La presión sobre los gobiernos

Diferentes representantes de las empresas que producen y comercializan los pesticidas que tanto daño le hacen a la salud de las personas, al ambiente y al futuro de la Argentina, están haciendo un fuerte trabajo de “lobby” en los medios y en los poderes legislativos y ejecutivos de la Nación y las provincias, buscando que se fijen distancias libres de aplicación de pesticidas de 100 metros para las aplicaciones terrestres y 200 metros para las aéreas. Omitiendo por completo que esas distancias han sido refutadas ampliamente por la academia, y que esas sustancias se basan en clasificaciones que ignoran la mayoría de los daños y riesgos crónicos y subletales.

Por ejemplo, Juan Cruz Jaime, Director Ejecutivo de CASAFE, reconoce públicamente que participaron con otras empresas de la mesa que elaboró el documento “Pautas del Ministerio de Agricultura para las pulverizaciones periurbanas” que promueve un máximo de 100 metros libres de pulverización terrestre y un máximo de 200 metros aéreos, tendiendo a 0 metros con las llamadas “buenas prácticas agrícolas” y tecnología adecuada.

También afirma que pretenden una ley nacional de agroquímicos basada en esas “pautas”, trabajando con 26 entidades para llegar a un consenso; que hay anomia en las normativas locales que fijan distancias libres de pulverización sin sustento científico, para lo cual esa ley daría un pretendido “marco científico” para la elaboración de normas provinciales y locales.

Agrega que entregaron el documento junto con la Mesa de Enlace provincial al Gobernador Scioli (Pcia. de Bs. As), quien se comprometió a reconsiderar los 2000 metros libres de pulverización que indica el proyecto que está hoy en su mesa.

Señala que en Entre Ríos lo fueron a ver al Sr. Arleta, presidente de la Comisión de Producción, y que les respondió en los mismos términos.

Que en Córdoba están “trabajando fuerte” y en Santa Fé hay legisladores que consideran el documento de las “Pautas…” pero tienen cuestionamientos dentro de sus mismos partidos políticos.

Y que fueron a ver al Ministro de Agricultura de la Nación, Casamiquela, que los derivó al Secretario de Agricultura Gabriel Delgado, que se comprometió a trabajar en ese sentido.

Además de todo ésto, también abordaron al Senado de la Nación, como refieren otras notas periodísticas.

Cómo se puede ver, un muy importante trabajo de de presión sobre los poderes republicanos, realizado por las empresas que se benefician con la producción, comercialización y uso de los pesticidas, para conseguir que se les permita pulverizar sustancias tóxicas cerca de los lugares donde todos desarrollamos nuestra vida, con restricciones tendiendo a 0 metros.

Ese trabajo de lobby toma como principal referencia el documento “Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Minagri 2013) que aquí revisamos:

Ausencia de ciencia

1.- El documento no discrimina entre productos más tóxicos y menos tóxicos; propone simplemente que las restricciones para la aplicación de los pesticidas sean como máximo 100 metros en forma terrestre y 200 metros aérea. No importa si los productos son muy tóxicos o poco tóxicos, lo que es una propuesta anticientífica y antisocial en sí misma, sin consideración sobre los daños a la salud de las personas.

2.- El trabajo ya comienza con faltas a la verdad en el punto 4, donde dice[2]: “La utilización de fitosanitarios en la producción de alimentos es fundamental y necesaria para producir de manera más estable y eficiente, siguiendo normas de calidad con el consiguiente beneficio para la sociedad y los consumidores” (SIC). Claro que los redactores no tienen vergüenza de citar para ello un trabajo de 1965.

3.- Es ampliamente conocido que los pesticidas producen daño a la salud de las personas y a los ecosistemas, insostenibilidad ambiental social y económica, que en el mediano plazo generan un rendimiento productivo decreciente y tecnologías cada vez más tóxicas, especialmente cuando confluyen en el paquete tecnológico con los cultivos transgénicos (Altieri, Pengue 2006) (Antoniou et al. 2010). Y que los cultivos agroecológicos, por otro lado,  son tanto o más productivos, que se obtienen alimentos sanos, seguridad y soberanía alimentaria, sostenibilidad económica, social y ambiental (De Schutter 2010) (Sevilla Guzmán 2009)

4.- La mayoría de las citas bibliográficas del documento no pueden ser corroboradas, por lo que su referencia es contraria a la ciencia. Por ejemplo, la cita 2 dice: Association of Food and Drugs. 1965. Incluso la cita listada como “14” no aparece indicada en el texto, es decir, no se puede saber de dónde es.

