“Cuando hay una población con índices tan elevados de enfermedad y muerte en proximidades de una empresa que manipula elementos químicos de manera tan desaprensiva como lo hace Atanor, es presumible que allí esté la causa de las enfermedades que denunciamos” dice a lavaca el abogado Fabián Maggi, a partir de la noticia que se desencadenó en estos días: el juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás, ordenó la clausura preventiva de una de las plantas de agrotóxicos de la multinacional Atanor ubicada en San Nicolás, tras probar que la empresa arroja químicos al arroyo Jaguarón, que desemboca a su vez en el río Paraná. ¿Qué dispuso el juez?

Ordenó la clausura provisoria de la planta de síntesis de Atrazina de la empresa Atanor.

Prohibió el ingreso a la planta de camiones que arriben desde otros establecimientos de Atanor, que contengan sustancias de cualquier índole para ser vertidas en San Nicolás.

Dispuso que Prefectura y Gendarmería comprueben el efectivo cese del vuelco de efluentes y la puesta fuera de servicio de la planta de atrazina.

Dictaminó que la policía departamental diariamente corrobore que se cumple con la clausura. Informó que Atanor deberá solicitar autorización para cualquier vehículo de carga que pretenda ingresar o egresar de la planta, informando al juez los productos que traslada.

El juez que no avisó

El jueves pasado Atanor fue allanada por la Gendarmería, y el propio juez Puente corroboró en el lugar las denuncias presentadas por FOMEA (Foro del Medio Ambiente), OPTAR (dedicada a brindar trabajo a jóvenes discapacitados) y Protección Ambiental del río Paraná, representadas, junto a un grupo de 10 vecinos, por el abogado Maggi.

Puente actuó sin previo aviso para corroborar lo que realmente estaba sucediendo. Dos días después envió a la Prefectura a confirmar que Atanor cumplía la clausura: la empresa había ignorado una medida cautelar anterior que también le ordenaba detener la contaminación. Había apelado hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que este año confirmó la clausura que acaba de concretarse.

La planta de síntesis de Atrazina es la que elabora uno de los herbicidas de Atanor que suele combinarse con otro de sus productos: el glifosato.

“Pero además hemos podido confirmar con pericias judiciales algo que venían denunciando los trabajadores desde hace años” explica Maggi: “Han enterrado en el predio tambores de trifluralina, y no se trata de un accidente sino de una actitud dolosa, premeditada”. La trifluralina es otro herbicida sospechado de cancerígeno, según explica el ingeniero químico Martín Solé que actúa como perito de parte en el caso: “Y además está el tema de la liberación a la atmósfera de gases contaminantes que no tienen ningún tratamiento y para los cuales la empresa tampoco tiene los permisos correspondientes”.

Maggi: “El problema es que estas empresas pretenden ahorrar, maximizar ganancias, y surge la contaminación. Atanor es un caso clarísimo. En lugar de mandar a tratar los residuos peligrosos los entierran, los mandan al aire, o los arrojan al río”.

Hay un total de siete causas judiciales, penales y administrativas por otorgamiento de habilitaciones que no correspondían. Teoría del abogado: “Siempre que hay contaminación, detrás no hay solamente un empresario contaminador sino un funcionario corrupto. Atanor no tiene permisos de descarga de efluentes gaseosos al aire, ni líquidos al río. Sin embargo la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) que es la autoridad de aplicación, le dio el certificado de aptitud ambiental. Otra situación es la que se plantea con la Autoridad del Agua (ADA) y sus convenios con Atanor. Consideramos que es una franca muestra de corrupción de funcionarios y todo está denunciado”.

¿Hay diferencia entre la etapa política anterior y la actual? “Los gobiernos que hemos tenido y tenemos tienen todos la misma política ambiental. Justifican el extractivismo y para hacerlo no tienen otro camino que pasar por la corrupción. Si sólo respetaran la Ley General de Ambiente o los convenios internacionales firmados por el país, la actitud debería ser completamente diferente”.

Barrio Química

“Una de las claves de Atanor SCA es su visión para lograr un desarrollo sustentable, en equilibrio permanente con el medio ambiente” es una de las curiosidades que figuran en la página web de la multinacional. Luego hablan de sustentabilidad, lo cual indica que tal vez las palabras estén a punto de no significar nada.

Abigail, o Lina, tenía 6 años. Murió hace un mes. Dio cuenta de ello una de las enfermeras que atiende los casos terminales en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Mercedes Méndez, Mechi. Explica el abogado Maggi: “Los papás de la chiquita son bolivianos, y viven a unos 50 metros de los piletones en los que arrojan los químicos sin ningún cuidado ni tratamiento. Los padres no quisieron hablar mucho. La duda es si fue cáncer de pulmón, o leucemia” explicó el abogado Maggi. A través de las redes sociales, apenas esta nota fue pubicada, los familiares de Abigail se conectaron con lavaca para hacer la precisión:”Nuestra pequeñita falleció de cáncer, no de leucemia”.

El caso es el más reciente, pero los vecinos desde 2009 hicieron su propio relevamiento de casos, tal como ocurrió en Ituzaingó Anexo (Córdoba), San Salvador (Entre Ríos) y Puerto General San Martín (Santa Fe) entre tantos. Los vecinos hacen lo que no hace en esos casos la salud pública: investigar qué pasa.

Barrio Química tiene 3 cuadras de largo por dos de ancho. Los vecinos, a mano fueron censando las muertes sobre un mapa hecho a mano. Se pueden contar allí 131 cruces, hasta 2010, aunque hoy calculan que los fallecimientos llegan a 200. Maggi: “Entre los obreros e incluso personal jerárquico de Atanor hubo varios casos de necrosis, colapsa el riñón y la persona muere. Y en el barrio prácticamente todos tienen problemas respiratorios, asma, bronquitis, enfermedades de piel. La alarma surgió cuando comenzó a verse un número desproporcionado de casos de cáncer, entre otras enfermedades que prácticamente nunca habían padecido allí”.

Datos

Atanor se presenta como “el único productor integrado en las Américas de los tres herbicidas de mayor uso a nivel mundial: Glifosato, Atrazina y 2,4D”. Es el segundo productor de glifosato en el país. Pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC que ya tiene un 20% de su paquete accionario en manos de la agroquímica china Huapont Nutrichem Co. La compañía en la Argentina emitió el siguiente comunicado: “De esta manera, la transacción impactará positivamente en Atanor, permitiendo continuar con sus mejoras y aumentar las inversiones en su complejo industrial de la República Argentina, que cuenta con siete plantas productivas donde se elaboran productos para la protección de cultivos, químicos, petroquímicos, alcohol y azúcar”,

Si hubo tales aumentos de inversiones es imposible saber a qué se destinaron, mientras continuaron arrojando desechos al agua, aire y tierra, lo cual no deja de ser un modo de maximizar la rentabilidad.

Con respecto al azúcar, Atanor es el principal grupo dedicado a la producción azucarera del país, por encima de Ingenio Ledesma. Entró al negocio porque el azúcar se utiliza también para la elaboración de glifosato.

¿Cómo puede continuar el caso? Dice el abogado Maggi: “Hay que seguir abriendo investigaciones que muestren e impidan lo que está pasando”.

La decisión de Facundo Puente, un nuevo juez en este caso, abre ahora la posibilidad de aplicar justicia sobre lo que ocurre en San Nicolás, aunque Maggi agrega: “Toda la zona desde San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución, hasta Rosario, San Lorenzo y Puerto General San Martín, tiene no menos de 30 conflictos ambientales graves. Es una agresión permanente. Lo bueno es que hay una enorme resistencia de la gente”.