Resumen: El estudio de la conflictividad social durante el largo período franquista permite acercarnos al análisis de las necesidades de aquellos que estuvieron dispuestos a movilizarse para conseguir sus reivindicaciones, observar las formas de articulación socio-política de que se dotaron los movimientos sociales que la compulsaron, así como contribuir a la definición teórica del régimen franquista.

La conflictividad laboral, estudiantil y vecinal, condicionada por el propio comportamiento del régimen y la ascendente politización de la sociedad española, constituyó un instrumento de primer orden para la consecución de mejoras materiales y sociales, que permitió a los trabajadores dar un salto de calidad en sus condiciones de vida. Igualmente, la conflictividad social y la acción de grupos antifranquistas, si bien no provocaron el derrumbe de la dictadura, si contribuyeron decisivamente a erosionarla, a tal punto que en 1975 la alternativa continuista aparecía como inviable.

Los regímenes fascistas surgidos en Europa resultaron ser la alternativa a la crisis del liberalismo y al peligro de revolución social en el contexto de la crisis económica y política posterior a la Primera Guerra Mundial y al triunfo de la Revolución Socialista en Rusia.

En un marco de importante radicalización y movilización socio-política los regímenes fascistas afianzaron el orden social capitalista, resultando ser esta su "misión histórica".

En la conformación de un "Nuevo Orden -objetivo prioritario del nuevo régimen- utilizaron nuevos instrumentos de acción política que le aportaban una nueva dimensión al aparato del estado, a la vez que intentaban generar un consenso social favorable. De ahí las políticas económicas renovadoras y modernizadoras puestas en prácticas.

La determinación desde el punto de vista teórico del régimen nacido en España el 18 de julio de 1936, ha dado contenido a una prolífera polémica historiográfica en los últimos años en España. La posición concluyente de fascismo si, fascismo no, ha resultado ser definitoria, a la vez que ha generalizado la tendencia a estudiar la historia del Nuevo Estado asumiendo de forma algo restringida el concepto de política. De forma lineal y considerando las argumentaciones básicas, se expresan tres posturas. La primera de ellas concluye que el régimen franquista, no puede ser catalogado como régimen fascista, dado el mínimo papel del partido en la estructura del estado y la carencia de un proyecto de "comunidad nacional"[1] . El segundo criterio historiográfico se acerca a la conclusión que define al régimen franquista como un régimen autoritario y no fascista, en tanto estaba identificado con su creador, Francisco Franco, e influido por diversas familias ideológicas, con énfasis especial en el protagonismo de la Iglesia Católica.[2]. Para ello se basan en el establecimiento de una "Dictadura por la gracia de Dios" y el fundamento nacional-catolicismo del Nuevo Estado en sus primeros años. El último criterio interpretativo fija su atención no solo en los aspectos yuxtapuestos de los distintos regímenes fascistas, sino en los que tuvieron en común[3].

A propósito de esta polémica, considero que seria más objetivo dejar "hablar" al régimen por sí solo en lugar de tratar de encasillarlo teóricamente, pues hay que considerar los contextos y condicionamientos históricos. Curiosamente, pese a la abiertamente reconocida política reaccionaria del franquismo, los análisis históricos se han focalizado en los componentes más inmediatos de su política. Tales son los casos de la contrarreforma agraria o la represión. La proliferación de estos estudios contrasta con el déficit de publicaciones acerca del funcionamiento del régimen franquista. Un ejemplo de ello es el problema del caciquismo, el cual prácticamente ha estado ausente en las investigaciones, problema considerado como el cáncer del sistema de la Restauración y que se diluye en los estudios historiográficos del periodo.

"¿Hemos asumido quizás que el franquismo no tiene nada que ver o que incluso efectivamente resuelve el problema de la vieja política? (...) ¿Acaso fue Franco el cirujano de hierro y FET-JONS su bisturí? La Nueva España ¿fue en efecto un corte aséptico con el pasado de decadencia, corrupción y amiguismo político?".[4]

 

Eliminar las insuficiencias investigativas y obtener resultados que converjan hacia la definición del franquismo, supondrá la puesta en práctica de nuevos y mayores estudios sobre los ayuntamientos, gobernadores civiles y su política, la construcción de los sindicatos oficiales, la distribución de recursos, el impacto de la corrupción y la movilización política, entre otros. Todo ello debe hacerse a nivel local pues las intenciones de las élites centrales del régimen no siempre fueron coincidentes con la realidad cotidiana de la periferia peninsular.