5.- La absoluta mayoría de los datos sobre distancias libres de pulverización que ponen como ejemplos, también carece de referencia bibliográfica que permita corroborarlos, lo que hace que todo el documento sea poco serio; tampoco se conoce si son las normativas más actualizadas de cada uno de esos países. Y tampoco se refieren al contexto productivo, social y ambiental de los países que citan.

6.- La única cita referida a distancias que se pudo referenciar con claridad, es la del Real Decreto 1311/2012, de España, que fija una distancia mínima libre de aplicaciones aéreas de 100 metros. Es una cita lamentable: España es el país más permisivo y criticado por ello de Europa, tanto en lo que hace al uso de pesticidas como a la liberación de transgénicos (de Prada 2013).

7.- Pretende definir lo que es zona urbana y zona rural, sin citar referencias ni tener en cuenta las diversas legislaciones vigentes. No considera siquiera que hay provincias donde está determinada la zona periurbana, como en Santa Fe, y otras clasificaciones territoriales como en la Provincia de Buenos Aires.

8.- Pretende homologar, sin ningún sustento científico, los que denomina “productos fitosanitarios” a cualquier otra sustancia (punto 8), ocultando que se trata de productos de síntesis química, que no existen en la naturaleza, y que son biocidas, lo que significa que fueron diseñados y elaborados para matar.

9.- También carece de legitimidad científica porque ignora que para la regulación de substancias tóxicas se utilizan estudios toxicológicos que no son científicos, ya que fueron realizados y pertenecen a las empresas que producen y comercializan las mismas sustancias tóxicas, por lo que carecen de la necesaria independencia de criterio y poseen un claro conflicto de interés; por otro lado, son confidenciales, es decir, no fueron publicados, por lo que no pueden ser validados por investigadores independientes en estudios que contrasten sus resultados (Lowy 2013).

10.- En la redacción del documento no participaron profesionales médicos que pudieran evaluar el impacto a la salud, ni se tuvieron en cuenta estudios epidemiológicos absolutamente imprescindibles para este tipo de regulaciones.  Claramente, quienes participaron en la elaboración del documento carecen de la competencia profesional en medicina, y tienen competencia absolutamente restringida en temas ambientales y ecológicos, dadas las mismas especializaciones que manifiestan tener. 

Ocultamientos.

11.- El documento oculta los numerosos casos e investigaciones que corroboran la asociación entre los pesticidas y el incremento malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, hipotiroidismo, Alzehimer, Párkinson  y tantos otros daños a la salud que señalan los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas productoras y/o comercializadoras de estos productos.

Los efectos sobre la salud pueden generarse por inhibición de enzimas, generación de radicales libres, compitiendo a nivel enzimático con metales, a nivel de membranas y neurotransmisores, actuando como ligando de exógenos, lesionando el ADN, entre otros (Burger, 2012: 49).

En general los agrotóxicos ejercen su acción sobre moléculas (enzimas, receptores) que los hongos, plantas, insectos y vertebrados comparten, de lo que resulta lógico que los seres humanos suframos, en nuestros organismos, daños similares a los experimentados por esas especies, al entrar en contacto con aquellos, fundamentalmente, si tenemos en cuenta que nuestra especie comparte carga genética con otras, en diferentes proporciones (con especies vegetales hasta un 40%, con insectos y ácaros hasta un 60% y con otros mamíferos hasta un 85%).

Asimismo, los mecanismos de intoxicación pueden ser agudos o crónicos, dependiendo (como ya lo expresamos) de la fuente de contaminación, el medio de ingreso del tóxico al organismo, el tiempo de exposición y la dosis absorbida, entre otros factores.

Existen trabajos que asocian la exposición crónica a agrotóxicos con enfermedad de Parkinson (Seider: 1996: 1275-1284 / Corrigan et al: 2000; 229–234). La Dra. Mabel Burger, en su participación en el 1er Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, compartió trabajos científicos que mostraron aparición de Hipotiroidismo Subclínico (por aumento de la Hormona Tirotrofina) y supresión de la Hormona T3 en personas que manipulan agrotóxicos.

Revisiones bibliográficas permiten apreciar como las exposiciones a distintos tipos de agrotóxicos, se relacionan con alteraciones endocrinas a partir de acciones en la esteroideo génesis, inhibiciones de receptores androgénicos, interferencias con acumulación y liberación de hormonas varias, asi como estimulación de receptores estrogénicos.

