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La democracia tradicional entre el poder de la elite y el poder del capital:
una realidad que se expresa en el Plan Colombia
Germán Rodas Chaves
grodas@uasb.edu.ec 

1.- Hacia una interpretación de los orígenes de la violencia Colombiana.

Sin adentramos, aunque sea de manera breve, en la realidad de la construcción de la república colombiana del siglo 20, ninguna explicación de la situación actual puede ser coherente.  Por ello es menester recuperar algunos hechos históricos, tanto más cuando se insiste, en una línea de justificación del Plan Colombia, que las raíces de la violencia colombiana se debe a factores de última data, a la diabólica conducta de grupos radicales y extremistas (terroristas) que, supuestamente, han surgido al calor de procesos históricos recientes, -por ejemplo después del triunfo de la revolución cubana-, y que al ser eliminados, entonces, se abrirá el horizonte pleno de paz por el cual todos quisiéramos que transite Colombia.  Como los orígenes de la violencia colombiana son otros, quiero aproximarme a ellos en los párrafos siguientes: 

La crisis económica que afectó a los E.U., y por ende a Latinoamérica, en 1929, generó  un profundo descontento en la población colombiana asunto que fue canalizado por el partido liberal lo cual se evidenció en su plataforma propagandística en donde aparecieron consignas como el proteccionismo aduanero, -tema que buscó atraer a la burguesía nacional-, a más de la propuesta de cambios sociales a favor de sectores medios de la economía y de los obreros.  Dichas propuestas lograron que en 1930 triunfaran electoralmente, y por primera ocasión, los liberales.  El primer presidente liberal propició, entonces, una legislación de avanzada que significó el que se instituyeran algunas conquistas, como por ejemplo, la jornada de ocho horas laborables, el descanso dominical y la existencia de un salario mínimo.

Gracias a los antecedentes referidos, en 1934 la candidatura liberal de la burguesía nacional expresada en Pedro Alfonso López Pumarejo tuvo una amplia aceptación, más aún cuando a su programa de gobierno incorporó sentidas aspiraciones de diversos sectores de la sociedad colombiana, asunto que, además, permitió que el ala de izquierda del liberalismo, encabezada por el carismático dirigente Jorge Eliecer Gaitán, también le diera su entusiasta respaldo electoral.

De esta manera triunfó López Pumarejo quien obtuvo, también, en el ejercicio de su gobierno el apoyo del partido comunista de Colombia, partido que para estas mismas elecciones terció con candidatura propia pero que, una vez realizada la segunda conferencia latinoamericana de partidos comunistas en octubre de 1934, -y conforme las decisiones de dicho cónclave-, optó por respaldar “a las burguesías nacionales”, situación que se evidenció, como queda dicho, en el caso colombiano con su apoyo al Presidente López.

López Pumarejo se planteó para el ejercicio de su gobierno una serie de medidas que él las había llamado en su campaña electoral “La revolución en marcha” y que comprendían tres reformas básicas: fiscal, educacional y agraria.

A poco tiempo de su mandato el presidente liberal, en el esquema de su proyecto de gobierno, estableció gravámenes proporcionales a la riqueza de los contribuyentes lo que le permitió dotarse de un mejor presupuesto nacional que, a su vez, le facilitó la creación de colegios normales, la construcción de escuelas y la apertura de los primeros centros de segunda enseñanza gratuitos y laicos.  A la vez el estado asumió las funciones de único refrendador de títulos de bachiller y creó la Universidad Nacional como organismo descentralizado y con autonomía.

El tratamiento del asunto agrario era fundamental en la Colombia de aquel entonces, pues la población en un sesenta por ciento vivía en el campo, y, en contraposición, la propiedad de éste se repartía en casi exclusivo beneficio de grandes plantadores y terratenientes, quienes, a su vez, constituían un grupo minoritario que, por una parte, lucraban del “arrendamiento” de sus tierras entre el noventa por ciento de los campesinos que no poseían propiedades y que, de otro lado, en más de una oportunidad eran propietarios de “tierras ociosas”.

Frente a esta realidad el gobierno presentó un proyecto que planteaba el principio de sólo aceptar la posesión de la tierra a partir de su puesta en uso.  En efecto, decía el proyecto de ley, los predios y tierras no cultivadas en los últimos diez años pasarían a propiedad de Estado para ser redistribuidos entre aquellos que no poseían tierras.

Esta iniciativa de ley tuvo la oposición en el congreso de los conservadores y de grupos de liberales de “derecha”, quienes, al final del mandato de López Pumarejo, optaron por un candidato que no afectara la tenencia de la tierra y que olvidara las veleidades reformistas, dando paso, a contrapelo, al auge manufacturero mediante la sustitución de importaciones, tendencia que fue posible debido al estallido de la segunda guerra mundial y a las consecuencias de este fenómeno en el manejo de la economía de países como Colombia.  La relativa prosperidad del periodo fue aprovechada por el sector liberal gobernante para propiciar una política divisionista al interior del movimiento obrero y escindir la unitaria Confederación Sindical de colombiana.

Las circunstancias señaladas disgustaron a la “izquierda liberal” que, dirigida por Gaitán, apoyó los anhelos de López Pumarejo de volver al Gobierno, lo cual ocurrió en 1942 tras una campaña nacionalista llena de promesas sobre inmediatos cambios sociales.  Pero la “derecha liberal” aliada a los conservadores propició un golpe militar en julio de 1944.  La movilización popular impidió la asonada, pero el régimen quedó fracturado y sin condiciones reales de poner en marcha su mandato lo que provocó que el Presidente dimitiera en 1945.

En las elecciones celebradas al año siguiente, en 1946, Gaitán se presentó como candidato Presidencial esgrimiendo un programa reformista de mucho contenido social en el cual el tema de la reforma agraria era uno de sus ejes centrales.  La derecha liberal, entonces, impuso otra candidatura y facilitó, por el mecanismo de la división liberal, el triunfo de los conservadores quienes llevaron al Gobierno al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, quien en sus dos primeros años de gobierno provocó el asesinato de no menos de quince mil personas, en el marco de una política oligárquica y represiva sin precedentes que habría de provocar, en abril de 1948, el asesinato del propio Gaitán.

“El Bogotazo”, que inicialmente puso en peligro la gobernabilidad de los conservadores, sucumbió por falta de una vanguardia capaz de dirigir sensatamente dicho proceso y provocó en las esferas del poder la furia que nació de su convencimiento que era el momento para sepultar a sus contradictores.  Debido a estas circunstancias la represión y la violencia, provenientes desde el Estado, se institucionalizaron en amplios territorios colombianos.

Frente ante tan brutal conducta surgieron los grupos de autodefensa campesina, que no fueron sino grupos que se articularon con campesinos y que estuvieron dirigidos por algún caudillo local de orientación liberal.  De esta manera la confrontación se fue expandiendo en el país y en más de una oportunidad sectores campesinos se alzaron con los liberales debido a que aquella fue la única forma de sobrevivir frente a la violencia gubernamental y frente al terrorismo de estado que se constituyeron en los mecanismos para acallar la voz de los sectores populares colombianos.

A partir de 1950 el gobierno conservador acentuó la política de “sangre y fuego en la tierra arrasada” para cuyo efecto los grandes propietarios de hatos ganaderos financiaron la creación de “fuerzas contraguerrilleras”.  De esta manera las  confrontaciones se generalizaron en medio de una auténtica barbarie que devastó zonas comprendidas en la parte andina, pues junto a las autodefensas, en más de una ocasión, aparecieron las llamadas “cuadrillas” integradas por víctimas de la violencia que se dedicaron al robo y al saqueo.

En medio de esta realidad, y como caso único en Latinoamérica, el partido comunista colombiano se vio en la necesidad de optar por la lucha armada en medio de una política a la que denominó “autodefensa de las masas” en cuyo contexto se esforzó por lograr que “las guerrillas” abandonasen la visión localista y sectaria de la lucha.  En esta perspectiva, además, organizó un amplio frente de masas contra la represión y el bandolerismo y coadyuvó en la realización de la “Conferencia Nacional de Guerrilleros” que se efectuó en Boyacá en septiembre de 1952, a la que asistieron representantes de los trece principales comandos, quienes emitieron una plataforma destinada a vincular la lucha armada con la reforma agraria y con la formación de gobiernos populares en las zonas controladas por las guerrillas.  Los núcleos alzados más progresistas cumplieron los acuerdos. Los demás mantuvieron su visión local de la confrontación.

Los grupos progresistas de la guerrilla se reunieron en un segundo congreso en junio de 1953 y nombraron a José Guadalupe Salcedo como Comandante Supremo de las Fuerzas Guerrilleras del Llano; emitieron una reglamentación jurídica que abarcaba aspectos militares, administrativos, etc. frente a la feroz represión con la cual había continuado el gobierno conservador, asunto que intentó ser frenado, desde la institucionalidad, mediante un “golpe” de Estado con el carácter de militar que, el 13 de junio de 1953, llevó al gobierno al General Gustavo Rojas Pinilla y quien intentó apaciguar el conflicto de contradicciones mediante slogans como “Paz, justicia y libertad para todos”.

Rojas Pinilla procuró demostrar que su tarea estaba al margen de cualquier partidismo, -sea liberal o conservador-, y gracias a esta imagen convocó a la desmovilización de los “alzados” asunto que ocurrió con alrededor de cuatro mil hombres que habían peleado, hasta entonces, en las guerrillas de la autodefensa en los Llanos.  El propio Guadalupe Salcedo depuso las armas, pero poco tiempo después, él, como cientos de combatientes que habían creído el discurso pacifista del General Rojas, fueron cobardemente asesinados.

Exclusivamente el grupo guerrillero animado por los comunistas en el Tolima se mantuvo en armas.  En esta zona la lucha se volvió intensa cuando algunos de los grupos liberales, -que antes habían peleado junto a las autodefensas-, se aliaron a las fuerzas militares para enfrentar a los guerrilleros.  La lucha iba, entonces, asumiendo otros matices.

En este contexto, también, se fue produciendo el deterioro del poder de Rojas, como producto de la situación internacional y, además, debido a su intento de constituir una agrupación política que rompiera con el bipartidismo.

La caída de los precios del café paralizó la economía nacional y provocó la lucha reivindicativa de los trabajadores de la ciudad, quienes comenzaron a tender “puentes” con los grupos rurales que se mantenían en lucha tanto como una forma de supervivencia, -en el esquema de las autodefensas-, como debido a las profundas contradicciones que significaba la carencia de tierra entre los campesinos colombianos. 

Ante la posibilidad de un acuerdo entre los obreros organizados y los sectores campesinos en armas, liberales y conservadores concertaron en 1956 la salida de Rojas Pinilla, asunto que ocurrió en 1957 en medio de una huelga que dio al traste con el Gobierno del General, quien fue sustituido por una Junta Militar en tanto se preparaba la estructuración del Frente Nacional, que habría de gobernar, mediante un acuerdo de gobernabilidad pactado, -a espaldas del pueblo, esto es de los que no tenían ni pan, ni techo, ni tierras-, entre liberales y conservadores, quienes, conforme dicho acuerdo, fueron alternándose en el Gobierno en medio de una política de Estado de represión a los campesinos, a los trabajadores y, sobre todo, que mantuvo la situación estructural de Colombia, esto es de pobreza, marginalidad e injusticia crecientes para la inmensa mayoría de su población.

Dicha situación estructural, acentuada mediante un proceso de “distancias” con los verdaderos problemas de las masas, debe ser comprendida como la única responsable de la violencia que se desató desde hace algunos años atrás y que, posteriormente, se ha mantenido como tal debido a múltiples factores, entre los que se debe destacar la existencia de un bipartidismo que excluye a la inmensa población colombiana de cualquier esquema de concertación, -aún en el plano de lo electoral-, y que por el contrario exacerba las contradicciones sociales y económicas a niveles insospechados, asuntos que, debido a la intervención represiva de una casta militar asociada a los intereses oligárquicos, han sido “controlados” con la misma rigidez y violencia que se usó en décadas anteriores, sin que por ello se hayan solucionado los conflictos de fondo de la sociedad colombiana, en cuyo interior veinte de los cuarenta millones de habitantes viven en pobreza extrema.

Más allá de otros factores históricos que, también, en el último período han contribuido al clima de confrontación colombiana, he querido destacar sus orígenes confrontacionales, cuyas variantes, -muy próximos a nuestros días-, están cargados del anhelo de superar el estado de postración y miseria a la que han sido conducidos, desde hace décadas, la inmensa mayoría de colombianos. 

2.- El Plan Colombia: un instrumento, en la región Andina, para borrar las “distorsiones” y todas las formas democráticas que han afectado a los paradigmas en que se “sustenta” la globalizacion neoliberal.

He querido a lo largo de la exposición anterior demostrar algunas falacias con las cuales se ha fabricado el andamiaje del denominado Plan Colombia.  Dichas falacias, no obstante, me retrotraen a una digresión histórica: el 15 de febrero de 1898 una explosión, -cuya causa siempre dejó dudas-, hundió al acorazado norteamericano “Maine” fondeado en la bahía de La Habana.  El hundimiento del Maine sirvió a los Estados Unidos como pretexto para dar inicio a la que se conoció como la guerra hispano-cubana-norteamericana, guerra que se produjo en momentos del ocaso del imperio español y cuando países, como Cuba, estaban al borde de proclamar su independencia.  La referida guerra permitió a los norteamericanos apoderarse de las últimas colonias españolas, esto es de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Islas Guam.  La explosión del “Maine”, que supuestamente se hallaba realizando “una visita amistosa en Cuba”, condujo a lo que Lenín llamó “la primera guerra imperialista”, pero ante todo provocó que Estados Unidos  se adueñe, en su geopolítica económica y militar de expansión, de territorios que le eran de interés desde hace muchas décadas atrás a los acontecimientos del hundimiento del “Maine”.  De esta manera, una vez más, los grupos de poder norteamericanos pusieron en marcha la política de “el fin justifica los medios”. 

En las siguientes páginas es de mi interés demostrar como el Plan Colombia no hace sino responder, como en su momento respondió el pretexto del hundimiento del “Maine”, a una estrategia de los países ricos en el marco de su proyecto económico neoliberal que ha sido mundializado mediante una serie de estrategias económicas, políticas, culturales, ideológicas y militares, las mismas que al encontrar distorsiones, -como de alguna manera ocurren especialmente en Venezuela, Colombia y Ecuador-,  asumen rasgos de violenta intimidación, en unos casos, y de manipulación, en otros, en el afán de consolidar, a cualquier costo, la presencia de su proyecto en la región andina.  Es decir, pretendo, además, incursionar en un nuevo pasaje de “el fin justifica los medios”

Con estos antecedentes creo que es menester recordar las “distorsiones”, -en contra de la globalización neoliberal-, que se han provocado en la región andina y que han conducido a que se precipite, con las modificaciones del caso, la puesta en marcha del Plan Colombia que estuvo siendo fabricado desde hace mucho tiempo, una vez que desapreció el mundo bipolar. 

