Después de “demostrar” según él la inutilidad de la Universidad tradicional debido a que su pobreza académica es consecuencia de su pobreza económica, el rector expuso la solución mágica: para que la UAA sea una universidad de calidad, necesita cobrar cuotas “justas” tan altas como lo requiera su buen funcionamiento:

 

LA EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA. “La retribución que pagan los alumnos es injusta y simbólica.” (18)[1] La pobreza de recursos económicos “...se origina también... en el absurdo sistema de fijación y cobro de colegiaturas, que pretende ayu­dar a los que no tienen recursos económicos, impidiendo de manera ilógica que los que pueden pagar no lo hagan (sic)... al darle subsidios en dinero -al no cobrarles colegiaturas justas- a los que ni siquiera piden que les regalen y los que, además, en la primera opor­tunidad que se les presenta mandan a sus hijos a donde sí les cobran... contribuyendo de esta manera... a fortalecer a las instituciones privadas, a las que derivamos ingresos que nosotros podíamos captar, haciendo más grande la diferencia en calidad académica con las nuestras.” (11)

 

Este, que es el fundamento de lo que llamamos UNIVERSIDAD DE MERCADO, es una glorificación de la enseñanza privada, medio en el que se compra y se vende como mercancía... Aquí queda en evidencia una de dos cosas: que el rector exhibió su ignorancia de nuestra Constitución Política -la cual establece en su artículo 3° que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”- o que, conociéndola, violó deliberadamente el mandato al proponer la venta de la enseñanza pública; el Consejo Directivo al autorizárselo y el Estado en permitírselo comodinamente.

 

A mi juicio, la educación es un bien espiritual cuyo valor es inconcebible tasar en dinero; y si es verdad que se requieren bienes materiales de apoyo que sí cuestan, en el caso de la educación impartida por una institución pública -como es la UAA- es repulsivo e inmoral que se cobre por ello, porque los ciudadanos pagaron ya con sus impuestos el disfrute de ese servicio que, insisto, es público.

 

Estoy seguro de que si los estudiantes se ampararan contra este fraude, serían protegidos por la autoridad judicial por el hecho de que el cobro de cuotas en la enseñanza pública es inconstitucional.

 

Las funciones de la Universidad son de índole totalmente diversa a las recaudatorias; la obligación de entregarle un subsidio justo y suficiente para cubrir las necesidades materiales que requieren sus altos fines es del Estado, que tiene los instrumentos para obtener los recursos necesarios; si no lo hace con efectividad y honradez, es debido a las fugas provocadas por el saqueo de las arcas por parte de funcionarios venales, por la pésima e inmoral administración como es el caso de cientos de miles de millones de pesos que dejan de ingresar al erario solo por evasión de impuestos, agravada por mecanismos reprobables como créditos repetidamente diferidos, condonaciones y devoluciones discrecionales de la Secretaría de Hacienda a los empresarios más poderosos por razones inconfesables.

 

CRÉDITO EDUCATIVO. Después de visto lo anterior, sería una pérdida de tiempo detenerse en este tema porque si se eliminasen las indebidas cuotas ya nada tendría qué hacer el “crédito educativo”, que es una glorificación del dinero al que el rector incluso califica como “bienhechor” (13) cuando de todos es sabido que es una de las principales causas de los males que aquejan a la humanidad.

 

Lo único que me permitiría agregar de mi cosecha sería esto que alguna vez expresé: “...en tanto el servicio social enseña al universitario que la mayor grandeza del hombre consiste en dar, el crédito educativo le enseña a vender caro lo que sabe para pagar lo que debe.”

 

OFERTA Y DEMANDA. Confirmando nuestra apreciación de que lo que se estaba creando era una Universidad de Mercado y con una ignorancia supina de lo que es una verdadera Universidad, el rector lanzó el siguiente fárrago a los consejeros: ”Nuestra universidad debe funcionar basada en una estructura su­mamente flexible, que le permita con facilidad adaptarse a la situa­ción cambiante de oferta-demanda de cada momento, de manera tal de estar en posibilidades de ofrecer carreras o cursos largos o cortos de acuerdo con las necesidades... y poder también suprimir -cuando sea necesario- carreras que no tengan demanda o que no reclame el desarrollo del país. Se acabará la estructura rígida que conduce por su falta de flexibilidad y de adaptación al anquilosamiento.” (14)

 

Nota: