La cuestión cubana en las relaciones hispano-norteamericanas entre el sexenio democrático y la restauración monárquica y borbónica. (1868-1878), por María del Carmen Alba Moreno y Yunier Jorge Feito Alba

La Restauración monárquica y Borbónica que siguió a la Revolución Democrática de 1868 expresada en el monarca Alfonso XII, heredó tres conflictos de trascendencia para su devenir futuro. Fueron ellos la guerra carlista, con sus implicaciones internas y externas; la cuestión de las relaciones con la Santa Sede, por su incidencia en el tema religioso al interior de España y su dimensión internacional; y el problema cubano, problema que demostraba gravedad tanto desde el punto de vista político-militar, en tanto para 1874 la guerra ofrecía un escenario comprometido para las armas españolas, como desde el punto de vista de su dimensión externa, básicamente diplomática, ya que encerraba una situación marcadamente tensa y que podría devenir, como devino, en muy peligrosa.

Las implicaciones internacionales entre las guerras carlista y cubana diferían en mucho. En el caso de la guerra carlista, las tensiones tenían lugar por la localización fronteriza con Francia, pero solo afectaban el desarrollo de la contienda. Pero en el caso de la guerra de Cuba, el deseo del gobierno vecino – Estados Unidos – de apoderarse o de independizar para situar bajo su control al territorio levantado en armas contra la metrópoli, con su repercusión en el tema de la integridad territorial de España, podría suscitar una confrontación bélica internacional entre ambas naciones. En consecuencia ello nos lleva a afirmar que fue la cuestión cubana el reto político más importante del reinado de Alfonso XII, contemplado en el marco de las relaciones internacionales, a pesar de que no ha recibido la atención debida en la historiografía.

El estudio de la política cubana de los gobiernos de la Restauración supone el conocimiento de la complicada situación interna de la Isla y sus relaciones con la metrópoli y la influencia del imperialismo en el problema cubano. De ahí que resulte oportuno el examen del tema del reconocimiento de la beligerancia que surge con la Guerra de los Diez Años y que tan importante papel jugaría en la política cubana del gobierno de los Estados Unidos hasta la próxima contienda, como el arma más incisiva esgrimida por el gobierno norteamericano sobre Madrid para tratar de que este se acomodara a los objetivos del primero.

El problema del reconocimiento de la beligerancia a los insurrectos cubanos adquiere la mayor importancia al evaluar las relaciones entre España y los Estados Unidos durante este período histórico. Para la diplomacia norteamericana, como ya dijimos antes, constituyó su mejor arma y elemento de presión respecto a España, y para esta última, se trataba de un asunto crucial que requería de los mayores esfuerzos.

España hizo todo cuanto tuvo a su alcance para tratar de evitar que el gobierno de los Estados Unidos concediera el reconocimiento de la beligerancia a los cubanos. Para el gobierno español resultaba claro que ello significaba que se concedía a los sublevados un estatus intermedio entre considerarlos como simples soldados rebeldes o como nacionales de un nuevo país independiente, con sus notables repercusiones. En el orden material, ello hubiera significado que los insurrectos podrían armar cruceros, obtener empréstitos y recibir mercancías de los Estados Unidos, mientras que en el orden político y moral se confería a los cubanos una “cuasi personalidad internacional”. Todo ello significaba, además de los beneficios materiales, un virtual apoyo moral a la rebelión y una velada censura al gobierno español con respecto a la situación cubana. Para España resultaba sumamente claro que tal situación encerraba un elevado riesgo de conflicto bélico con los Estados Unidos.

El gobierno norteamericano era perfectamente consciente de todo lo anterior y en consecuencia con esto maniobró, ejerciendo reiteradamente presiones sobre España, a partir del posible reconocimiento de la beligerancia, sin llegar realmente nunca a conceder tal estatus.

Resulta evidente que para entonces, los gobernantes norteamericanos consideraban factible aún otras vías para alcanzar sus designios sobre la isla.

La Restauración heredó del Sexenio democrático dos momentos claves en las relaciones hispano – norteamericanas con respecto a Cuba, además del tema referido a la beligerancia. Fueron estos, en primer instante las negociaciones Prim – Sickles de 1869 que encerraron un plan de mediación norteamericana a fin de poner término a la guerra en Cuba, y en la que la clarividente política cubana del entonces presidente del gobierno español, se dirigía a precisar la solución de la cuestión cubana mediante la concesión de la independencia, pues entre otras razones, como él mismo planteara “no cabe contar con el apoyo ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de nadie, pues no hay nación en Europa que quiera ponerse de frente … con los Estados Unidos”[1], amén de que aconsejara con suficiente visión política “ concluir el predominio colonial de España de una manera tranquila y provechosa en vez de terminar con un desastre”[2]. Más, la independencia sería a cambio de una indemnización y, ¿en las condiciones de la República en armas, quién si no Estados Unidos podría efectuar el préstamo a Cuba para lograr su independencia? Sin que fuese tal vez la intención de España, la independencia de Cuba se alcanzaría en deuda con un vecino poderoso que hacía décadas aspiraba a poseer “la perla de las Antillas”.