Dichas distorsiones, -que de manera obvia se agregan a la presencia de la triunfante revolución cubana-, constituyen, esencialmente, el ejercicio del poder del General Chávez en Venezuela y la ejecución desde su Gobierno de un proyecto de reformas nacionalistas y anticoloniales que lo han hecho merecedor al reconocimiento de importantes sectores de la comunidad regional y mundial; la presencia ascendente de la guerrilla Colombiana, por un lado, y, de otra parte, el aparecimiento de fuerzas democráticas que en en los procesos eleccionarios últimos han dado plena demostración que es posible construir alternativas políticas y sociales distantes de las viejas asimetrías con las cuales se intentó arreglar el pasado inmediato; el aparecimiento de un movimiento social y popular que en el Ecuador ha impedido que a “rajatabla” se le impusiera, no obstante la dolarización de su economía, el modelo neoliberal; la todavía incipiente lucha anticorrupción en el Perú y las dificultades que ha acarreado el llamado modelo descentralizador boliviano que, por el contrario, promovió la unidad de inmensos sectores de la población para favorecer el triunfo de núcleos populares indígenas y mestizos que desarticularon al “stablishment” provocando el triunfo del dirigente Evo Morales  A los factores políticos referidos debe agregarse la circunstancia de la pérdida de la base militar norteamericana en Panamá, asunto que tiene una enorme importancia en el contexto de lo que yo llamo “distorsiones” al modelo prevaleciente.

Frente a esta compleja realidad, los “paradigmas de la globalización” neoliberal, -entendidos los paradigmas como conjunto virtual de elementos que aparecen en un mismo contexto-, en la región andina corren el riesgo de ser fracturados o modificados, asunto que los sustentadores del sistema no puede permitir que ocurra; cuando más pueden tolerar que se les presenten algunas dificultades, pero mediante una lógica de supervivencia se han obligado a actuar con energía.  Para comprender el asunto, revisemos dichos “paradigmas”, -en el entorno de las dificultades que enfrentan-, y, a partir de ello, precisemos los objetivos reales del “Plan Colombia”, cuyo fin es, insisto, el impedir que “los paradigmas o instrumentos de la globalización neoliberal”, que subyacen, también, en la región andina, puedan ser alterados:

Paradigma uno: la polaridad, - y la asimetría-, en la globalización.

El capitalismo, a lo largo de su historia, ha mantenido un rasgo inseparable a su desarrollo, esto es la existencia de una polaridad generada por la existencia de un centro de países que han concentrado la riqueza y el poder mundial, y una periferie de países subdesarrollados, -entre los cuales están los de la región andina-, que, poseyendo la mayor población mundial, han tenido por característica común la pobreza.  De esta manera la polaridad y la asimetría de las relaciones entre el centro y la periferia de países ha sido consustancial a la existencia misma del sistema capitalista, sistema que se ha acostumbrado a edificar su “armazón” a partir de esta realidad, y sobre todo, mediante el control adecuado, -y por todos los medios-, de los conflictos que las circunstancias reseñadas pudieran provocar.

Ahora bien, en el entorno de la polarización del sistema mundial ocurrida en medio de lo que se conoce como la globalización, -y que no es más que la mundialización del capital en el contexto de un fenómeno que supone la transición del capitalismo monopolista de Estado en capitalismo monopolista transnacional-,  lo que se ha visto es un incremento de la asimetría entre el centro y la periferia de países lo cual ha ocurrido debido a que la mentada globalización ha significado, también, inversión del centro en la periferia y extracción, -con abundante explotación-, desde ella hacia el centro.  Cuando esta extracción se dificulta, como ocurre en la región andina por diversas realidades, el entorno de los países globalizadores, y aquellos que buscan la hegemonía, están obligados a actuar con rapidez para impedir cualquier desequilibrio a su proyecto. 

Por todo lo señalado bien se puede concluir que hay, al momento, dos formas de globalización: una para los países del centro y otra para los de la periferia.  Los países del centro han globalizado el desarrollo, la interdependencia, la integración económica, la acumulación de riqueza, el lucro, en tanto los países de la periferia han globalizado el subdesarrollo, la dependencia, la poca integración económica.  Dicho de otra manera, la mayoría de los países han globalizado la pobreza, la injusticia, la miseria, el hambre y la desesperanza, a contrapelo del bienestar de unos pocos, quienes en la perspectiva de “vivir bien” se han acostumbrado a lograr sus objetivos sin importarles la desesperanza de los demás, sin interesarles sus protestas y, por el contrario, frenando cualquier conducta de respuesta disociadora con el modelo prevaleciente.

Todas estas circunstancias han sido posibles debido a que la globalización ha sido conducida por estrategias neoliberales que se han expresado en un modelo de acumulación basado en el mercado mundial, en la apertura irrestricta al capital transnacional, en la desregulación del capital y del trabajo, en las privatizaciones (incluso de la información), en la limitación de la soberanía estatal y de los derechos humanos, económicos y políticos; en el individualismo, en el desconocimiento o intento de anulación del mundo inter-religioso y pluricultural, entre otras cosas.

La versión neoliberal de la globalización, entonces, ha propiciado el incremento de la dominación y la explotación, a escala planetaria.  En los países del centro se ha configurado, -con mayor nitidez a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2.001-,  la unipolaridad estratégico-militar que ha dado lugar a una geopolítica en la que los nuevos sistemas de concertación política regional, la reconstitución de bloques y pactos expresan, por un lado, la búsqueda de hegemonía, en el centro, especialmente de los EU, -eje del proceso de transnacionalización y desnacionalización-, y, de otra parte, la existencia de contradicciones al interior del bloque de poder, -más aún cuando existen indicios ciertos de que el modelo no funciona adecuadamente conforme todas las expectativas de los globalizadores del neoliberalismo y debido al aparecimiento de acuerdos regionales paralelos a los que ha impulsado los E.U., precisamente como efecto de las contradicciones y como respuesta a los desajustes del prototipo económico en ciernes-, frente a cuya específica realidad están en marcha una serie de “correctivos” expresados, por ejemplo, en la llamada “lucha antiterrorista”, -en cuyo trasfondo se ha insertado el Plan Colombia-,  mecanismo ante todo ideológico con el cual se pretende arrastrar a la humanidad detrás de los requerimientos norteamericanos en momentos que dicha potencia afronta la competitividad de la comunidad económica europea, situación que le puede desplazar, en lo referente a su preminencia económica, de la hegemonía con respecto de los países centrales.

Paradigma dos: la supranacionalidad, la destrucción de la soberanía y del Estado.

Más allá de las dificultades que el proceso de la globalización neoliberal pueda propiciar entre los países del centro, estos, en la línea de consolidar su proyecto económico, han desarrollado el “principio de la supranacionalidad” que debe ser entendido como un conjunto de acciones con la finalidad de obtener una alta concentración del poder económico, comercial, financiero, científico-técnico y militar en reducido número de potencias centrales.

