómodas, privarlos del sueño, colocar insectos en una celda de confinamiento, y [permitieron] el submarino”.
Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), durante el gobierno de Bush, la Oficina de Consejo Legal “se convirtió en la facilitadora de la conducta ilegal del gobierno, publicando docenas de memorandos con la finalidad de permitir graves violaciones al derecho nacional e internacional”.
Los memorandos autorizan lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja denominó, en un informe filtrado, “trato y técnicas de interrogatorio (…) equiparables a la tortura”.
Estas técnicas de tortura fueron desarrolladas por dos psicólogos de Spokane, Washington: James Mitchell y Bruce Jessen. Su empresa, Mitchell, Jessen & Associates, brindó capacitación especializada a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lidiar con la captura por parte de fuerzas enemigas. El programa de entrenamiento se llama SERE, sigla que significa Sobrevivencia, Evasión, Resistencia, Escape. Mitchell y Jessen, ambos psicólogos, fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para entrenar a interrogadores en técnicas que, según afirmaron, harían desmoronar a los prisioneros.
Utilizaron la técnica SERE en un sentido inverso. Esta técnica había sido desarrollada originalmente para ayudar a la gente a soportar y sobrevivir a la tortura. En cambio, ellos la utilizaron para entrenar a una nueva generación de torturadores.
La periodista Katherine Eban escribió un artículo de denuncia sobre Mitchell y Jessen en 2007, denominado “Rorschach y Awe”. Le pregunté sobre ellos a la luz de los memorandos de tortura. Describió a Mitchell y Jessen de la siguiente manera: “Eran, ya sabes, académicos que querían estar de algún modo en la palestra operativa, que es un plano muy atractivo para estar. Pero, de hecho, eran profesores y supervisores del programa SERE, donde solamente monitoreaban el bienestar de los soldados. No eran científicos. No tenían datos, según mis fuentes, para demostrar que al invertir estas tácticas, serían efectivas para obtener información. Entonces, la descripción que obtuve, también de colegas suyos, es que estos tipos eran amateurs. Ya sabes, psicólogos amateurs, como el personaje de Jodie Foster en el Silencio de los Inocentes. Y no lo eran. Pero, aparentemente, –y ahora podemos ver realmente el alcance de esto– fueron muy convincentes al vender el uso de estas tácticas a la CIA”.
Los memorandos brindan detalles atroces de las torturas implementadas. El submarino fue utilizado cientos de veces en una serie de prisioneros. El memorando de Bybee incluye esta autorización kafkiana: “Les gustaría colocar a [Abu] Zubaydah en una celda de confinamiento con un insecto. Nos informaron que, al parecer, él tiene miedo a los insectos. En particular, les gustaría decirle a Zubaydah que pretenden colocar un insecto que pica en la celda junto con él”.
Luego de que el Presidente Barack Obama dijo que no debería haber procesamientos, esta semana fue recibido en la CIA con bombos y platillos. Le pregunté a Mark Benjamin, el periodista que inicialmente reveló la noticia de Mitchell y Jessen, acerca de la postura de Obama. Y esto fue lo que me dijo: “Si te fijas en las declaraciones del Presidente y las unes a las declaraciones de Rahm Emanuel, el Jefe de Gabinete, y de Eric Holder, el Fiscal General (…) verás que en los últimos días el gobierno de Obama anunció que nadie, ni la gente que llevó a cabo el programa de tortura, ni los que diseñaron el programa, ni la gente que autorizó el programa, ni quienes dijeron que era legal –a pesar de que sabían que honestamente no lo era– ninguna de esas personas afrontará cargos. El Fiscal General anunció que el gobierno, además, pagará los honorarios legales de las personas en contra de las que se hayan presentado cargos en cualquier parte del mundo, o que tengan que comparecer ante el Congreso. Les proporcionarán abogados (…), les han dado inmunidad total (…) a cambio de nada”.
La Presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, le pidió a Obama que postergara la decisión de descartar los procesamientos hasta que su Comité termine una investigación que completará en los próximos seis meses. Mientras que Obama promete dejar libres a los torturadores, otros los están buscando. Bybee, actualmente, se desempeña como juez federal. Movimientos de base, desde Common Cause (Causa Común) hasta el Centro por los Derechos Constitucionales, están solicitando al Congreso que presente una acusación formal en su contra. En España, el juez Baltasar Garzón—que logró el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad— tiene a Bybee y a otros cinco funcionarios del gobierno de Bush en la mira de futuros procesamientos.
Durante años, la gente ha sentido que se ha dado la cabeza contra una pared (y algunos sufrieron esto literalmente, como lo detallan los memorandos). Sin embargo, el día en que se celebraron las elecciones nacionales, parecía que esa pared se había convertido en una puerta. Pero la puerta está apenas entreabierta. Si se abre de una patada o se cierra de un portazo, no depende del Presidente. Aunque posiblemente él ocupe el cargo de mayor poder en la Tierra, hay una fuerza más poderosa: la gente comprometida que exige un cambio. Necesitamos un criterio universal de justicia. Los torturadores deberían ser castigados.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
