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Conocimiento y Estado republicano
Juan Andrés Cardozo
galecar2003@yahoo.es

En el proceso de transición democrática, aún no culminado, la construcción de un “Estado racional” debió ser prioridad. El concepto fue acuñado por Max Weber, para definir un tipo de Estado “como asociación de dominio institucional con monopolio del poder legítimo”, pero también como “dirección política” y “burocracia eficiente”, en tanto aparato, maquinaria, empresa.

El Estado racional supone la superación de las formas anacrónicas de organización del poder: las absolutistas providencialistas, las autoritarias patrimonialistas, y las no aún institucionalizadas y estructuradas en calidad de democracia republicana.        

En el Paraguay hemos pasado y todavía convivimos con estas tres formas desfasadas de poder estatal o monopólico. Empezamos con Francia, que continuó con el sistema absolutista potsmonárquico. El absolutismo se prolongó con los López, pero con un giro regresivo hacia el poder parimonialista. Y luego, tras el fracaso del Estado liberal y de la “revolución febrerista”, se entronizó el período militarista. Con la imposición fascista, volvimos a la apropiación por los que detentan el poder del patrimonio público e incluso privado.        

El legado patrimonialista sobrevive, aun con la alternancia en el Ejecutivo. Es la inercia de que el poder sirve para quienes acceden a él, no para la institucionalidad republicana. No contribuye todavía para cumplir con los compromisos postergados de la representatividad ni para construir una estructura de inclusión pluralista y de justicia social. La visión del poder es la consecuencia del interés personal, de la simple intuición, rara vez del conocimiento. No es casual, por lo mismo, la pervivencia de los vicios patrimonialistas, ni la reaparición mesiánica de que se obra por voluntad divina, sin la inquietud de la conciencia por los errores o las arbitrariedades.

El Populismo y la ciudadanía

Mientras, el Legislativo ejerce el poder para beneficio preferente de la “clase política”, y el Ejecutivo para los titulares de la burocracia y de nuevo en un marco de nepotismo sin pudor.

Frente a los principios ya enunciados por Montesquieu, que consagran la separación e independencia de los Poderes del Estado, los mandatarios se afanan por demostrar la oposición binaria de la política, que Karl Schmitt define como amigo/enemigo. ¿Esa oposición es ideológica? En el nivel del poder no alcanza a identificarse, pues la aparente diferencia entre conservadores y populistas carece de fundamentos ideo-políticos. El populismo, según Francisco Beffort,  manipula al “pueblo” para desde el poder ahondar aún más la pobreza. O a la “ciudadanía”, como señala Jacques Rancière, ignorando que la palabra proviene de Polis, Ciudad, a objeto de distinguir que solo son ciudadanos aquellos que tienen la cultura normativa de la civilización urbana y las virtudes de la ética y la estética de la urbanidad.

La construcción del Estado racional

No se construye el Estado racional sin edificar la “estructura y la fábrica” de un país en movimiento y transformación, con la capacidad de autosustentarse, competir y prosperar en el plexo de una autonomía efectiva. Su rol es autoconsagrar la realización del conjunto de la sociedad para sus propios fines. Para el efecto, hay que pensar desde el espacio del poder acerca de su intraespecificidad, de su necesaria autoconfiguración histórica, para ser también un actor social con dominio de sí mismo, representatividad legítima y burocracia eficiente. Y, en esa condición, intercambiar con el mundo, incorporando todo cuanto conviene a su desarrollo y contribuyendo al orden internacional.

Nuestro atraso deviene entonces de esa recurrente privación de ese pensar.

Es que el conocimiento “objetiviza” la acción. La emplea para sus fines de verdad consensuada, de utilidad intersubjetiva, al decir de Kart-Otto Apel. Así el Estado democrático no será concebido solamente como la organización legítima del poder, sino como la cotidiana función socializadora de la justicia, de la libertad y del derecho de todos al disfrute del bienestar.

Y esta función es imposible sin una Dirección Política (ejecutiva y legislativa) competente para alumbrar el presente con los artefactos conceptuales de la Filosofía, del Derecho y de la Ciencia Política. El saber se hace indispensable, pues hay un Código Público que debe ser elaborado e interpretado. En su ausencia, un “código” fáctico, improvisado con actos contradictorios y  confrontacionales, distrae y elude la responsabilidad del poder. Y priva a la sociedad de la cooperación pública que requiere para trabajar por un mejor país.

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