Esta perspectiva lleva implícitamente de la mano la exclusión de muchísimos países respecto de decisiones fundamentales sobre problemas globales, lo cual no hace sino favorecer el debilitamiento de los estados nacionales y la promoción de mecanismos supranacionales para la regulación de las relaciones internacionales, con lo cual los países afectados por la concepción de la supranacionalidad en la práctica ceden parte de su soberanía nacional y se abocan a vivir con una soberanía en constante castración que legitima, cada vez más, los niveles de injerencia del centro, al extremo de intentar convertirlos en “corresponsables” frente a los problemas mundiales, como viene ocurriendo, insisto, en la guerra fantasmagórica contra el terrorismo, para cuyo objeto los ejércitos nacionales pretenden ser utilizados en los objetivos militares que interesan a esa “visión antiterrorista” o “antiguerrillera” que además demanda el montaje de bases militares extranjeras para el cumplimiento de sus fines, como en efecto insinúa el Plan Colombia en la región.

Todo este complejo proceso no es más, y dicho en otras palabras, que la imposición del modelo económico neoliberal al interior de los países de la periferia. Pero este objetivo no es posible lograrse debido tan solo a los imperativos económicos que demanda la globalización.  Su “legitimación” demanda de la mediación política para aplastar cualquier resistencia, con lo cual vale destacar el hecho de que en estas circunstancias el capital financiero internacional necesita implantar en los países de la periferia un modelo que garantice la gobernabilidad indispensable para hacer viable sus objetivos en dichos países.  

Paradigama tres: la gobernabilidad neoliberal.

La concepción de gobernabilidad ha estado equiparada a una concepción de “orden” o a un manejo de acontecimientos sociales “regulados” que deben ser acatados y que pueden ser, además, predecibles.  Incluso, en más de una ocasión, se ha previsto que para que la “gobernabilidad” sea una realidad no debe descartarse la existencia de regímenes autoritarios, con lo cual la esencia  misma de la democracia ha sido sustituida, cuando más, al ejercicio de ritos electorales cada cierto tiempo, o bien simplificada en aquello que se denomina, para los países occidentales, “gobernabilidad ejecutiva, legislativa y social”. Lo cual, en suma, no es sino la supresión de toda forma de democracia o de construcción de ella desde el seno mismo de las masas

En la esfera de la gobernabilidad ejecutiva se ha determinado que los actores son el Presidente, su gabinete (con todo el aparato ministerial correspondiente) y las fuerzas armadas.  Las relaciones entre estos actores son las que determinan la capacidad del Estado para la formulación de políticas coherentes y oportunas para enfrentar los problemas, especialmente los económicos y para responder, cuando sea del caso, a los requerimientos regionales que en materia de contrainsurgencia son indispensables para sustentar el modelo económico lejos de cualquier perturbación que afecte a los países de los cuales se depende económicamente. 

Debido a este “razonamiento” en la región andina se ha “institucionalizado” el esquema de las “democracias”, más allá de que los ejércitos inciden directamente en el comportamiento de dichas “democracias restringidas” al extremo que son ellos, -seguramente previa las consultas a los centros hegemónicos del poder-, los que, en última instancia, definen los niveles de la “constitucionalidad” en los momentos en que se producen determinados “recambios” de gobierno, -como efecto de la presión popular o debido a las contradicciones que han emergido en las propias fuerzas armadas-, como ha sucedido en los últimos años en algunos países de la región.

La gobernabilidad legislativa, en cambio, es considerada como la relación adecuada entre “el Gobierno” y los partidos políticos representados en los congresos o parlamentos nacionales.  Cuando esta relación tiende a conflictuarse el deterioro orquestado en contra de los congresos es evidente, pues “el orden” lo que busca es una relación horizontal en la forma, no obstante que en la práctica las relaciones más bien son verticales, toda vez que se ha optado por las formas “presidencialistas” para acelerar el ejercicio del poder en beneficio de quienes controlan, en la realidad, el poder político del Estado, es decir los centros del poder económico mundial.  

Por último la gobernabilidad social consiste en que los numerosos actores de la sociedad, -a quienes previamente se los califica o certifica como tales-, (sindicatos, empresarios, medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales, la iglesia, grupos “contestatarios” al sistema) deben buscar un vinculo de relación entre sí para, en el fondo, no dislocar las estructuras del Estado, pues uno de los elementos sustanciales de estas relaciones pasa por el respeto de la ley o del “stablishment”.  De allí que lo que se busca es la obligada concertación, las propuestas y los consensos, para superar “unidos” otros conflictos (como la guerrilla) que demandan previamente la unidad interna de los países.  

En suma, las esferas de la gobernabilidad deben sujetarse a un “vademecum” de comportamientos y compromisos que superan los intereses de los conglomerados nacionales involucrados en estas perspectivas y que, por el contrario, aprehenden, como suyos, los requerimientos de los “sujetos” internacionales que, de una u otra manera, están inmersos en los comportamientos internos de un país gracias a sus inversiones, debido a lo cual ciertas normas de gobernabilidad, -en lo político y económico-, terminan subordinando las relaciones de poder interno con las esferas de poder internacional.  De esta forma la gobernabilidad concluye siendo el ejercicio del poder para impedir los disturbios que afecten a los grupos que ejercen dicho poder, siempre al servicio de intereses supranacionales.

Ahora bien, para que funcionen estos conceptos de gobernabilidad, -así como otros factores ideológicos en los que se sustenta la globalización neoliberal-, y para que el aparecimiento del consenso se produzca, se utiliza el papel determinante de la llamada “sociedad global de la información”, que no es más que el control monopólico de la comunicación puesto al servicio del discurso del poder, con la finalidad de moldear determinadas formas de conciencia social o “representaciones” del mundo.  De esta manera se silencian u ocultan las realidades y los conflictos estructurales que persisten o se agravan.  No se dice nada sobre el problema de la deuda externa, el balance comercial no favorable, el intercambio desigual, las causas estructurales que han generado la lucha popular y social, etc. etc.

A pesar de todo lo señalado, en todo caso, afirmo que los mencionados conjuntos virtuales de elementos que operan en una mismo entorno, y a los que he denominado “paradigmas”, están fracturados en la región andina, debido a lo cual los objetivos de los globalizadores del neoliberalismo no son viables, en este momento, en toda su potencialidad a menos que, conforme ellos lo han señalado implícitamente, el Plan Colombia ponga orden, a sangre y a fuego y en base a toda forma antidemocrática, a los acontecimientos que se viven en la región.

Reitero: el triunfo del Coronel Hugo Chávez en Venezuela, en 1998, ha  significado que mediante políticas nacionalistas se impidiera la desarticulación del Estado Nacional, -una de las apetencias de la globalización neoliberal-, y que se continuara en la línea de saqueo, desde los países centrales, de uno de los recursos naturales más importantes para aquellos, como es el petróleo.  Más aún, el actual régimen venezolano obstaculizó para que no se continuara con aquella práctica gubernamental de privatizaciones, sistema mediante el cual no sólo se desnacionaliza al Estado, sino que se permite, mediante negocios de alta corruptela, la transferencia de patrimonios en beneficio del capital transnacional. 

Circunstancia semejante, esto es dificultades para que se imponga, en todas sus facetas, el modelo neoliberal, ha ocurrido en Colombia, gracias a una economía más o menos estable de los grupos vinculados al poder colombiano que, además, tienen nexos con las actividades del narcotráfico y que, de otra parte, en lo referente a los intereses económicos, son contradictorios con los actuales que tienen el poder real en E.U. y que se identifican con los sectores guerreristas debido a su vinculación financiera con la industria armamentista, más allá de la innegable fuerza que han optado propuestas democráticas. como el Polo Democrático Alternativo, que en Colombia, luego de tantos años de guerra, emergen como alternativas valederas para construir la paz en un mundo civilizado

En el Ecuador, de otra parte, la importante articulación organizativa del movimiento indígena, que representa aproximadamente el 17% de la población, -con todas sus desviaciones etnocéntricas y rascistas-, ha significado que se ejemplifique que el mundo pluricultural no puede ser ignorado de un plumazo y que la biodiversidad que defienden no puede ser tomada con la facilidad que se habían imaginado.  Además, en el caso ecuatoriano, los negocios de las privatizaciones no fueron tan fáciles debido a que las Fuerzas Armadas no estuvieron dispuestas a que muchas de sus actividades comerciales o empresariales, -rentables todas ellas-, fuesen vendidas sin mayor razón, o pulverizadas en su totalidad dentro de la misma ola de corrupción que provocaron los banqueros nacionales en contra de la inmensa mayoría de ecuatorianos, incluidos los miembros de las susodichas Fuerzas Armadas y los sectores productivos del país, a más de una acelerada concientización de las masas de que es menester construir formas demcocráticas y plurales de poder  

Por otro lado, la llamada descentralización boliviana, vía los municipios, dejó entrever los afanes de aniquilamiento del Estado, pero ante todo demostró las deficiencias de la llamada descentralización cuando la economía, ligada a los intereses del capital mundial, centralizó, contradictoriamente, sus operaciones en aquello que le era de su estricto interés, todo esto en medio de la cada vez más angustiosa situación del pueblo que descubrió que los “cantos de sirena” de las llamadas descentralizaciones no le beneficiaban, sino eran tan solo un pretexto para liquidar la intervención del Estado, todo lo cual permitió la imponente movilización de un pueblo que recuperó sus culturas ancestrales y sumó sus esfuerzos alrededor de un proyecto, -ya no solo económico-, sino político para construir su destino, sucesos construidos con la figura de Evo Morales y con la determinación de que su estructura societal caduca debía ser remplazada por un nuevo socialismo, aquel socialismo que sin calca ni copia nos perurgiera Mariátegui a construir en nuestras regiones.

Asimismo, el marco de medidas económicas de ajuste, como en el caso venezolano y, especialmente, el ecuatoriano, agotó la paciencia de inmensos sectores sociales que comprendieron que el modelo económico y político impuesto mediante el recetario de los organismos estructurales del proyecto globalizador-neoliberal son los causantes de su miseria, debido a lo cual ha surgido una creciente actitud de rechazo frente a dichas propuestas, con lo cual en la región Andina la confrontación ideológica, también, ha encontrado un espacio adecuado para el debate. 

Todas estas circunstancias desmantelaron cualquier indicio de gobernabilidad conforme los requerimientos de los “dueños del mundo”, especialmente porque la referida gobernabilidad, a la cual pretenden hacernos llegar desde una cada vez mas deslegitimada democracia, pues han conculcado los valores intrínsecos de ella,  ignorado, para el efecto y entre otras cosas, a los más amplios sectores económicos, sociales.   Ha sido una gobernabilidad que ha pretendido anular la existencia de conflictos, que ha buscado administrar políticamente las relaciones de poder y propiciar un mercado de equilibrio entre la oferta del sistema y las demandas de la sociedad, asuntos todos estos que no han sido tolerados por los inmensos sectores de la población, provocando el desfase del modelo globalizador del neoliberalismo en la región, frente a cuya realidad el Plan Colombia no es más que el instrumento para arreglar los desajustes a los paradigmas neoliberales, entre los cuales se expresa lacerantemente el conflicto de la migración y, desde luego, la carencia de democracia, en todas sus expresiones.

Empero, los referidos desajustes han afectado de manera directa a los Estados Unidos de Norteamérica, potencia que para hegemonizar en el conjunto del orbe necesita poseer su “patio trasero” perfectamente alineado respecto de sus intereses.  Mal pueden los E.U. trasladar, con plena tranquilidad y confianza, su embate hacia el resto de los países centrales, si en las regiones en las cuales históricamente han subordinado, existen dificultades de control o le generan algún problema.  Por ello la potencia norteamericana ha puesto todo el énfasis posible para superar la situación en la región Andina a la brevedad posible.  En todo caso otros fenómenos, -como el argentino-, no hacen sino demostrarnos las profundas dificultades que se van acumulando como efecto de la perversidad del modelo, más allá de los esfuerzos para encubrir esta realidad.

Los propios Estados Unidos, en medio de la constante crisis de acumulación que vive, nos evidencia que su economía está en dificultades, no de otra manera debe interpretarse, por ejemplo, que su crecimiento económico se haya reducido, -comparado con el año 2.000-, en un 1.7%; que la tasa de desempleo bordee el 4.9%; que su capacidad industrial haya descendido en alrededor del 4%.  Todo lo anterior, además de la vorágine de competitividad, -lo que impone a su vez cualquier regla de supervivencia-, entre los países centrales les obliga a los norteamericanos a poner orden en los lugares “naturales” de su influencia y subordinación, por ello desmantelar cualquier resistencia a sus objetivos es un imperativo que pretenden el que ocurra en la región andina, en este caso, por la vía del Plan Colombia.

3.- El Plan Colombia: una breve historia.

 El Plan Colombia recibió dicha denominación con la finalidad de hacerlo aparecer no tan solo como la designación de las operaciones que involucrarían y que se ejecutarían al interior del territorio colombiano, sino debido a que “supuestamente” fue un producto concebido por iniciativa propia de los colombianos y articulado, como tal, mediante la acción del gobierno del Presidente Pastrana.

La primera versión de este Plan Colombia “surgió” en el último trimestre de 1998 y tuvo una continuidad de formulaciones hasta agosto de 1999, cuando cumplió el primer año de gestiones el Presidente colombiano.  No obstante, en septiembre de dicho año se produjeron cambios sustanciales de contenido del Plan Colombia, a partir de cuya circunstancia se clarificó la estrategia de quienes, en la realidad, habían trabajado la iniciativa geo-política militar y económica motivo de estas páginas.

En diciembre de 1998 el Presidente Pastrana presentó el Plan como “un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarán los esfuerzos compartidos de los gobiernos y de los organismos multilaterales con la sociedad colombiana”.  El Plan, entonces, aparecía como un eje articulador de la política de paz, pues hablaba de crear condiciones económicas, sociales que propicien la concertación social.  Aún más, en referencia a la presencia de cultivos ilícitos, el Plan presentaba una iniciativa no militar y hacía incapié en acciones preventivas, sin dejar de fortalecer toda iniciativa de control.

Una segunda versión del Plan fue presentado en junio de 1999, con oportunidad del encuentro de Mandatarios de Europa, América Latina y el Caribe, realizado en Río de Janeiro.  En esta nueva versión, -no tan distante de la anterior-, se reforzó la idea de la “promoción de la sostenibilidad ambiental”.  Los autores del Plan intentaron que los países europeos financiaran todo lo pertinente con la sustitución de cultivos ilícitos.  Aquello, empero, no lo lograron.

En todo caso las dos versiones del Plan, -mediante el cual se pretendía involucrar a todos los países centrales-, mantuvo las estrategias políticas, sociales, económicas vinculadas a la negociación y a las reformas.  Como el Plan no interesó del todo a los países centrales, o debido a que ellos al darse por informados de lo que se estaba “cocinando” dejaron entrever, en las medias tintas que se producen frente a estos temas, su aceptación para que los colombianos, con al apoyo de aquellos países amigos más próximos al área en conflicto, resolvieran sus problemas, se optó, luego, por la formulación de una tercera versión, trabajada, de manera abierta, entre funcionarios norteamericanos y colombianos.

La tercera versión que apareció en septiembre de 1999 tuvo ya modificaciones sustanciales.  La más importante fue aquella por la cual el Plan centraba su acción en la lucha antinarcóticos.  El interés ya no recaía en la erradicación de los cultivos ilícitos con participación de la guerrilla, sino en desmontar todo vinculo de los traficantes con los grupos armados, asuntos que no serían posibles, -aunque no se lo decía abiertamente-, sino mediante una confrontación militar.  De esta manera al Plan asumía plenamente la política antidrogas norteamericana y, además, configuraba las perspectivas en la región que los capitales financieros transnacionales requerían para su desarrollo y expansión

La tercera versión del Plan sirvió para que Pastrana negocie todos los apoyos posibles con la administración Clinton y sus aliados.  En el entorno de dichas conversaciones bilaterales el Presidente colombiano pidió 1.500 millones de dólares para la ejecución de un “proyecto” concertado, de cara a la opinión pública mundial, entre E.U. y Colombia.

Una cuarta versión del Plan Colombia entró en circulación a comienzos del 2.000, esta vez con expreso destino a los oídos europeos y japoneses.  Dicha versión hábilmente puso énfasis en el tema de la biodiversidad, del cuidado del medio ambiente y de la protección ecológica que se requieren en las zonas donde la producción de drogas, “en complicidad con la guerrilla”, provocan una situación contraria a los intereses de los europeos y de los japoneses, esto es impiden el cuidado de una zona que, más temprano que tarde, pudiera ser área ecológica de soporte estratégico para dichas zonas centrales de la economía globalizada.  En suma, la versión cuatro fue elaborada para que Europa y Japón asimilaran el mensaje en el sentido de que el Plan buscaba defender, también, sus intereses ambientales estratégicos.

La existencia de cuatro versiones sobre el Plan Colombia tuvo la finalidad de provocar “las lecturas” pertinentes en los auditorios distintos en cada uno de los cuales se abordó sobre el conflicto de Colombia y su región más próxima.  Fue una manera de involucrar a los más disímiles sectores del mundo central en el contexto de la política norteamericana frente a la región andina.  Se constituyó, de otro lado, en un perverso mecanismo de información, -o de desinformación-,  respecto de una política de hechos consumados que venía ya ocurriendo en la región, en cuya iniciativa se estima que habrá un desembolso de algo más de 7.000 millones de dólares obtenidos gracias al presupuesto colombiano, al enorme apoyo de los E.U., a los acuerdos bilaterales con Europa y otros países y a los recursos provenientes de los organismos multilaterales e internacionales.

En todo caso, a manera de explicación, valga decir que la versión tres del Plan, más el detalle de gastos o de distribución de los más de 7.000 millones de dólares, que fuera aprobado por el congreso estadounidense a inicios del 2.000, es el Plan Colombia que formalmente se halla en ejecución.

Ahora bien, mientras se discutía el carácter del Plan Colombia, los posibles aliados, los niveles de aporte de los norteamericanos, etc. fue evidente que por “cuerdas separadas” se desarrollaban otras acciones tácticas y estratégicas que, a no dudarlo, formaban parte del Plan Colombia y que hoy le son complementarios formando parte de una misma articulación geopolítica.

No de otra manera debe comprenderse, por ejemplo, las presiones norteamericanas para que el viejo conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú, -del cual han medrado indistintamente los regímenes de turno, las burguesías criollas y los empresarios de la guerra-, fuera superado aceleradamente, mediante la suscripción del acuerdo de paz que firmaron los Presidentes Mahuad y Fujimori en el año de 1999, en medio de los compromisos y ofertas de los E.U., -hasta hoy incumplidas en su totalidad-, en el sentido de que los regímenes de Ecuador y Perú recibirían tres millones de dólares para obras de diversa naturaleza que les permitiera a los dos países consolidar múltiples obras de desarrollo en la nueva zona limítrofe. 

Más allá de la importancia de superar el conflicto territorial, -lo cual no está en entredicho en estas líneas-, fueron evidentes las presiones con el objeto de superar la confrontación entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú y trasladar su actividad militar y de guerra a la nueva ocupación bélica que preveía el Plan Colombia, esto es entre las fuerzas armadas de la región y las fuerzas de la “narco-guerrilla”.

Más aún, mientras se “negociaba” el carácter del Plan Colombia, -conforme lo he demostrado en párrafos precedentes-, en abril de 1999, -y como corolario a los contactos que se habían iniciado en enero del mismo año-,  la Embajada Norteamericana y el Gobierno Ecuatoriano, presidido por Yamil Mahuad, suscribían un “acuerdo provisional” para la entrega del puerto y del aeropuerto de la ciudad de Manta a favor de las Fuerzas Armadas norteamericanas a fin de que dicha fuerza de ocupación “controle y combata” las supuestas actividades de narcotráfico, especialmente proveniente de Colombia. 

De esta manera los norteamericanos iniciaron las acciones para suplir su base militar en Panamá  toda vez que, por los efectos de la devolución del Canal a su legítimo dueño, se quedaron sin ella, realidad que a estas alturas, la de no poseer la base militar en Panamá, la consideran, -conforme se desprende de la lectura del documento Santa Fé 4-, un error histórico muy grave.  

Por todo lo anterior el Ecuador pasó a la mira estadounidense, en referencia a lo de la base militar, -más aún cuando Venezuela les negó la pretensión de instalar en dicho país la tal base militar-,  y frente al requerimiento estratégico y geopolítico de poseer un espacio desde el cual, también, amedrentar precisamente a la política nacionalista que se implantó desde Caracas. 

Posteriormente, en el mes de noviembre de 1999 el Gobierno Nacional del Ecuador autorizó a su canciller, Benjamín Ortiz, -obsecuente empleado de los intereses norteamericanos-, para que firme el “Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, concerniente al derecho de acceso y uso por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de las instalaciones de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Manta, para actividades aéreas antinarcóticas”.

El mencionado acuerdo no fue conocido y aprobado por el Plenario del Congreso Nacional, como estipula la Constitución del Ecuador, y, por el contrario, de manera improcedente, e inconstitucional, fue “ratificado” por la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, con lo cual se demuestra el nivel de contubernio con el que se actuó para dar paso a la violación de la soberanía y de la dignidad ecuatorianas, todo con el objeto de poner en funcionamiento una base militar norteamericana de acuerdo con la visión geopolítica de aquellos que, hace mucho tiempo ya, habían definido el rol estratégico del Plan Colombia, los países que debían estar involucrados en la ejecución de esta operación así como los objetivos que esperaban que se cumplieran en el mediano y largo plazo, conforme sus requerimientos, -y no como falsamente decían ser los objetivos puntuales de Colombia-, todo ello más allá de que para cuidar las formas, se ejecutó una falsa política de consultas a otros países o se presentaron versiones distintas del Plan Colombia para confundir y engañar a los diversos interlocutores y posibles aliados. 

Todo un sainete, en suma, con relación a la “crónica de un Plan” diseñado desde los primeros años de la década de los noventa del siglo veinte, -a finales de la llamada guerra fría”-, cuando la cruzada antidrogas empezó a tomar forma como herramienta política y mecanismo de presión para otros asuntos de interés de E.U. en la región y como una nueva forma de involucramiento de Washington en los asuntos internos de cada uno de los países andinos, entre los cuales debe atenderse su constante boicot a cualquier forma de unidad andina y sudamericana, -en este caso bajo el liderazgo de Brasil-, que habrían dificultado la conformación del ALCA, política colonizadora con la cual hoy expanden los E.U sus intereses hegemónicos para los fines políticos y económicos de los que he hablado a lo largo de estas páginas.

