Los pueblos fumigados queremos hacer pública la constatación del fuerte contraste entre las demandas de poblaciones enteras, alarmadas por el aumento exponencial de enfermedades de todo tipo vinculadas directamente al modelo agrario y la respuesta “de facto” del complejo agroproductor quien sólo atina a huir hacia adelante, produciendo operaciones mediáticas y nuevos experimentos transgénicos, conducta particularmente agravada por la participación de agencias oficiales. 

En lo que va del año hemos recibido pedidos de auxilio por ausencia o impotencia de las administraciones, y asistiendo a lugares tan diversos como San Nicolás -y próximamente Ramallo- en Buenos Aires, Humberto Primo, San Fabián, Funes, Arocena, Sastre -Santa Fe- o San Salvador -Entre Ríos- distrayendo tiempo y recursos personales para suplir la inacción de quienes tienen a su cargo la protección de las personas. 

Simultáneamente, con recursos casi infinitos, se promueven "documentos" como el que las cámaras empresariales pomposamente titularon "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en zonas periurbanas" a través del cual se oculta la peligrosidad y los efectos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente, los cuales podrían esparcirse hasta el borde de las viviendas. El vicio de origen de una publicación a-científica, preñada de citas de reconocidos operadores de las corporaciones mundiales y otras inconstrastables, huérfana de toda referencia a las abundantes advertencias de universidades argentinas, no sorprendería si no fuera que contó con el aval del Ministerio de Agricultura de la Nación.

En tándem CONABIA y SENASA, con el silencio cómplice del resto de las agencias y ministerios provinciales, en franca violación -al menos- del principio precautorio (art. 4 de la ley 25675 y art. 41 de la Constitución Nacional) aprueban "semillas" aptas para ser rociadas con nuevos agrotóxicos más potentes, en la mayoría de los casos descartados en otras partes del mundo como el glufosinato de amonio para la soja RR2 o la última estrella de Dow: soja resistente al 2,4D, un componente del temible Agente Naranja utilizado por EEUU sobre territorio vietnamita, con efectos devastadores y secuelas que se propagan hasta el día de hoy.

Nos indignan los oídos sordos a un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, San Luis, Córdoba o Entre Ríos quienes presentaron recursos para frenar este nuevo atentado contra la salud pública, preludio de nuevos experimentos.  

El completo fracaso de un modelo de producción obsoleto importado en los años 90, que se anunciaba para reducir el uso y la toxicidad y preveía beneficios para todos, pretende ser disimulado con más químicos, cuyas cantidades aumentaron más de mil por ciento desde entonces, recurriéndose a tóxicos de mediados del siglo pasado, que no han hecho más que incrementar los balances de un puñado de terratenientes  y varias multinacionales, mientras el resto de los 40 millones de argentinos asumen forzadamente el pasivo sanitario y ambiental a costa de daños inconmensurables a las personas y al ambiente. 

Los efectos de la desinformación sistemática y deliberada quedó patentizada en oportunidad del vuelco de un camión y derrame de 18.000 litros del mencionado herbicida "2,4 D" en cercanías de San José de la Esquina -Santa Fe-. Autoridades y auxiliares carentes del más elemental conocimiento posibilitó que centenares de personas transitaran en cercanías de este potente y volátil veneno que llegó hasta cursos de agua, mientras representantes de la empresa ATANOR lo comparaban con un “derrame de leche" (sic).

Nuevamente los vecinos, supliendo la inacción de la administración, debieron radicar las denuncias penales por contaminación contra responsables, por acción y omisión. 

Desde los pueblos fumigados también alertamos a la opinión pública que su modesto proyecto, presentado por cinco legisladores en la Cámara de Diputados de Santa Fe, proponiendo, entre otras medidas, alejar 1000 metros las fumigaciones de las escuelas y prohibiendo las aplicaciones aéreas, sin haber sido siquiera tratado, perderá estado parlamentario en mayo próximo; es por todo ello que hacemos responsables orgánica y personalmente a todos y cada uno de los integrantes de las administraciones locales, provinciales y nacionales que, obligados por las leyes y la Constitución a preservar la salud y un ambiente sano, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, persistan en priorizar el mercado y los negocios, propios y ajenos.

BASTA DE CÁNCER, NO MÁS NIÑOS, ESCUELAS Y PERSONAS FUMIGADAS - HACIA UNA RURALIDAD SUSTENTABLE

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