Justamente este trabajo se propone hacer un balance historiográfico aproximado acerca de los estudios referidos a los conflictos y movilizaciones socio-políticas abordados en la historia social posfranquista, considerando el señalamiento anterior de que los estudios históricos sobre el franquismo no son homogéneos, sino que presentan importantes desbalances. Así se observa que con especial interés se ha estudiado la primera etapa franquista y particularmente desde sus orígenes de la guerra civil hasta los años cuarenta, aunque siempre o casi siempre desde una perspectiva política o sociológica. Significa que un considerable número de investigadores se han ocupado del análisis de la represión franquista, la oposición al régimen, en no pocos casos, en el ámbito regional, sin que se logre una real articulación entre lo local y nacional, entre el centro y la periferia peninsular.

Más pobre resulta ser la historia social del período, aunque el progresivo acceso a fuentes primarias tales como la documentación gubernamental, fondos de Falange Española Tradicionalista (FET de JONS) -luego Movimiento Nacional- así como de la Organización Sindical Española (OSE), ha estimulado la investigación científica. A ello se unen los trabajos de ordenamiento de fondos en algunos archivos históricos provinciales y municipales y la creciente atención a las fuentes orales, decisivas para el estudio de múltiples aspectos de la trayectoria de la sociedad española en ese largo periodo de 1939-1975.

Dentro del contexto de la historia social, el estudio de la conflictividad social[5] durante el periodo franquista, se torna un tema relevante, pues permite conocer las necesidades de aquellos que estaban dispuestos a movilizarse para lograr sus reivindicaciones, a la vez que observar las formas de articulación socio-políticas de que se dotaron los movimientos sociales que las impulsaron. De ahí que la historiografía española más contemporánea, haya devenido centro de análisis y reflexiones en los últimos años, tanto por parte de historiadores como de sociólogos.

El aspecto mejor estudiado dentro de las manifestaciones de conflicto social, ha sido el laboral, lo cual no significa que exista un estudio acabado y riguroso del mismo. Varios investigadores se acercaron con objetividad en la década pasada, tratando de ofrecer una visión de conjunto acerca de las transformaciones experimentadas por la clase obrera y el papel que la conflictividad laboral jugó en la evolución de la sociedad española. Entre ellos se destaca David Ruíz con el libro colectivo, "Historia de las Comisiones Obreras. (1958-1988), Siglo XXI, Madrid, 1993, en el cual la conflictividad aparece con un importante protagonismo, aunque abordada en el marco del "resurgimiento" de la organización obrera. Igualmente, existen estudios en revistas y textos que dedican especial interés al análisis particular de la actividad del movimiento obrero en algunas regiones como Galicia, Barcelona, País Vasco, tales como el trabajo de Balfour "La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona. (1939-1988)"; Valencia, 1994, y el de Ibarra "El movimiento obrero en Vizcaya: 1967-1977. Ideología, organización y conflictividad.". Bilbao, 1987. De ellos se puede concluir que el sindicalismo vertical y la legislación laboral, en el contexto de una amplia estructuración represiva, aseguraron sin duda, la subordinación de los trabajadores a los empresarios, y durante algún tiempo, el inmediato aplastamiento de las tímidas formas de protestas, con la consiguiente pasividad y silencio. Más, ello no resultó equivalente a la aceptación del régimen, sino que fue la resultante del miedo y de la percepción de indefensión ante el mismo.

Las investigaciones señaladas resaltan cómo el control cuasi cuartelario de la vida laboral no pudo mantenerse, no obstante ello, indefinidamente. En la década de los cincuenta el malestar acumulado por las duras condiciones de vida durante más de quince años, y el inicio de un cambio generacional que incorporó a la vida laboral a jóvenes sobre los cuales no pesaba el recuerdo de la guerra civil, la segunda guerra mundial y la postguerra, provocaron estallidos de protesta obrera. Pero a diferencia de lo que sucedió a partir de 1962 –momento en que se regularon por decreto los conflictos laborales[6]- los mismos fueron irregulares y tuvieron un coste represivo altísimo, a pesar de que su importancia suele ser mayor de que la se le ha asignado habitualmente en la historiografía.