Por ello, y para dar continuidad a los objetivos estratégicos de E.U., el 16 de mayo del 2.001 se puso en marcha lo que se conoce como “La iniciativa regional Andina”, IRA,  la misma que debe considerarse como una segunda etapa del Plan Colombia, pues el compromiso de los países de la región andina es evidente en este marco estratégico, negociado discretamente desde la administración Clinton, según ellos, para contrarrestar los efectos del Plan Colombia en la región.

En la actualidad dicha estrategia, la del IRA, ha sido perfeccionada por Bush en el marco del proyecto globalizador del neoliberalismo, lo cual ha significado la puesta en marcha de una serie de acciones tendientes ha detener en la región andina el malestar social ocasionado por el Plan Colombia y, en contraposición, propiciar la configuración de un ambiente menos caldeado que permita el alumbramiento de su siguiente etapa: el ALCA, a cuyo objetivo final se intenta llegar, -en estos momentos-, gracias al bilateralismo que hoy ha tomado el nombre de tratados de libre comercio; TLC, y cuya discusión o su posible inserción en algunas regiones del continente americano es la tònica de la agenda de las relaciones imperiales con el resto de la América.

Si bien la referida iniciativa andina implica, por todo lo afirmado, un mantenimiento de la asistencia militar hacia Colombia así como a los países de la región, en la actual administración Bush la estrategia está formulada, además, para superar anteriores limitaciones provenientes de esa circunstancia exclusivamente militarista.

Por ello la IRA se preocupa de dar una nueva imagen y plantea asuntos como los de la sustitución de cultivos y la asistencia económica, lo cual a su vez implica transferencia de capitales, -inicialmente encubiertos en dádivas para la paz-,  a la región y el desarrollo constante de inversiones en ella, con lo cual los intereses de algunos de los países centrales, sobre esta parte de los países periféricos, tienen otros matices, como lo tienen las insinuaciones permanentes de que dichos países favorezcan, en este contexto, la “modernización de los estados” y la “gobernabilidad” para que dichas ayudas e inversiones puedan llegar oportunamente y, en lo posterior, acrecentarse mediante otros mecanismos, todo ello, por supuesto, en el entorno de un marco ideológico que pregona la falsa idea de que mientras mayores inversiones existan en un país, el desarrollo del mismo se garantiza plenamente  

De esta manera se pretende fabricar una sociedad “en paz”, -no obstante la guerra construida por el plan Colombia-, para beneficiar las inversiones, para que la población pueda sumarse, de alguna manera, al ejército de consumidores y, sobre todo, para que “funcione” articulada y sin problemas a los intereses del ALCA, cuyo objetivo, entre otros, respecto de las masas desocupadas es la de utlizarlas como maquiladoras en el contexto de su proyecto de desintegración de las economías nacionales y de utilización de una fuerza de trabajo laboral barata. 

Con todo lo señalado, bien puedo afirmar que la segunda etapa del Plan Colombia, la IRA, a su vez es una antesala para asegurar en la región, -en el contexto de la política globalizadora del coloniaje para América Latina-, la implantación “armónica” que requieren los E.U respecto del ALCA y es, también, un nuevo falso maquillaje hacia la región Andina de lo que en realidad significa el Plan Colombia, -cuyo contenido, en sus perfiles fundamentales lo he puntualizado a lo largo de este trabajo-; por ello los E.U, a manera de inversión, contempla, en el entorno de las propuestas del IRA, una ayuda a la región de alrededor de 882 millones de dólares, de cuyo monto Colombia recibiría algo próximo al cuarenta por ciento de esta ayuda, recursos con los cuales se pretende continuar subordinando, en todas las formas, a la región andina y sus pueblos. 

4.- ¿Qué hacer? o la búsqueda de alternativas. 

Pretendo finalizar este trabajo con algunas reflexiones que pudieran permitir que en la región andina los más amplios sectores sociales y políticos asumieran el rol histórico que les corresponde en este periodo frente a la vigencia del Plan Colombia y sus secuelas y, sobre todo, como una respuesta a la globalización del neoliberalismo, a partir de la comprensión que dicho modelo económico, político y social es el sustento real del referido Plan Colombia, el mismo que se ha hecho carne de la realidad de l algunos de los paises de la region que, en sus democracias, no se han atrevido a urdir la realidad de tal proyecto y, más aún, lo han aprehendido como parte del sistema y como ellemento  propio de la realidad democrática de nuestra región.  Seguramente muchas de las recomendaciones han sido ya dichas en otros foros y están en marcha, así  como es posible que otras iniciativas, pensadas en el seno de nuestros pueblos, queden al margen de lo que en este trabajo considero fundamental.  En todo caso no puede dejar de considerar algunas acciones para superar la situación actual:

La Unión de los explotados.-  Es imperativo iniciar un verdadero proceso de unidad de los explotados, hecho que debe ser entendido como la unidad del pueblo y de los más amplios sectores que al convertirse en agentes de la transformación social, asumen, en estas circunstancias, el rol de auténticos revolucionarios.  Para lograr este objetivo es menester, también, encontrar los mecanismos adecuados para superar la falsa contradicción entre lo que se llama “la sociedad civil politizada” y los partidos políticos con una tradición de lucha por un nuevo orden económico, político y social.  La más amplia unidad de los explotados, debe superar todo reduccionismo y cualquier sectarismo.  En momentos en que la crisis agobia a la región andina, no es posible excluir a ninguna de los sectores que han sido víctimas del modelo globalizador-neoliberal y de la violencia, expresada en todas sus formas.  Aquello supone articular, al mismo tiempo, una convocatoria unitaria con profundo contenido antimperialista.  En este orden de cosas uno de los sectores que deben ser incorporados como aliados de la lucha antineoliberal es el sector productivo, al cual lo han conducido los sectores financieros y banqueros a la crisis total.  Más aún, en la región andina dicho sector, debido a la violencia estatal y a los objetivos militares del Plan Colombia, ha sido profundamente golpeado en su desenvolvimiento, de tal suerte que se han constituido en una amplia gama de hombres y mujeres dispuestos a enfrentar la violencia del Plan y la crueldad del sistema económico que los ha quebrado.

De otra parte, en el mundo andino, dada su variedad pluricultural y plurinacional, es indispensable establecer, en esta amplia unidad social, acuerdos que incorporen las expectativas del mundo mestizo y las de los pueblos indios en una misma unidad de acción y en una misma línea de trabajo, bajo una visión integradora de unidad nacional y de respeto a la más amplia diversidad.  Aquello se vuelve fundamental porque las desviaciones racistas o la exacerbación de posturas etnocéntricas contribuyen a la disgregación de la lucha social y a la configuración de “mundos superpuestos” en donde los pueblos indios parecería que tuviesen objetivos diametralmente distintos al del resto de la colectividad regional.  En esta esfera se debe impedir, por lo tanto, el fraccionamiento de la unidad nacional, a pretexto de luchas reivindicativas de grupos étnicos determinados, porque aquello contribuye al juego de los intereses neoliberales en su perspectiva de aniquilar la construcción del Estado Nacional, una de las tareas estratégicas fundamentales en nuestra región.

