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900 piezas arqueológicas podrán integrarse al Registro Nacional de Bienes Patrimoniales del Ecuador
DCS Marco A. Guerrero G.
mguerrero@culturaypatrimonio.gob.ec

En rueda de prensa, Francisco Velasco, Ministro de Cultura y Patrimonio señaló que por primera vez se ha suscitado un precedente histórico con respecto a la protección de los bienes patrimoniales ecuatorianos. La Corte Constitucional resolvió la acción extraordinaria de protección planteada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dejando sin efecto el auto de sobreseimiento de los procesados en el caso “Avilès-Marcillo”.

En 2006 la Interpol detectó indicios de tráfico ilícito de piezas arqueológicas en Miami y en Guayaquil, por lo que inició una investigación producto de la cual se incautaron 900 piezas que pasaron a la custodia del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Casi inmediatamente, el INPC inició un proceso en contra de cinco acusados domiciliados en Guayaquil por el delito de tráfico ilícito. En los medios de comunicación, el caso fue conocido como “Avilés Marcillo,” en referencia a los apellidos de la familia acusada.

Cuatro años después de iniciado el proceso, el 14 de mayo de 2010, en una decisión insólita y lesiva para los intereses del Estado ecuatoriano, los conjueces de la Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas dictaron auto de sobreseimiento definitivo del proceso y de los procesados, es decir que los jueces no encontraban delito alguno. Aún más, la sala calificó de “temeraria” y maliciosa la denuncia del Estado.

“Estas piezas extraordinarias e invalorables forman parte de nuestra historia y de nuestro sentido de nación. Deben estar en los museos nacionales” aseveró el Ministro.

El 26 de septiembre de 2013, la Corte Constitucional ha decidido dejar sin efecto la decisión de la Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas y con ello ha creado un precedente importante y decisivo en materia de delitos de tráfico ilícito, pues se ha establecido que el Estado Ecuatoriano tiene la preeminencia y prioridad en la posesión de los bienes patrimoniales del país, tanto de los que están en la superficie como de los que se encuentran bajo la tierra.

“El tráfico ilícito de bienes patrimoniales es el segundo negocio más jugoso y  se deben tomar medidas para controlar este tipo de hechos que atentan contra el acervo cultural nacional” señaló el Ministro Velasco.

Lucía Chiriboga, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) señaló que la familia Marcillo planteó 5 juicios en contra del INPC que asciende a la suma de 22´000.000 millones de dólares. “Gracias al dictamen de la Corte Constitucional quedaron sin efecto” dijo.

Ahora, estas 900 piezas que son parte del patrimonio arqueológico del Ecuador están bajo la custodia del INPC para su conservación, preservación y promoción. Los ecuatorianos podremos disfrutar de estas piezas para el enriquecimiento y reafirmación de nuestra identidad cultural.

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