Las herramientas de comunicación masiva, que en una época ocuparon sectores enteros de gobiernos y empresas, ahora son del tamaño del bolsillo. Los teléfonos celulares pueden filmar y enviar los videos a Internet mediante conexión inalámbrica. La gente puede enviar relatos de testigos, fotos y videos con sólo pulsar unas teclas, a miles y hasta millones de personas mediante los sitios de las redes sociales. A medida que se desarrollaron estas tecnologías, también se desarrolló la capacidad de vigilarlas, filtrarlas, censurarlas y bloquearlas.

Un informe del Wall Street Journal publicado esta semana, indicó que “El régimen iraní ha desarrollado, con la ayuda de empresas de telecomunicaciones europeas, uno de los mecanismos más sofisticados de control y censura de Internet del mundo, que le permite examinar el contenido de comunicaciones electrónicas individuales a escala masiva”. El artículo menciona a Nokia Siemens Networks como el proveedor de equipamiento capaz de realizar la “inspección exhaustiva de paquetes de datos” (DPI, por su sigla en inglés). La DPI, según el Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), “permite a los proveedores de servicios de Internet interceptar prácticamente toda la actividad de Internet de sus clientes, como los datos de navegación en Internet, el correo electrónico y las descargas de intercambio de archivos ’peer-to-peer’”.

Nokia Siemens negó la afirmación, diciendo en un comunicado de prensa que la empresa “proporcionó a Irán la tecnología para la Intercepción Legal únicamente para monitorear llamadas telefónicas locales”. Es justamente la cuestión de qué es legal, la que debe abordarse. “Intercepción legal” significa que la gente puede ser vigilada, ubicada y censurada. Es preciso que se adopten normas mundiales que protejan la libertad de comunicarse y discrepar.

China tiene un sistema muy sofisticado de vigilancia y censura en Internet, conocido como “la Gran Muralla de Fuego China”, que atrajo mucha atención antes de los Juegos Olímpicos de 2008. Un documento filtrado en una audiencia de derechos humanos del Senado de Estados Unidos implicó a Cisco, una fabricante de routers de Internet con sede en California, en la comercialización de tecnología al gobierno chino, para adaptarse a las metas de vigilancia y censura. El gobierno chino ahora exige que todas las computadoras vendidas después del 1° de julio de 2009 incluyan el software denominado “Green Dam” (Represa Verde, en español), que los críticos dicen que le dará aún más poder al gobierno para viligar el uso de Internet.

Josh Silver, Director Ejecutivo de Free Press, un grupo de política de medios, dice que las acciones de Irán y China deberían alertarnos sobre cuestiones de vigilancia interna en Estados Unidos. Silver me dijo: “Esta tecnología que monitorea todo lo que circula a través de Internet es algo que funciona, está disponible, y no hay legislación en Estados Unidos que impida que el gobierno estadounidense la utilice. Es de público conocimiento que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), durante el gobierno de Bush, durante los últimos siete, ocho años, desde el 11 de septiembre en particular, le solicitó a las principales empresas proveedoras de Internet, en particular AT&T y Verizon, que usaran componentes tecnológicos fabricados por algunas de estas empresas, como Cisco, que harían lo que acabo de describir, que escucharían para vigilar el contenido que circulaba en Internet y en las líneas telefónicas en todo el país”. Este equipamiento fue la columna vertebral del programa de “escuchas telefónicas sin orden judicial”.

Thomas Tamm fue el abogado del Departamento de Justicia que denunció el programa. En 2004, llamó a New York Times desde un teléfono público del subte y le contó al periodista Eric Lichtblau sobre la existencia de un programa secreto de vigilancia a nivel nacional. En 2007, el FBI allanó su casa y confiscó tres computadoras y archivos personales. Aún afronta un posible procesamiento.

Tamm me dijo: “Creo que puse a mi país primero (…) Tenemos un procedimiento legal en vigencia a través del tribunal de la FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) para permitir las escuchas telefónicas legales de estadounidenses que van al extranjero. Se debe poder demostrar causa probable de que quizá están vinculados al terrorismo, pero esa no es una dificultad para el gobierno. Y estoy convencido de que muchos más estadounidenses fueron sometidos ilegalmente a escuchas telefónicas de lo que sabemos. No sabemos lo que se hizo con esa información. Y apenas cuando empezamos a enterarnos de cuántas personas fueron torturadas a nombre nuestro, también nos vamos enterando de a poco sobre el alcance de las escuchas telefónicas. Lamentablemente, debo decir que no me sorprende, porque el gobierno no estaba cumpliendo la ley cuando hablé con el New York Times y, aparentemente, no la están cumpliendo ahora tampoco".

El programa de escuhas telefónicas sin órdenes judiciales fue considerado ilegal por una amplia mayoría. Luego de haber cambiado abruptamente de posición en la mitad de su campaña, el entonces senador Barack Obama votó junto con la mayoría del Congreso para otorgar a las empresas de telecomunicaciones, como AT&T y Verizon, inmunidad retroactiva de ser procesadas. El New York Times recientemente informó que la NSA tiene una base de datos llamada Pinwale, con millones de correos electrónicos interceptados, incluso algunos del ex Presidente Bill Clinton.

En una reciente audiencia del Senado, el senador Russ Feingold le preguntó al Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, si creía que el programa original de escuchas telefónicas sin orden judicial era ilegal.

El senador Russ Feingold dijo: “Ahora que es Fiscal General; ¿tiene alguna duda sobre la ilegalidad del programa de escuchas telefónicas sin orden judicial?”.

Eric Holder respondió: “Creo que el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial, con las características que tenía en ese momento, fue ciertamente desacertado, ya que se implementó sin aprobación del Congreso”.

El senador Feingold preguntó: “¿Pero cree que fue ilegal?”.

Holder respondió: “Bueno, como ya dije, no se ajustaba a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y era desacertado como política”.

Los disidentes en Irán y China permanecen firmes a pesar de la represión, que es posibilitada, en parte, por los equipos de empresas estadounidenses y europeas. En Estados Unidos, el gobierno de Obama está siguiendo un camino peligroso en relación con los programas de espionaje de la era Bush, que deberían ser suspendidos y puestos a consideración de la justicia, en lugar de ser ampliados y defendidos.

Denis Moynihan colaboró en la investigación de esta columna.

Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es co-autora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times”, recientemente publicado en edición de bolsillo.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org