Pero esta unidad no ha de significar, solamente, unidad  “casa adentro”, sino que implica, fundamentalmente, avanzar en la construcción de la unidad regional.  La edificación de la integración, proceso de enorme trascendencia que debe implicar el que se rediseñe los procesos del CAN y del MERCOSUR, dotándoles de un mayor sentido social, político y económico integral y propiciando entre ellos un esquema de interrelación permanente que ha de permitir la construcción de la unidad Latinoamericana

Precisamente por lo afirmado veo con esperanza la gestión de “Lula” en Brasil, el quehacer de Chàvez en Venezuela quienes pueden constituirse en los factores geopolíticos de una unidad latinoamericana que se va consolidando gracias a los nuevos vientos de cambio que soplan y que se expresan en la presencia de regímenes democráticos como el de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil  

La defensa del Estado.-  Bajo la argumentación anterior es por lo tanto menester avanzar no solamente en lo concerniente a la construcción del Estado Nacional, sino potenciar todos los esfuerzos para impedir que se produzca la ruptura cualitativa de los actuales Estados en la región andina, pues bajo el pretexto de modernizarlos, -o mejor dicho de venderlos en medio de la privatización-,  por un lado, y mediante la vía de la “desnacionalización” emprendida por la globalización neoliberal, de otra parte, se intenta provocar una situación de “vaciamiento” del Estado que favorezca la invasión de cualquier supraestructura financiera, que impida la regulación elemental de las sociedades y que responda a las decisiones del gran capital fianciero transnacional, -intervención expresada, también, en las esferas del campo geoplítico y militar como ocurre con el Plan Colombia-, a más de que no actúe frente a la destrucción del medio ambiente o ante el saqueo de los recursos naturales, todo lo afirmado en beneficio de los grupos hegemónicos centrales de la economía mundial y en medio de los más impresionantes escándalos de corrupción, -que involucra el narcotráfico y el narco-lavado-, de tal suerte que la defensa del Estado, pasa también por una persistente conducta que sea capaz de evidenciar la ninguna ética de los neoliberales.  En este sentido la lucha anticorrupción es un imperativo de enorme trascendencia en la región andina.

La defensa de la soberanía nacional.-  El sometimiento del Estado, de sus instituciones y de la sociedad en su conjunto a los fines predominantes de los países hegemónicos y de la globalización neoliberal conlleva a un proceso creciente de desnacionalización y de pérdida de la identidad nacional.  En este entorno la manipulación ideológica sobre determinadas instituciones, como las Fuerzas Armadas, es un elemento adicional con el cual se ha venido trabajando para fracturar cualquier conducta patriótica.  Más aún, bajo el pretexto de la existencia de “enemigos comunes a la región andina” se ha articulado acciones corporativas militares para enfrentar a dichos “enemigos”, lo cual ha traído consigo la perspectiva de la confrontación militar y, por lo tanto, el diseño de escenarios de guerra regionales.

En este orden de cosas, también, se ha alimentado la idea del indispensable apoyo, a las acciones contrainsurgentes de los ejércitos locales, por parte de las fuerzas militares del país hegemónico próximo a la región, -y supuestamente aliado natural en la lucha contra las “fuerzas del mal”-, como son los Estados Unidos de Norteamérica.  Vistas así las cosas, como ocurrió en el Ecuador, el riesgo de infestar la región con bases militares es una realidad creciente frente a cuya circunstancia la tarea de la defensa de la soberanía se vuelve imprescindible, más aún cuando dicha soberanía nacional no solo es afectada desde la ocupación militar concertada, sino, también, mediante la presencia de supraestructuras ideológicas que corroen la conciencia social y deforman, en el caso particular andino, las culturas de sus pueblos.  Además, debido a la absorción de las economías nacionales por la manifiesta injerencia del capital financiero transnacional que impone todo tipo de sumisión a sus intereses, el fenómeno de pérdida creciente de la soberanía nacional es una circunstancia que lacera ya nuestra dignidad.  Es por todo ello que la defensa de la soberanía nacional tiene diversos matices y algunos frentes de lucha, bajo el denominador común de que su tarea es la búsqueda del respeto a los valores nacionales, al territorio, a la cultura de los pueblos, a la historia de los países, entre otras cosas.    

La lucha por el poder y la democracia.-  El control de las clases dominantes y del sistema prevaleciente sobre la institucionalidad de nuestros países, -para asegurar la gobernabilidad que les beneficie-, ha desplazado, -en mucho-, del horizonte de algunos sectores progresistas y de izquierda, así como de determinados grupos sociales la posibilidad de articular un proyecto de Poder.

Si bien somos testigos ya de crecientes signos de crisis y decadencia del neoliberalismo, no es menos verdad que todavía no hemos sido capaces de articular respuestas adecuadas frente a esta circunstancia.  Todavía pesa sobre nuestro “quehacer” la perspectiva errónea de tan solo alcanzar el equilibrio económico, dejando de lado el contexto de lo político y social, quizá debido a la influencia de aquellos conceptos que postulaban que solo “en la dictadura del proletariado” sería posible construir la auténtica democracia, bajo cuya receta, en medio de la acumulación de fuerzas y del desarrollo de la lucha, no se ha trabajado por consolidar, ideológica y políticamente, formas de poder ni se ha aprehendido adecuadamente los valores sustanciales de la democracia, asuntos estos que, en el caso de los sectores colombianos movilizados en contra del “orden” tienen una importante excepción que explica, además, el temor de aquellos que combaten sus aciones.

Todavía, entonces, en algunos lugares de la región andina  se discute frente a una falsa dicotomía entre lo democrático y lo revolucionario, cuando es evidente que lo revolucionario, como ocurre en Venezuela,  pasa por la defensa de su democracia participativa y, en otras circunstancias regionales, por el apoyo a la lucha contestataria y de resistencia que en Colombia, Perú, ejercen diversos sectores políticos del área contra los regímenes de turno, lucha de respuesta que cada vez debe concentrarse en el ejercicio de la propuesta, como ha sido el caso, precisamente, de la lucha insurgente colombiana, en los últimos años.

En esta perspectiva, ampliando el análisis al conjunto regional andino, es imperativo articular respuestas que den cuenta de un elemento fundamental, como es la lucha por el poder local.  La región andina se caracteriza por su inmensa diversidad regional, lo cual exige que se comprenda el desigual desarrollo del área y la existencia de particularidades, aún en las demandas sociales, que bien pueden ser atendidas, ante todo, desde el poder local que debe contribuir a la acumulación de fuerzas para enfrentar, oportunamente, en el entorno de un proceso sumatorio de fuerzas, y en su momento, al todo.  Solo así podemos ser solidarios con la tarea de aquellos que se juegan “en cualquiera de las formas de lucha” por el poder, pretexto mediante el cual se pretenderà asfixiar procesos de transformación como el de Venezuela, o argumento mediante el cual se aprovecha para construir el andamiaje de ocupación político, económico y militar que se viene fabricando en la región a pretexto de poner en marcha las formas de confrontación con la situación prevaleciente.

En este camino de respuestas y de propuestas a la situación de la región, en todo caso, siempre debemos tener presente el pensamiento de Simòn Bolìvar que dicho en Guayaquil el 5 de agosto de 1829 sentò las bases conceptuales de una lucha que no ha concluido y que demanda la segunda independencia; dijo entonces el Libertador: “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la Libertad” quienes se enfrentan a esta realidad, esclarecida hace tanto tiempo, lo hacen por la construcción de la América nueva y lo hacen a nombre de los millones de hombres y mujeres que anhelamos la libertad, la justicia  y la equidad.  Desentrañar y combatir los propòsitos reales del Plan Colombia, estrategia de dominación actual, es contribuir a la defensa de nuestra América.  Aquella es la tarea del gènero humano de esta parte del continente.

Quito, Agosto del 2.006.

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