La exaltada contienda sobre el tema del aborto tiene muchos visos de absurda, pues muchos de los actores enfrascados en ella no atienden a sus causas sino a sus efectos. Por otra parte, la intervención de algunas iglesias, que se suman al mismo absurdo, hace parecer el asunto tan complicado que pareciera no tener salida, cuando su correcto enfoque apunta a una solución diáfana, cuya aplicación obviamente requiere de voluntad política y ganas de trabajar.

Empecemos por despejar el primer problema de la aparente confrontación iglesias-Estado.

LEYES DIVINAS Y HUMANAS. SIMILITUDES: Tanto las leyes divinas como las de los mortales establecen derechos y obligaciones, así como sanciones aplicables a quienes las violan. DIFERENCIAS: Por su origen, se supone que las leyes religiosas son impuestas por la divinidad y deben obedecerse sin discusión alguna; en cambio, las del Estado son producidas por los seres humanos mediante un teórico debate democrático, plural y respetuoso de la diversidad de opiniones, cuya mayoría es la que resuelve en definitiva.

En cuanto a la aplicación de las sanciones, las humanas son materiales: desde un simple apercibimiento o una multa hasta la privación de la libertad, todo en vida del procesado. En cambio, las sanciones religiosas son espirituales e intemporales: desde la oración purificadora hasta el suplicio eterno de las almas sin redención.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN: Se supone que tanto el Estado como las iglesias deben ser respetuosos de sus respectivas jurisdicciones, terrenal la una, espiritual la otra. Por su parte, nuestra constitución política estipula, en su artículo 130, el principio “de la separación del Estado y las iglesias... [que] se sujetarán a la ley.”... “b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;” y “e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos... Tampoco podrán... oponerse a las leyes del país o a sus instituciones...”

LO QUE DICE EL EVANGELIO: De la otra parte, por lo que se refiere a las iglesias cristianas y en especial a la Católica, está el mandato de Jesús de Nazareth -coincidente con el espíritu constitucional- en el sentido de tributar “a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”[1].

De los textos anteriores se concluye, con toda claridad, que el Estado no debe intervenir en el terreno espiritual de las iglesias, regido por Dios, ni éstas en el material u objetivo del Estado, regido por los ciudadanos, por lo que de ambos -iglesias y Estado- se espera ejemplo de prudencia, convivencia respetuosa y apego al orden, dedicándose las primeras, en paz, a la salvación de las almas; y los segundos, a atender los requerimientos objetivos de los seres humanos que están en el país y de los nacionales que se encuentran en el extranjero, como integrantes armónicos de la sociedad.

Definidos los ámbitos de cada institución -iglesias y Estado- me permito plantear mi punto de vista como ciudadano sobre el tema señalado:

EL ABORTO COMO DELITO. El Código Penal Federal establece penas para quienes practiquen el aborto, con dos excepciones: la mujer violada y la que se expone al peligro de muerte (Artículos 333 y 334). Algunas entidades federativas han ampliado o restringido estas excepciones.

EL ABORTO COMO PROBLEMA DE SALUD. La incidencia de muerte por causa de abortos voluntarios mal atendidos es una de las preocupaciones del sector salud. Pero la verdad es que ninguna mujer que se provoque o se someta a una maniobra abortiva -así sea en el mejor de los hospitales- lo hace por gusto. Sin embargo, cerca de novecientas mil mujeres se sometieron al aborto inducido en México en el año 2006[2].

ABORTO, PROBLEMA EDUCATIVO. La causa principal del aborto es el embarazo no deseado. Si tanto el hombre como la mujer tuvieran conocimientos básicos de carácter reproductivo, seguramente en la mayoría de los casos esos embarazos se evitarían y por consecuencia los abortos también, evitando así riesgos innecesarios.

ESTADO IRRESPONSABLE. El hecho de que la incidencia de abortos en México sea tan alta, demuestra que el Estado no cumple cabalmente con su obligación de educar desde la infancia para prevenir los riesgos provocados por la ignorancia, enfrascado como está en obedecer las órdenes imperiales de establecer el neoliberalismo económico que, con la insensatez de convertir el servicio público en negocio privado, ha minimizado la educación orientada a prevenir los riesgos sociales, entre los cuales el de la salud es prioritario.

SOLUCIÓN: EDUCAR. La solución -como se ve- no es legislativa ni judicial sino educativa, pues radica en evitar el aborto evitando, primero, el embarazo no deseado. ¡A trabajar, pues!

Aguascalientes, México, América Latina

Notas:

[1] Sagrada Biblia. Mateo, 22:15.