Por otro lado se demuestra que, ya para los años cincuenta se encontraban esbozadas las características del "nuevo" movimiento obrero, que se consolidaría en la década siguiente. Ello se expresó en la utilización de los sindicatos oficiales a través de la ocupación de la figura de enlace sindical y jurado de empresa; el planteamiento de reivindicaciones elementales, ampliamente compartidas por la mayoría de los obreros y que pudieron ser satisfechas en el seno de la empresa, lo cual comportó un clima superador del miedo y creó las condiciones para la solicitud de demandas mayores. Finalmente, en la formación de "comisiones" elegidas directamente por los trabajadores para plantear reivindicaciones ante la dirección empresarial.

Tan importante resultó ser la movilización de la segunda mitad de los cincuenta, que permitió a los trabajadores recuperar por primera vez el poder adquisitivo de preguerra, convirtiéndose esto en un elemento relevante que influyó en las condiciones de la política económica, y por tanto laboral, adoptada en momentos en que el régimen ya había logrado la aceptación internacional[7] y el inicio de cierto crecimiento económico, lo cual era incongruente con las medidas de la primera mitad de la década.

El acceso a las fuentes documentales, junto a la historia oral ha permitido a los investigadores afirmar que desde 1962 y hasta la muerte de Franco en 1975, la conflictividad fue en ascenso, fenómeno explicable si se consideran las transformaciones económicas y sociales que tuvieron lugar en los años del "milagro económico"[8] y posteriores. De un lado, el crecimiento económico hizo posible la plena ocupación, aunque con costes humanos elevados: la migración interna y externa. La oferta de trabajo, a su vez alimentó la expectativa de mejorar rápidamente las condiciones de vida, estimulada igualmente por los contactos personales con aquellos que emigraron a Europa, el turismo y las imágenes difundidas por los medios de comunicación, que rompían en medida considerable, las normas de comportamiento individual y colectiva impuestas por el régimen franquista y refrendadas por la iglesia católica.

De otro lado, se produjo una aceleración de la transformación social. El fenómeno migratorio fue de tal magnitud que alteró de forma decisiva la estructura social. Puede así hablarse de "una nueva clase obrera" de la misma manera que de "una nueva clase media". En determinados casos la clase obrera era totalmente nueva, porque en algunas regiones la actividad industrial hasta entonces había tenido un lento desarrollo –ejemplo paradigmático entre las grandes concentraciones urbanas fue Madrid- Pero era también cualitativamente nueva en otras regiones de larga tradición industrial como Cataluña y el País Vasco. La llegada de cientos de inmigrantes diversificó la composición de la clase obrera, de la cual se desgajaron muchos trabajadores que, dada su mayor calificación y conocimiento del mercado de trabajo, pudieron abandonar las tareas manuales, aunque como se conoce el crecimiento económico sostenido de los años sesenta, ofreció, durante un tiempo, nuevas oportunidades de trabajo a los inmigrantes, fundamentalmente a los más jóvenes. El estudio de Balfour ya mencionado se dedica a analizar las características de la nueva clase obrera en Barcelona, afirmando que más que la guerra civil fueron los cambios inherentes al desarrollo económico los que rompieron la continuidad del movimiento obrero y modelaron nuevas formas de organización colectiva en correspondencia con las necesidades del momento, siendo aquellas en última instancia, las que determinaron la diversidad de las protestas obreras. Empero, ello no debe ser asumido acríticamente en el análisis de los conflictos laborales de manera general, pues se dieron rasgos particulares, distintivos, en cada región de España.

Siguiendo la historiografía, otra cualidad se suma a la clase obrera y la hace "nueva" en estos años. Es esta su cultura. Al margen de la ruptura en la organización obrera como consecuencia de la represión franquista, hay que considerar los cambios en la organización del trabajo y en las necesidades generadas por la sociedad de consumo, por muy incipiente que aún fuese esta en los años sesenta. El resultado de este proceso fue que la cultura obrera de los setenta no tenía relación inmediata con las tradiciones de preguerra, lo que originó las nuevas formas de organización colectiva y la atomización de las protestas.

Fue justamente esta "nueva clase obrera" la que se movilizó por reivindicaciones relativas a mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo o por desacuerdos con decisiones patronales. Pero aunque la mayoría de los conflictos laborales tuvieron su origen en peticiones laborales, su politización se producía de manera casi inevitable, pues el marco legal e institucional existente, impedía que los trabajadores pudieran defender sus reivindicaciones. De tal manera, la práctica de los movimientos huelguísticos, implicó no solo el cuestionamiento del marco legal sobre el que se sustentaba el régimen político, sino también su legitimidad política. Consciente de ello, las autoridades al explicar la existencia de las huelgas señalaban: "Un conflicto laboral es siempre un problema político y de orden público [...]"[9]. Esto indica que desde su posición comprendían que se enfrentaban a un conflicto de "orden político", que solamente podía resolverse en este contexto. De ahí que en lo que en la democracia burguesa se considera el ejercicio de un derecho, en el contexto de una dictadura como la franquista, asuma un contenido plenamente desafiante del propio régimen. Sin duda en los marcos del franquismo la historiografía tenía que distanciarse de estos análisis, más hoy de su objetividad depende que aflore la verdad histórica.