En segundo término hay que mencionar la grave crisis que generó el apresamiento del Virginius en 1873. Para España la cuestión cubana había empeorado desde el punto de vista militar, sin embargo su situación internacional era un poco más benévola, pues ello coincidió con la proclamación de la Primera República (febrero 1873 – enero 1874), reconocida por las autoridades norteamericanas. Ello no eliminó la tolerancia del gobierno de Washington con relación a las expediciones que desde su territorio se organizaban en apoyo de los mambises cubanos, pues indudablemente los intereses de Estados Unidos estaban por encima de cualquier simpatía política coyuntural.

La situación generada en torno a esto fue altamente peligrosa toda vez que Estados Unidos amenazó con la ruptura de relaciones diplomáticas, lo que evidentemente constituía la antesala de una intervención en la isla. Afortunadamente para España, la crisis se resolvió de modo pacífico, no convirtiéndose en un 98, un cuarto de siglo antes, por las concesiones hechas por aquella en “señal de buena voluntad”. Estos acontecimientos y la presión, o si se prefiere, chantaje, que llevó a cabo el gobierno norteamericano con relación al reconocimiento de la beligerancia de los cubanos levantados en armas contra el dominio colonial, fueron legados altamente negativos que recibió el reinado de Alfonso XII del Sexenio democrático, tanto en su dimensión interior como en la internacional, profundizada por el empeoramiento de la situación militar en Cuba. Debe recordarse que para fines de 1874, se produjo un fuerte deterioro de las armas españolas, al punto de que el Capitán General de la Isla, Concha, presentó su dimisión al ser incapaz de hacer frente a los cubanos sin recibir refuerzos, y que al iniciarse el año 1875 las fuerzas de Máximo Gómez cruzaban la trocha de Júcaro a Morón, llevando la guerra a Las Villas, provocando un grave descalabro militar.

De manera que en vísperas de la Restauración, la situación político – militar en Cuba era tan seria que llegaba incluso a amenazar la soberanía española. Igualmente tensas eran las relaciones con los Estados Unidos, vinculadas fundamentalmente al asunto de las indemnizaciones del Virginius y las afectaciones que a ciudadanos norteamericanos había causado la aplicación de las severas disposiciones promulgadas por el Conde de Valmaseda-sustituto de Concha como gobernador de la isla -, para reprimir a los independentistas cubanos.

El problema era tan serio que coincidiendo con el pronunciamiento de Sagunto[3], en España se conocía muy confidencialmente que en Estados Unidos se preparaba la guerra, sin embargo, las tensiones cedieron a la conciliación, como en ocasiones anteriores.

No obstante, en noviembre de 1875 y con el número de orden 266, el secretario de Estado norteamericano envió a su ministro en Madrid un extenso despacho que, por su contenido y por requerir de gestiones oficiales paralelas ante las principales potencias europeas, constituyó la presión más importante que ejerció Estados Unidos sobre España desde el inicio de la Restauración hasta el inicio de la Guerra de Independencia.

La instrucción 266 constituía además de una amenaza, una intencional maniobra diplomática para presionar a España, habida cuenta de que ofrecía un ultimátum a aquella para que terminara la guerra en Cuba, o Estados Unidos se vería obligado a intervenir para dar término a la devastadora contienda, en defensa de sus intereses y de los principios humanitarios, poniendo término a la soberanía española en la isla.

El año de 1875 constituyó una oportunidad favorable para las aspiraciones norteamericanas de colocar a la isla de Cuba dentro de su órbita de influencia. La guerra carlista estaba por concluir y los recursos militares y financieros se dedicarían en pleno a la guerra cubana. Por tanto Estados Unidos no podía perder el tiempo si quería aprovechar la coyuntura favorable a la intervención que ofrecía ante la opinión pública estadounidense y también la internacional, la larga y sangrienta contienda en Cuba.

