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Oscuridad
del alma Gloria Cepeda Vargas |
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El
14 de octubre de 2010 ocurrió en la Vereda Caño Temblador, municipio de
Tame en Arauca, el asesinato de tres niños y la violación de uno de
ellos. Hasta ahora el único autor visible de este delito
calificado como de “trascendencia nacional e internacional” y
presuntamente cometido por miembros de la Brigada Móvil No. 5 del Ejército,
es el subteniente Raúl Muñoz Linares. Dicen
los medios de comunicación que el hecho ha “despertado indignación a
nivel nacional e internacional”; el Presidente de la República y el
Ministro de Defensa truenan, el Defensor del Pueblo se hace cruces y los
altos mandos del ejército ofrecen depuración e investigaciones
“exhaustivas”, entre la recompensa de quinientos millones de pesos
ofrecida por el gobierno y el dolor innombrable de un padre campesino,
quien no entiende por qué desaparecieron de manera tan vil tres de sus
hijos: Jenny, de 14 años; Jimmy, de 9 y Jefferson de 6, para aparecer
después degollados y torturados en una fosa común, a cien metros del
lugar donde habían acampado tropas de la Octava División de nuestro
glorioso Ejército Nacional. El
supuesto asesino es acusado también de violar a Jenny, una de las pequeñas
víctimas. Él, en su ignorancia y absoluta carencia ética, confiesa
haber violentado carnalmente a ella y a otra vecinita de trece años, y
asegura que la relación fue “consentida por las niñas” pero niega
haber asesinado a los pequeños. José
Torres, padre de las indefensas víctimas, abandonó la parcela que
representaba su modus vivendi ante
la avalancha de siniestras amenazas proferidas por miembros del ejército.
Y para “colmo/ de
peras en el olmo”, como dijo el tuerto López, el Comité Permanente
para la Defensoría de los Derechos Humanos, denuncia ante la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría
del Pueblo y las organizaciones defensoras de derechos nacionales e
internacionales, las maniobras dilatorias de la defensa del subteniente Raúl
Muñoz, que han impedido desarrollar con normalidad la audiencia
preparatoria sobre el horrendo crimen. Como muestra esta perla: en menos
de cinco meses, Muñoz ha tenido cuatro abogados. Por
otra parte, la representación judicial, en este caso a cargo de la
Defensoría Militar Integral
(Demil), dice no entender por qué con los aportes militares, consistentes
en un porcentaje de su sueldo, los militares pagan la defensa de Muñoz,
cuando están expresamente excluidos los delitos sexuales. Es decir
apreciados compatriotas: querámoslo o no, estamos cubriendo con parte de
nuestro peculio, la protección de una alimaña que avergüenza el
gentilicio y ultraja la dignidad nacional. Y como final del sainete,
asesinan a la juez del caso, Gloria Constanza Gaona, quien además llevaba
delicados procesos judiciales contra el ejército. Todo el que se forma ¿o deforma? en el manejo de las armas, es un asesino en potencia. Disponer impunemente de la vida ajena y en nombre de la ley, es la brecha por donde se escapa el derecho y se introducen el miedo y la infame costumbre. Es la hora en que Colombia debería arder de indignación, gritar, marchar, sentirse madre y padre de esos niños bárbaramente eliminados. No es solamente una familia campesina ultrajada hasta el alma. Somos todos, unos por hipócritas y cobardes, otros por serviles y negligentes. |
Gloria Cepeda Vargas
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