Los estudios actuales acerca de la problemática obrero-patronal señalan cómo la respuesta habitual de los patronos ante las actitudes reivindicativas de los obreros, que conllevaran a paralización de la producción, disminución del rendimiento u otras formas menores de protesta, era la aplicación de la legislación que les otorgaba amplios poderes sancionadores de la "indisciplina" de los obreros. Esto podría obtener dos respuestas: cortar el conflicto de raíz o extenderlo y radicalizarlo. La primera fue mas frecuente en los sesenta y en aquellas regiones y empresas donde los trabajadores eran más débiles. La segunda se fue imponiendo en los setenta, demostrando que las actuaciones represivas, eficaces a corto plazo, contribuyeron a la larga, a la radicalización de las actitudes de un creciente segmento de los trabajadores, a la extensión de la solidaridad y a una relativa socialización antifranquista.

Por otro lado, los estudios historiográficos muestran cómo en la amplitud de las movilizaciones socio-políticas influyó determinantemente el crecimiento de la organización obrera de los años sesenta y sobre todo de la primera mitad de los setenta. Esta organización obrera descansaba en la militancia nutrida fundamentalmente de jóvenes, que fueron quienes impulsaron los conflictos ante la negación de derechos provocados por empresarios y franquistas. Esta militancia se polarizó, básica, aunque no exclusivamente, en torno a Comisiones Obreras (CCOO)[10], las que se configuraron como un movimiento socio-político, cuyo objetivo era luchar por la consecución de las reivindicaciones políticas que significaban el logro de las libertades democráticas.

Como ya se señaló, en 1962 se habían regulado los conflictos de trabajo, al menos en un sentido formal (decreto 2354/1962, 20 de septiembre). En el preámbulo del decreto se señalaba "que la anormalidad en las relaciones de trabajo, así en las individuales como en las colectivas, aún siendo una situación ocasional, excepcional, limitada y transitoria, es, sin embargo, un fenómeno con el que el ordenamiento jurídico tiene que contar y ha de regular"[11] , lo que suponía el reconocimiento de los mismos, dado que el desarrollo de la negociación colectiva había implicado la posibilidad de que no se multiplicaran las situaciones conflictivas, sustentadas en la confrontación de intereses. Se basaba en un lento, pero importante cambio en materia legal, dada la necesidad de desarrollar la Ley de Convenios Colectivos Sindicales, aprobada en 1958 (24 de abril) aceptando una tímida autonomía colectiva en el ordenamiento de las relaciones laborales.

Otro acto legal importante y demostrativo del nivel que tomaba la conflictividad laboral fue la modificación del Fuero del trabajo en 1967[12], dictaminando que "los actos ilegales, individuales y colectivos, que perturben de manera grave la producción o atenten contra ella, serán sancionados con arreglo a las leyes". De esta forma, ya las huelgas no eran consideradas de lesa patria, como en el decreto original (1939).

Estos dos decretos (regulación de los conflictos laborales y modificación del fuero del trabajo) implicaron un reconocimiento de las huelgas que no alterasen "gravemente" la producción; sin embargo, las normativas se ampliaron más entre 1970 y 1975 (decreto 1367/1970 y decreto ley 5/1975), afirmándose que los conflictos colectivos formaban parte de la realidad económica y social, a la vez que consideraban la autonomía sindical como la forma de solución a los mismos. Así, al reconocerse en un texto legal las huelgas, se reconocía, de hecho, la existencia del conflicto, asistiéndose a una crisis de identidad del modelo oficial de relaciones laborales, basado en la armonía social. De tal manera, este reconocimiento "legal" del conflicto en su relación causa-efecto, sirvió de marco a la formación de la "nueva" clase obrera, junto a la entrada de nuevas generaciones de obreros sin experiencia organizativa anterior, generadora de cambios favorables al incremento de la protesta. Significaba que el cambio en la composición de los actores sociales y su presencia en el medio, resultó ser un factor decisivo para explicar el incremento del número de huelgas, las cuales se generalizaron entre 1962 y 1975, aunque se alargaron hasta la llegada a la Presidencia de Adolfo Suárez en junio de 1976, añadiendo a las reivindicaciones laborales las demandas políticas, fundamentalmente el reconocimiento de sindicatos democráticos, evidenciando una notoria tendencia a la politización. Algo destacable en este movimiento huelguístico fue, no solo su amplitud, sino también las muestras de solidaridad que recibió de intelectuales y políticos, como Ramón Menéndez Pidal, Camilo José Cela, Pedro Lain Entralgo, José María Gil Robles, los que solicitaron al gobierno una política informativa "leal" y la renuncia a los métodos autoritarios para hacer frente a sus diferencias con los obreros.