Constituía dicha instrucción, por tanto, un momento en la estrategia cuidadosamente trazada por Washington, estrategia que sin duda modificaría el mapa geopolítico antillano y en el que, de una forma u otra, estaban interesadas otras potencias. Ella constituyó la razón de fondo de la desafortunada consulta llevada a cabo por Estados Unidos con las grandes potencias europeas. Desafortunada decisión por el resultado que mostró y por el hecho de que pasaba por alto la Doctrina Monroe.

La ofensiva de la diplomacia norteamericana a tenor de la instrucción, estuvo dirigida a dos direcciones concretas, una que aspiraba a que los gobiernos de París, Berlín, San Petersburgo, Viena y Roma, conocieran la “justicia” de la decisión tomada por el Presidente Grant, motivándolos a que hicieran comprender al gobierno de Madrid la necesidad de terminar o abandonar la lucha que tenía lugar en Cuba.

La otra dirección de dicha ofensiva era Inglaterra. Aquí Estados Unidos requería del apoyo explícito de esta a la política intervencionista contenida en la instrucción.

Sin embargo, en ninguno de los dos sentidos el resultado fue positivo, por lo que el balance de la ofensiva diplomática para Estados Unidos fue desfavorable, constituyendo este equívoco en su estrategia un componente de carácter conciliador que facilitó la política de entendimiento entre Estados Unidos y España, por el momento.

Por otro lado, el gobierno de Madrid asumió una reacción defensiva ante los objetivos de la instrucción, procurando neutralizar el despliegue diplomático con las otras potencias, hasta febrero de 1876 cuando se envió el memorándum con el cual el gobierno español dio por concluido el asunto, toda vez que fundamentaba la visión española del conflicto cubano.

Eliminadas las tensiones se abrió una nueva fase, ahora de conciliación y en la que Estados Unidos pretendió la mediación para la concesión de una amplia autonomía a Cuba. Los intentos conciliatorios se expresaron en el tratado de extradición y el protocolo hispano – norteamericano de 1877, que legitimaron las concesiones de España con relación al tratamiento de los nacionalizados de Estados Unidos bajo soberanía española y viceversa.

Desde entonces, la terminación de la guerra de Cuba se configuró como un objetivo singular y urgente para Madrid, pues su continuación podría culminar en complicaciones con Estados Unidos, a la vez que profundizaba el descrédito internacional que le costaba a España la imposibilidad de dominar la situación en Cuba.

En este contexto se enmarca la designación de Martínez Campos como Gobernador General de la Isla y su política pacificadora, que concluyó con la firma del Pacto del Zanjón.

Pero esta solución contrariaba a importantes sectores políticos norteamericanos por varias razones. En primer lugar porque la pacificación no implicaba la independencia y por tanto la entrada de Cuba en su órbita de influencia. En segundo lugar porque el acuerdo que puso fin a la guerra, se obtuvo entre españoles y cubanos sin participación de Estados Unidos, con lo cual hubiese ampliado su influencia en Cuba. Quedaba claro que a partir de entonces, los temas económicos serían los predominantes en las relaciones bilaterales en torno a Cuba porque la pacificación suponía la normalización de las relaciones comerciales, con la consiguiente progresiva penetración económica del capital norteamericano, lo cual no dejaba de ser una preocupación para España.[4]

La ceguera política ante la dimensión internacional del problema cubano por parte del gobierno español, sobre todo en los años posteriores al Zanjón, no permitió apreciar la oportunidad histórica de modular una política cubana que alejara la confrontación con Estados Unidos, que dos décadas después resultó inevitable y que decidió el asunto de la soberanía sobre la isla.

No obstante, la esencia de la confrontación hispano – norteamericana quedaba clara para los gobiernos y opinión pública respectivas. La entrada de Cuba en la órbita de influencia norteamericana en momentos cercanos a su arribo al imperialismo, y la intención de retener la soberanía española en la Gran Antilla, inevitablemente llevarían a la confrontación.

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[1] Fragmento de la carta que escribió Prim el 10 de septiembre de 1869 a Caballero de Rodas, desde Vichy, Francia, contentiva de un memorándum de instrucciones sobre la nueva política que en su consideración debía seguirse para resolver el problema cubano. Citado por Javier Rubio: La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado de Alfonso XII. P. 71

[2] Ver Javier Rubio: Ob Cit, p. 92

[3] Pronunciamiento militar encabezado por Arsenio Martínez Campos y que inició la Restauración Borbónica y monárquica en enero de 1875.

[4] El período inter guerras y los últimos años del siglo XIX fueron prolíferos en la penetración de capitales norteamericanos, que se dirigieron en especial a la compra de tierras y a la instalación de ingenios azucareros en la región devastada durante la Guerra Grande.