Niveles de organoclorados en semen fueron relacionados con disminuciones del número y motilidad de los espermatozoides fueron constatadas en hombres infértiles.

La revista Environmental Research, en su número 80 (299-310), del año 1999, publicó un estudio de Gerhard y colaboradores, en el que se correlacionan niveles de organoclorados con infertilidad femenina.

Otro tipo de problemas de salud, vinculados a este tipo de modelos de producción, como el bajo peso  al nacer y/o menor tiempo de gestación, efectos cognitivos, retardo en el desarrollo psicomotor, vienen siendo constatados por los equipos de salud de las regiones fumigadas.

Trabajos como el estudio colaborativo multicéntrico,  llevado a cabo por un equipo interdisciplinario conformado por ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos, dirigido por el Dr. Alejandro Oliva, realizado entre los años 2004 y 2007 en una región netamente agroindustrial (Alcorta, Bigand, Carreras, Máximo Paz, Pérez Millán y Santa Teresa) y que contó con el auspicio del Hospital Italiano Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la  Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local, y el  INTA (2011), evidenciaron registros de incidencia de cáncer de testículo, gástrico, de páncreas, hepático y de pulmón que superaban en 2 a 8,26 los valores de referencia en áreas no pulverizadas. Cifras similares se encontraron en cánceres de ovario.

En trabajos previos, Oliva (2001), concluía que los pesticidas aumentan los riesgos de disminuciones seminales en 2 a 5 veces en hombres expuestos a estas sustancias de manera crónica, encontrando además aumento de los valores de estradiol, disminución en la Hormona Luteinizante y, en aquellos que manifestaran un contacto habitual con los agrotóxicos, incremento en el riesgo de esterilidad primaria.

Respecto a la teratogenicidad de los diferentes agrotóxicos, Farag y colaboradores (2003: 203-208), Tian y su equipo (2005: 267-271), Sherman, JD (1996: 51-58), confirman la relación existente entre organofosforados y este tipo de patologías. En nuestro País, la Dra. Gladys Trombotto (2009) presentó su Tesis de Maestría titulada “Tendencia de las Malformaciones en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Ciudad de Córdoba en los años 1972-2003. Un problema emergente en Salud Pública”. Dicho trabajo deja al descubierto que sobre 110000 nacidos vivos en ese período de tiempo, hasta el año 1991, el índice de nacidos vivos con malformaciones congénitas era de 16,2 por mil, mientras que en el año 2003, esa cifra había crecido a 37,1 por mil, sufriendo un incremento de mas del cien por ciento.

Datos similares surgen de la presentación que hicieran en el Encuentro de Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, la Dra Ma. del Carmen Seveso, (2010: 7) jefa de Terapia Intensiva del Hospital 4 de junio de la localidad de Roque Sáenz Peña (Chaco), quien expresó la preocupación de los equipos de salud de la zona, quienes vincularon el incremento de casos de malformaciones congénitas en hijos de madres que viven en las áreas de producción agroindustrial, a partir del incremento del uso de agroquímicos en la región. Este perfil de morbilidad, se acompaña de un incremento en la presentación de dificultades para quedar embarazadas así como de abortos espontáneos.

Siguiendo esa línea, la Dra. Ana Otaño, delegada del Ministerio de Salud en Chaco, aportó los resultados del Primer Informe de malformaciones congénitas en el Servicio de Neonatología del Hospital J.C. Perrando de Resistencia, Chaco, a partir del cual queda evidenciado como la incidencia de esas patologías pasó de 19,1 por diez mil nacidos vivos en el año 1997, a una de 85,3 por diez mil en el año 2008, hecho que es coincidente con el incremento en el área de superficie destinado a la producción de soja transgénica que pasó de 110000 hectáreas en el año 1997 a casi 750000 hectáreas en el año dos mil ocho.

El equipo de investigación del Dr. Andrés Carrasco (2010), realizó un trascendental aporte con su trabajo acerca del mecanismo por el cual el Glifosato estaría asociado al incremento de malformaciones congénitas. Según el estudio (publicado por la Chemical Research in Toxicology),  la acción del glifosato sobre el mecanismo de control de los niveles de acido retinoico en el organismo, lo que traería aparejado una dificultad en la expresión de determinados genes, responsables del desarrollo de estructuras craneofaciales y de la línea media de los seres humanos.

Este trabajo permite asociar los incrementos en los casos de malformaciones como labios leporinos, mielomeningocele, sirenomelias, microcefalias, microftalmias, alteraciones de la morfogénesis cardíaca e intestinal que se están transformando en “frecuentes” en nuestro medio.

En una revisión bibliográfica realizada por equipos de la Universidad de McMaster en Canadá,  Sanborn (2007: 53, 1704-1711), establecen como recomendación la reducción de la exposición a todos los pesticidas, en virtud de las asociaciones entre éstos y linfomas no hodgkins, leucemias, así como malformaciones congénitas. Los defectos específicos incluidos fueron reducción de miembros, anomalías urogenitales, defectos del SNC, hendiduras oro faciales, defectos cardiacos y oculares. La misma revisión, encontró que la genotoxicidad (expresada en aberraciones cromosómicas) duplicaba su frecuencia en sujetos expuestos a plaguicidas.

Los riesgos de presentar malformaciones congénitas luego de exposiciones también fueron evaluados en la República del Paraguay. Las Dras. Stella Benitez Leite y María Luisa Macchi, autoras del trabajo “Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos” (2009: 237-247) , y participantes del 1er Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, establecieron que la asociación entre exposición a pesticidas y malformaciones congénitas, es real, y se incrementa en la medida de la distancia que las viviendas de los sujetos guardan con las áreas fumigadas, definiendo los 1000 metros como un registro significativo en esa relación.

Evidentemente, no es escasa la bibliografía científica a nivel mundial, que pone de manifiesto como los individuos expuestos directa o indirectamente a plaguicidas, demuestran mayor posibilidad de desarrollar cáncer, abortos espontáneos o neonatos con malformaciones, tal como afirma entre otros Simoniello (2007: 73-85).

“Los adelantos científicos en la investigación de las consecuencias de intoxicaciones crónicas comienzan a brindar un nivel de información hasta hace poco inconcebible, sobre todo respecto a nuestra capacidad de evidenciar la exposición. Los avances en el equipamiento analítico de laboratorio y en los procedimientos de investigación han facilitado la detección de concentraciones muy bajas de pesticidas y sus metabolitos en casi todo tipo de tejido humano.  De detectar rutinariamente partes por millón (miligramos por kilogramo) y más recientemente hasta tan poco como partes por trillón (pico gramos por kilogramo), ahora algunos laboratorios pueden medir concentraciones de hasta partes por quintillón (femtogramos por kilogramo). El desarrollo de métodos no invasivos de obtención de muestras, tales como la detección de pesticidas y sus metabolitos en orina, posibilitó el monitoreo de exposición pesticida en infantes y niños.  Hoy podemos afirmar con suma certeza que todo niño en el planeta está expuesto a pesticidas desde la concepción, a lo largo de su gestación y hasta la lactancia sin importar cuál fue su lugar de nacimiento”. (Kaczewer, 2002)

12.- Asimismo, el texto oculta información relevante que vaya en contra de los intereses de sus promotores, todos pertenecientes al mismo conglomerado de intereses. Como que en la Unión Europea la Directiva  128 del Parlamento  y del Consejo  Europeo del 21 de octubre de 2009, dispone que los Estados miembros garantizarán la prohibición de las pulverizaciones aéreas (Art. 9). Esta prohibición se sustentan en que, como lo especifica el considerando 14: “La pulverización aérea de plaguicidas puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente, sobre todo por la deriva de la pulverización. Por tanto, la pulverización aérea debe prohibirse en general, con posibles excepciones en los casos en que presente claras ventajas en términos de menor impacto en la salud humana y el medio ambiente en comparación con otros métodos de pulverización o cuando no haya ninguna alternativa viable, siempre que se empleen las mejores técnicas disponibles para reducir la deriva.”  También oculta que la misma directiva promueve taxativamente la gestión integrada de plagas (Artículo 14), destacando que “La gestión integrada de plagas resalta el crecimiento de un cultivo sano con la mínima alteración posible de los agro ecosistemas y promueve los mecanismos naturales de control de plagas.”

Ausencia de legitimidad política

13.- Quienes fueron consultados y participaron de la elaboración del documento son un grupo de personas jurídicas cuyos integrantes tienen intereses directos de gestión, profesionales y/o económico-empresarios en la aplicación de pesticidas, conformado por  el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (MAGyA) de la provincia de Córdoba, la Comisión Federal Fitosanitaria (CFF), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), la Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas (FeArCA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

· los consumidores que compran, llevan a sus casas e ingieren junto con sus hijos alimentos que tienen pesticidas y sustancias transgénicas la mayoría de las veces sin saberlo, y si lo saben sin tener otra alternativa a su alcance ,