Otros movimientos sociales que resaltaron en el periodo franquista, tales como el movimiento estudiantil y el vecinal, han sido menos estudiado por historiadores y más por politólogos y sociólogos. Vale mencionar aquí los trabajos de Colomer "Los estudiantes de Barcelona contra el franquismo" Barcelona, 1978 y de Maravall "Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo", Madrid, 1979. Según sus análisis el movimiento estudiantil tuvo siempre un carácter político, pero su impacto resulta difícil de entender al margen de los cambios sociales que tuvieron lugar en los años sesenta: la extensión de la enseñanza superior que ensanchó la base social universitaria, la ruptura generacional, el repudio a la sujeción femenina y el cuestionamiento de las normas sociales, procedentes mayoritariamente de la moral católica.

En consecuencia, el movimiento estudiantil, impulsado por una militancia antifranquista, minoritaria en términos numéricos pero muy activa, mostró en el segundo lustro de la década de 1960, una gran capacidad de movilización y aunque la represión logró acabar con los sindicatos democráticos que se crearon, los recintos universitarios devinieron focos permanentes de contestación, desórdenes y socialización antifranquista, lo cual llegó incluso a sectores de la población distantes hasta entonces de actitudes políticas.

Causa similar, según la historiografía, tuvo la conflictividad vecinal en tanto respondió a los cambios sociales de la segunda mitad del período franquista. El crecimiento espectacular de las ciudades polarizado por la inmigración y la desidia política con relación al fenómeno especulativo, junto a la subordinación de los poderes locales a los grupos económicos más importantes[13], provocaron que barrios enteros crecieran sin planificación alguna y carentes de los servicios públicos más elementales. Estas fueron las causas principales de la aparición de movimientos de protestas y reivindicaciones a partir de los años sesenta, particularmente dinámicos en aquellos con grandes déficits de servicios y urbanísticos, constituyendo un componente de socialización democrática, participativa y antifranquista.

Del balance historiográfico relativo a los conflictos y movimientos sociales abordados por la historia social más contemporánea puede concluirse que en la segunda mitad del periodo franquista, crecieron en España importantes movimientos que articularon las protestas y la movilización social, los cuales a su vez crecieron a partir de ellos. Sin embargo, no siempre la historiografía aborda las consecuencias socioeconómicas y políticas de esta conflictividad y en consecuencia, movilización social e inviabilidad de la dictadura resultaron dos procesos no relacionados[14]. Con frecuencia se observa que en los trabajos de síntesis y explicaciones divulgativas la tendencia que regentea suele otorgar un escaso contenido político a la movilización social. Tal es el caso del trabajo de Fusi "La reaparición de la conflictividad en la España de los sesenta", Barcelona, 1986.

Para quienes abordan estos fenómenos de manera interrelacionada y estableciendo su interdependencia, el elemento fundamental en la transición democrática estuvo en el proceso de "modernización" de la sociedad española, en el cambio de la estructura de clases y el consecuente florecimiento de una cultura democrática, así como en la consolidación de un aparato estatal que adquirió autonomía y que vinculó su estabilidad al cambio de régimen[15]. En tal caso el autor que mejor ha interpretado este proceso es Santos Juliá en "Orígenes sociales y políticos de la democracia en España". Barcelona, 1991.

Ciertamente, los factores, actitudes y actuaciones, deben ser considerados para explicar la dinámica social en el período, pero no son suficientes. De una parte tienden a ofrecer una imágen relativamente homogénea de la sociedad española que era irreal en tanto la conflictividad social asumió un protagonismo importante en regiones como Cataluña y País Vasco e incluso en Madrid, al margen de que fuese prácticamente nula en otras regiones. Ello evidenciaba que si bien el régimen se transformaba en sus formas externas, su esencia continuaba inmóvil. De otra parte, sin dichos movimientos no es posible explicar la asunción por amplios sectores de la sociedad de las reivindicaciones democráticas, uno de los elementos esenciales para el cambio político.

Circunscribiéndonos al ámbito obrero, es incuestionable que en los sesenta, el motor de la conflictividad fue el crecimiento de las necesidades primarias de los trabajadores porque incluso en la década siguiente y dentro de un contexto de plena ocupación, se mantuvo la disponibilidad para la movilización por incrementos en el poder adquisitivo y mejores condiciones de trabajo, aunque esto difería en el conjunto de las empresas, dependiendo del grado de compromiso sindical de sus trabajadores, en tanto este compromiso era sinónimo de compromiso político.

Otra cuestión de consideración es el grado de politización de la sociedad española, lesionada en medida importante pues las experiencias democráticas habían sido breves y traumáticas y la dictadura se había encargado de destruir la organización política y sindical impidiendo la transmisión de la cultura política del primer tercio de siglo, amén de las críticas permanentes a la experiencia republicana, presentada como una práctica antipatriótica. A pesar de ello, el "nuevo" movimiento obrero y estudiantil al que hicimos referencia, estuvo vinculado a la supervivencia de tradiciones republicanas y de izquierda, aunque no fueron simples continuadores de las viejas organizaciones ya que estas, en el contexto de la violencia y represión franquista, o se habían extinguido como la CNT[16], esperaban mejores tiempos como la UGT[17], o habían sufrido una ruptura generacional como fueron los casos de los Partidos Comunista y Socialista Obrero Español.

Así, por ejemplo, en el movimiento obrero, los nuevos militantes, adecuándose a las condiciones del régimen, desarrollaron un esquema de actuación flexible, en el cual el primer plano lo ocupaban las reivindicaciones laborales, concensuados en la propia empresa a través de asambleas. Ello predeterminó que, aunque la mayoría de los obreros movilizados no tuvieron un compromiso militante, muchos estuvieron dispuestos a participar en acciones promovidas por CCOO, pero la mayoría militante sí estaba consciente de que la conflictividad laboral no solo era el instrumento para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros, sino también el vehículo más eficaz para avanzar en la politización antifranquista. Ello generó un círculo vicioso en tanto la movilización permitía el incremento de la militancia, que a la vez repercutía en la conflictividad.

Por su parte, la dictadura fue incapaz de romper con este círculo, lo cual le significó un coste insuperable y sus intentos de aplastamiento mediante el uso de la fuerza demostraban que "la modernización" socioeconómica no había modificado la esencia del régimen. De tal forma, cuando en los inicios de los setenta, la política exterior franquista se esforzaba por mantener la aceptación internacional –alcanzada en la segunda mitad de los años cincuenta e inicios de los sesenta- el régimen mostraba su cara represiva para contener las protestas obreras o para eliminar sus formas autónomas de organización, generando rechazos, protestas y condenas internacionales. Obviamente, para los franquistas la violencia no tenía cuestionamiento, como sí la tenía la conflictividad social, en tanto era una quiebra de su "legalidad", "su orden", e incluso "su paz", identificados justamente con la ausencia de conflictos sociales. Es este pues un ángulo del problema que requiere de atención, profundidad de investigación y análisis comparado ya que puede contribuir o aportar a la solución de la polémica existente acerca de la definición teórica del régimen franquista y con la cual iniciamos este trabajo, pues puede llegar a determinar el nivel de apoyo logrado y consensuado alrededor del proyecto "nacional".

A modo de conclusión, puede señalarse que la historiografía más reciente sobre el franquismo, distante más de dos décadas del régimen, al abordar objetivamente la conflictividad social durante los últimos quince años de dictadura franquista, se esfuerza en destacar que la misma constituyó un instrumento de primer orden para la consecución de mejoras materiales y sociales, permitiendo que los trabajadores diesen un salto de calidad en sus condiciones de vida y de trabajo. Igualmente destaca que la conflictividad social y la acción de grupos antifranquistas, si bien no provocaron el derrumbe de la dictadura, sí contribuyeron a erosionarla, de tal forma que en 1975, las tentativas continuistas resultaban inviables, haciendo posible la instauración de un régimen democrático y la ruptura con el régimen anterior.

Notas: