Empieza febrero

De "Febrero Amargo"

por Amílcar Vasconcellos

I

Empieza febrero

El I^o de febrero de 1973 fue un día jueves.

A media mañana, en mi domicilio, sonó el teléfono.

Un periodista de CX16 Radio Carve de Montevideo me comunicaba que estaba autorizado por la dirección de la radio para otorgarme en el espacio prestigioso de “Tomándole el pulso a la República”, que diariamente se irradia de 23 a 23:30, todo el tiempo necesario para poder efectuar declaraciones de carácter político.

El mencionado espacio radial tiene un largo arraigo en todo el Uruguay. Lo prestigiaron periodistas de primer plano durante largos años dando información objetiva, ágil y completa sobre sucesos nacionales de todo orden y especialmente información relacionada con problemas de candente actualidad.

Tiene una gran audiencia.

Numerosos periodistas radiales y de otros órganos de publicidad me habían solicitado declaraciones sobre los hechos que se venían procesando en la República.

Me negué a hacerlo, contrariando mi costumbre de estar siempre en contacto con la prensa, porque los reportajes que se pedían eran de minutos o telefónicos, y señalé que solo haría declaraciones si se me permitía disponer de un prudente espacio o tiempo para poder realizar un enfoque conforme entendía debía hacerse para dar un panorama más completo de la situación.

Se me ofreció por alguien conseguir las páginas de El País, y me disponía a redactar un reportaje con esa finalidad cuando recibí la llamada telefónica y convine con el inquieto periodista radial grabar el mensaje en horas inmediatas al mediodía, alrededor de la hora 14.

Terminé algunos trabajos de urgencia que estaba realizando y me dediqué a escribir los apuntes que me servirían de base para mi exposición.

A la hora indicada llegaba hasta mi domicilio Luis Michelini, periodista de Carve.

Con ligeras variantes (introducción agradeciendo a la radio la posibilidad que me brindaba y algunos giros introducidos en el momento de la grabación) leí mi mensaje que, pensando en la posibilidad de su publicación periodística, inicialmente titulara: Carta al pueblo uruguayo en la hora de la verdad.

El día anterior había solicitado una entrevista con el Presidente de la República. La primera y la única que nunca le hubiera solicitado desde que este llegara a asumir el poder. Antes de ser electo no le conocía personalmente; si ello había ocurrido, no lo recordaba ni físicamente.

La entrevista quedó para ser confirmada en la mañana por su Secretario Sr. Castro. No se hizo esa confirmación. Entendí que era mi deber hablar directamente a la opinión pública ya que veía precipitarse hechos que consideraba graves para el país.

Tomada ya esa decisión y establecidas las bases sobre las que debía versar mi mensaje -y hasta ya grabado-, se me anunció telefónicamente que la entrevista sería concedida para las 16:30 horas de esa tarde del 10 de febrero; pero se me adelantó que podría tener que diferirse porque hechos acaecidos en el Río de la Plata y la situación creada con la República Argentina podrían producir esa dilación.

Cuando el periodista se retiró de mi domicilio, me preguntó si la realización de esa entrevista podría significar la suspensión de la transmisión de mis declaraciones. Le expresé que no. Que entendía mi deber haber hablado con el Presidente en forma previa a irradiar mi mensaje o efectuar una publicación, pero que mis opiniones no estaban condicionadas a la opinión de nadie. Que lo grabado estaba grabado y que solo por decisión de la dirección de la radio, conocido su texto y si ello podría crearle problemas, aunque estimaba que defender las instituciones no podría crearlos, el mensaje debía lanzarse a la opinión pública.

No obstante, esa entrevista pendiente con el Presidente de la República me creaba, a esa altura, cierta incomodidad.

Mi mensaje tenía la finalidad de alertar al país sobre acontecimientos cuya gravedad nadie podía ignorar que se estaban procesando a ritmo cada vez más intenso, no tenía la finalidad de atacar al Presidente en cuanto este, por representar las instituciones, debía ser defendido en su investidura como símbolo del régimen constitucional.

A las 16 horas llegó un llamado de la Presidencia. El telefonista padeció alguna confusión. Reclamé que me comunicara con algunos de los secretarios porque pensé que podía ser la cancelación de la entrevista concedida. Y efectivamente así era. Y un secretario, no recuerdo si el mismo Castro o Herrera, me confirmaron que el Presidente se veía obligado a postergar la entrevista concedida y comunicada horas antes. Que se concretaría en cualquier momento. Contesté que mi propósito era conversar con él antes de efectuar un mensaje a la opinión pública y que habiéndolo ya grabado, estimaba que la entrevista era innecesaria, que había cumplido un deber de lealtad tratando de ponerlo en antecedentes de mi propósito y que si, una vez enterado del mensaje, estimaba conveniente una conversación, estaba a su disposición para ello.

El periodista de Carve antes de retirarse de mi casa me había expresado que su propósito era, siguiendo lo que me dijo constituía su norma, enterar al Comandante General en Jefe de que en ese espacio radial se iba a emitir mi mensaje. No sé si lo hizo. Tampoco, naturalmente, me importaba que lo hiciera. No hablé para que mis palabras no se difundieran: hablé para que mi pensamiento se conociera.

Esa tarde concurrí al Senado, como casi habitualmente pese a estar en período de receso. Busqué hablar con el Vicepresidente Jorge Sapelli. Este había sido llamado por el Presidente y estaba a punto de salir. Apenas cambiamos unas palabras, y me limité a expresarle que en esa audición radial iba a transmitirse un mensaje mío.

Me expresó que estimaba conveniente esperar la evolución de los acontecimientos para hacer declaraciones; le contesté que a mi juicio ya era tiempo de que se empezara a informar con total claridad al pueblo. Fui luego a mi despacho. Conversé con un núcleo de compañeros a quienes mencioné los lineamientos generales del mensaje ya grabado que habría de irradiarse horas después.

Hubo opiniones encontradas acerca de la conveniencia de hacerlo.

El hecho era irreversible: estaba grabado mi mensaje y yo no dejaría de hacerlo irradiar porque estimaba que estaba cumpliendo con mi obligación de representante electo por el pueblo para la alta función senatorial.

Si en las horas difíciles los dirigentes callan -y en la modestia de mi electorado tengo la responsabilidad de esclarecer y orientar un sector de la opinión ciudadana-, ¿qué se puede pedir de los militantes, a quienes, un día tras otro, se les viene brindando un enfoque parcial de una realidad que es. naturalmente, mucho más compleja?

A las 23:15 -a mitad del mencionado y prestigioso programa- se anunció mi mensaje.

No tengo de él grabación -la que traté de obtener salió confusa- ni versión taquigráfica; pero sí tengo el borrador que, con varias copias, una de las que llevó el periodista de Carve sin pedírmela y otra que envié en la noche ante un requerimiento de declaraciones por parte de un periodista de El Día, donde está lo esencialmente básico de mis expresiones.

II

Un mensaje al Uruguay

El mensaje irradiado por CX16 Radio Carve, en la noche del jueves 10 de febrero, cuyo texto recogemos de la prensa montevideana, es el siguiente:

Quiero hacer llegar al pueblo de mi país, en esta tremenda hora de la verdad, un mensaje que estimo es mi profunda obligación trasmitir:

Hace un siglo el Uruguay entraba a la etapa histórica que fue conocida por el “período militarista”.

Estos días han resurgido, y no por mera coincidencia, panegiristas entusiastas de Latorre.

El país está entrando nuevamente a otro “período militarista”. Naturalmente, con características diferentes al de entonces. Nuestro Ejército no es el mismo y tiene una formación civilista e intelectual que no era la común en aquella época.

“Las instituciones”, por otra parte, y el respeto a las mismas, poseen ahora una fuerza de “hecho histórico” que nadie puede negar.

Quien levante su mano para traicionarlas -nadie lo ignora, aunque pueda recoger el momentáneo aplauso de los serviles de tumo y de los incautos que rinden tributo al vencedor de la hora- lleva consigo una mancha indeleble que recaerá no solo sobre su persona sino que se volcará sobre sus descendientes. La técnica ha variado.

Nadie, sin embargo, salvo por cobardía, por comodidad o por ceguera histórica, tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en este nuestro Uruguay -más allá de las declaraciones que se hayan hecho y que se puedan hacer- un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por la omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la “internacional de las espadas”.

El pueblo tiene que saberlo porque él, y solo él, es capaz de evitar que esta afrenta, vergonzosa y ultrajante, pueda ocurrir.

Los hechos son claros y la historia reciente.

El Ministro Legnani la señaló y analizó doctrinariamente en una nota singular que leímos en el seno del Parlamento.

Tuvo que renunciar porque no pudo proceder a remover a un jefe encargado de una misión de alta importancia para el Ministerio y -en consecuencia- para el Poder Ejecutivo o, en definitiva, para las Instituciones.

Esa nota del Dr. Legnani no era otra cosa, como pudimos probarlo más tarde en la Asamblea General, que el comentario y contestación a un plan debidamente estructurado donde se establecían las bases conforme a las cuales se habría de proceder, para dar un primer paso, a efectos de ir apoderándose del control de la administración, como etapa inicial que pudiera incluso llevar a planteos que motivaran roces o choques con las propias normas constitucionales.

Todo esto fue leído en el Parlamento. Las explicaciones que en tal emergencia diera el ya Ministro Dr. Malet -era “un elemento de trabajo de un instituto de enseñanza militar”- pudo aparecer como una ingenuidad de adolescente, como una “travesura parlamentaria” o como una “tomadura de pelo” de sus informantes. Empezaba recién su función y, dada la alta opinión que sobre sus convicciones democráticas teníamos, no hicimos cuestión sobre ello.

Las cosas han cambiado.

Los mandos militares han hecho publicaciones enjuiciando al propio Presidente de la República, sin conocimiento del Ministro y naturalmente sin conocimiento del enjuiciado, y el Ministro Malet -a quien se llevaron por delante dichos mandos-se solidariza con la crítica al Poder Ejecutivo e increíblemente se mantiene en la cartera ministerial.

Y la prensa hace referencia a declaraciones de jerarcas militares que en esencia intentan justificar la subversión señalando que ella es la consecuencia de la corrupción y, para hacerlo, al señalar que en tales o cuales sectores de la administración esta corrupción existe, no vacilan en incurrir en actos que son de por sí básicamente corruptores porque son subversivos, al llevarse por delante sus mandos naturales y al entrar en declaraciones y valoraciones políticas que les está vedado.

La corrupción existe no solo cuando se usan mal los dineros del pueblo -y esta es y debe ser sancionada por los órganos administrativos y judiciales pertinentes-; existe también cuando se busca sustituir a los organismos normales de la administración por quienes no teniendo facultades ni autoridad para ello la asumen por el solo hecho de tener la fuerza en sus manos.

Alguna vez hemos escrito en circunstancias similares para el país, de tristes recuerdos, que no desearíamos ver repetir: “Es ladrón el que roba los dineros del pueblo; pero también es ladrón el que roba las libertades a un pueblo”.

Y aquello que dijimos en los días de nuestra zahareña adolescencia lo reiteramos, más convencidos que nunca hoy, luego de un largo trajinar por la vida pública y por los caminos de la acción.

La corrupción se corrige por los medios que la administración y la justicia tienen para ello; la subversión se corrige o se supera mediante la lucha sangrienta, dejando en el camino vida de inocentes, sacrificando el prestigio y el avance de un pueblo y muchas veces comprometiendo su propia independencia.

Que alguien pretenda justificar la existencia de la subversión porque en algunos sectores aparezcan elementos de corrupción solo puede explicarse si existe -como existe y lo hemos probado con lecturas de documentos en el Parlamento- un deliberado propósito de ir capitalizando hechos para justificar el progresivo desplazamiento del control de la administración -por ahora- para pasar en el momento que se estime oportuno al control del gobierno prescindiendo de las normas constitucionales vigentes.

Eso está escrito en un documento que fue leído en la Asamblea General, contestado en un documento leído en el Senado, escrito por el Dr. Legnani, siendo todavía Ministro de Defensa, y solo no lo entiende quien no quiera entenderlo o quien no tenga el coraje elemental de llamar las cosas por su nombre.

No seremos nosotros quienes vayamos a sostener que este pensamiento vive en el espíritu de la inmensa mayoría del Ejército nacional.

Todo lo contrario.

Conocemos la profunda indignación que a centenares de militares -en actividad y en retiro- provoca esta manera de proceder.

Tampoco seríamos nosotros quienes afirmáramos que porque ha habido y hay actos de corrupción a cargo de muchos integrantes de las Fuerzas Armadas -que analizaremos en la interpelación que oportunamente realizaremos al Dr. Armando R. Malet, solidario con los mandos a la censura al Presidente de la República según hechos públicos- la corrupción es una norma corriente en la vida castrense.

Por el contrario. Conocemos gente de acrisolada honradez y sacrificada vida puesta al servicio de una vocación con afán de servicio. A algunos los hemos combatido en el plano político cuando en él han incursionado; pero no les haríamos el agravio de desconocer por nuestras discrepancias sus vidas ejemplares. Sabemos de los otros -y a ellos habremos de referirnos en esa interpelación-, y ya en algunas oportunidades hemos incorporado a actas del Senado pruebas -pruebas instrumentadas por organismos oficiales especializados- de hechos demostrativos de increíble corrupción.

A nadie con sentido común puede ocurrírsele que porque esta ha existido está comprometido el prestigio del Ejército y que este no tiene instrumentos y medios para sancionar y aun desplazar de su seno a aquellos que se han comportado de manera lesiva para las normas de corrección y honor que lo rigen. El que no siempre haya ocurrido así -y lo pondremos de manifiesto en el Parlamento- puede ser falla de los hombres que en su momento tienen en sus manos la labor del controlar; pero nadie puede concluir de ello que esto justifique tareas de subversión.

El hecho real que el pueblo de este país tiene que saber es que más allá del silencio de unos, de la provocación de otros, del estímulo que los serviles de siempre brindan desde ya a lo que pueda ocurrir, la defensa de las instituciones está pura y exclusivamente en las manos del pueblo y en la responsabilidad de los Partidos Políticos.

El plan trazado, que seguirá tomando institución por institución para tratar de desprestigiarlas acusándolas de tener en su seno elementos de corrupción, y convirtiéndose en fiscal acusador, sigue su marcha.

El desplazamiento del Poder Público -o sea el Poder Político- mediante órdenes y circulares que tendrán que ser debidamente analizadas en la órbita parlamentaria por la gravedad que tienen en cuanto significan desplazamiento de los centros de poder y sustituir leyes por órdenes, sigue realizándose.

Hay que centrar el problema en sus justos y reales términos para comprender la gravedad del momento que Uruguay está viviendo: un núcleo de hombres -que no están a la altura de su misión histórica-, siguiendo leyes sociológicas conocidas de imitación empiezan a pensar, y están actuando ya -el documento a que hemos hecho referencia lo prueba- como si la única fuerza organizada capaz de darle cohesión a un país en crisis son las Fuerzas Armadas.

En otros países latinoamericanos la “soberanía radica en los cuarteles” según los gobernantes de turno, y algunas mentes extraviadas creen que en el Uruguay el hecho igualmente puede ser cierto.

Sabemos que la inmensa mayoría del Ejército nacional -en todos sus sectores-, integrada por gente sana, moral y espiritualmente, hijos de un pueblo profundamente sano, saben que en esta tierra la soberanía radica en el pueblo y que solo a este toca designar su representación y elegir sus gobernantes.

Hemos leído -estos días- con profunda pena por nuestro Uruguay, los títulos y comentarios de algunos diarios europeos tratando de describir nuestra realidad actual.

El dilema para nosotros es muy claro: o defendemos las instituciones contra quien sea: subversión de donde venga y cualquiera sea el pretexto que adopte y el nombre o condición del subversor, o dejamos, los gobernantes electos por el pueblo, de cumplir con nuestra obligación y entregamos el país al caos, a la dictadura, que siempre lleva consigo todas las corrupciones, todas las arbitrariedades y todos los latrocinios.

Estamos a tiempo: que se movilicen los Partidos Políticos, que se adopten medidas a nivel gubernamental para que los Ministros hagan respetar su investidura y no marchen al son que toquen sus subordinados; que cada uno actúe dentro de las atribuciones que le marca la ley.

No tenemos duda de clase alguna que, para la defensa de las instituciones -salvo algunos sectores de espaldas al país- todos los Partidos Políticos responsables están dispuestos a aportar su esfuerzo.

Todo es todavía simple con un poco de decisión; todo es inmensamente difícil ya si no hay ánimo y voluntad de decirle a la República: en el Uruguay solo mandan las instituciones, fiel reflejo de la voluntad popular, a través de sus gobernantes electos por la ciudadanía en función de las normas que regulan nuestro ordenamiento jurídico.

Los demás, están de más.

Y si entre su ambición personal y el país prefieren la primera, que le hagan un gran bien a la República, a sí mismos y a sus descendientes: que se retiren, todavía con honor, a la vida privada.

Que nadie se haga ilusiones: Latorre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir; los “latorritos” que tratan de llegar -aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores- que no olviden la lección histórica.

III

Repercusiones y una carta presidencial

La sensación exacta de que había golpeado en el centro mismo de la inquietud de quienes venían siguiendo con atención la evolución de los problemas nacionales me la dieron, momentos después, diversos hechos.

Canal 12, de televisión, regrabó y transmitió de inmediato mi mensaje.

No tuve oportunidad de oírlo.

Las llamadas telefónicas empezaron a llegar. Algunas cordiales, otras emocionantes (“agradezco sus palabras por el país y por mis ocho hijos pequeños que tendrán que desarrollarse en él”), y no faltaron algunas amenazas inmediatas e insultos anónimos ya transmitidos a mi casa o a casa de mis familiares, desde el que “dígale que lo espera una capucha” hasta quienes se encendían en pasión por el uso de la expresión “latorritos”, que parece haber producido a mucha gente un gran escozor.

Al otro día la prensa se hizo eco del mensaje.

Se dieron versiones, más o menos completas unas, tomadas del borrador llevado por el periodista de Carve otras, síntesis más o menos ajustadas en otros casos.

La anunciada interpelación al Ministro Malet enloqueció a varios.

Les hizo perder la serenidad.

Se anunciaron reuniones de altos mandos. Se indicó las posibilidades de que se adoptaran tales o cuales medidas.

El uso de la libertad de expresión de pensamiento, en vez de provocar la réplica para demostrar el error, para alguna parte ya se va convirtiendo en problema que se resuelve en artículos del Código Penal o sus leyes modificativas.

Pese a todo, el sentido común pareció sobreponerse y, en el curso de esa tarde, en forma personal, el secretario particular del Presidente de la República, Sr. Castro, concurría a mi domicilio particular, y desde allí a mi despacho profesional, para hacerme entrega de una carta del propio Presidente de la República. La carta tiene el siguiente texto:

Montevideo, 2 de febrero de 1973.

Señor Senador

Doctor Amílcar Vasconcellos

Presente.-

Señor Senador:

Distintos medios de información han dado a publicidad en las últimas horas una carta suscrita por Ud. dirigida a la opinión pública uruguaya.

Considero que la ciudadanía necesita una clara definición de quienes hemos comprometido el honor en la defensa de las instituciones y es por eso que dirijo a Ud. la presente, a la cual además daré amplia difusión. Creo haber afirmado reiteradamente mi compromiso; sin embargo, la frecuencia con que el país en los últimos tiempos ha recibido versiones acerca de posibles intentos de hacerlo salir de sus tradicionales cauces de legalidad, me obliga, en homenaje a una tranquilidad que el país necesita imprescindiblemente para trabajar y producir, a expresar una vez más, y en especial ante sus manifestaciones públicas, mi clara e inconmovible posición al respecto.

He afirmado una y otra vez, y lo reitero en esta oportunidad, que no será con mi consentimiento que el país se apartará de su tradición democrática, y reafirmo una vez más la voluntad de cumplir con el mandato de entregar el poder solo a quien determine la voluntad soberana del pueblo. De esto que hasta hoy entendí un supuesto demasiado obvio para tener que esclarecerlo. todos, y Ud, señor Senador, deben tener cabal y definida conciencia.

No puedo aceptar, por tanto, bajo ningún concepto, su afirmación en cuanto a la existencia de un movimiento que quisiera desplazar la legalidad y que contara para ello con la pasividad y complicidad de las Fuerzas Armadas o del Presidente de la República. Puedo asegurar a Ud. que si a alguien se le ocurriera el desvarío de pensar lo contrario, el Presidente de la República, y sin duda las Fuerzas Armadas leales al mismo por lo que representa, reafirmarían con los hechos la voluntad implícita en sus obligaciones de responsabilizar a todo aquel que pretendiera violentar el “hecho histórico” de la vigencia de las instituciones.

Sepan, pues, el señor Senador, y quienes a raíz de sus expresiones públicas puedan tener dudas acerca de mi pensamiento y de mi conducta, que para el Presidente de la República no hay más camino que el de la legalidad, no hay más compromiso que el de la defensa de las instituciones y que, igualmente, no hay respaldo más firme para defender ambos, que la seguridad de que para ello cuenta y contará con las Fuerzas Armadas de la República.

En segundo lugar, expreso al señor Senador que no necesita ni la publicidad de sus dichos ni aun la interpelación parlamentaria para señalar sospechas de corrupción ni en las Fuerzas Armadas ni en ningún ámbito que esté sometido a jerarquía del Poder Ejecutivo.

No creo necesario renovar aquí mi compromiso de actuar y exigir en la función pública la más acrisolada honradez y el más puro desinterés personal, lo que, por otra parte, no es sino una inconmovible norma de conducta para todos mis actos públicos y privados.

Creo sí en cambio necesario insistir una vez más sobre el inmenso daño que a nuestros hombres y a la fe del pueblo uruguayo, hacen las frecuentes imputaciones públicas de sospechas de corrupción o deshonestidad.

Reafirmo una vez más mi fe en la utilización de los mecanismos legales para prevenir, investigar y sancionar las omisiones porque en ello va implícito, además, la fe en el sistema que nos rige, el cual por cierto se vería defendido y consolidado con una más firme acción de los Partidos Políticos en tal sentido.

Y ofrezco otra vez mi disposición para recibir toda denuncia bien inspirada no solo de hechos irregulares o delictivos sino del mal funcionamiento de los órganos encargados de reprimirlos.

Por eso concluyo que el señor Senador tiene abiertos los caminos de esclarecimiento que desee, sin necesidad de la denuncia pública ni aun del planteamiento parlamentario.

La sensibilidad y el honor del Presidente de la República y de las Fuerzas Armadas y la confianza en sus jueces naturales serán sus mejores aliados.

                                                                                                                              Juan María Bordaberry

                                                                                                                                                           Presidente de la República

La incidencia parecía quedar terminada.

A un alerta a la opinión nacional, el Presidente de la República, en nombre de su investidura, contestaba en forma clara y rotunda afirmando que “un movimiento que quisiera desplazar la legalidad y que contara para ello con la pasividad y complicidad de las Fuerzas Armadas o del Presidente de la República” constituiría un “desvarío”, y “el Presidente de la República y sin duda las Fuerzas Armadas leales al mismo por lo que representa, reafirmarían con los hechos la voluntad implícita en sus obligaciones de responsabilizar a todo aquel que pretendiera violentar el ‘hecho histórico’ de la vigencia de las instituciones”.

La afirmación rotunda tenía que ser y era satisfactoria para el más preocupado de los espíritus.

Una etapa parecía quedar clausurada.

Apenas si quedaba abierta una interpelación anunciada al Ministro de Defensa Nacional Dr. Armando R. Malet.

***

La incidencia, en realidad, no estaba terminada.

El proceso continuaba. El mensaje sirvió para poner a mucha gente nerviosa. La contestación directa y clara del Presidente pareció molestar aun más a algunos otros.

Y los hechos empiezan a precipitarse.

El viernes 2 de febrero el país es un semillero de rumores.

Circulan las más contradictorias versiones.

El País titula: “Vasconcellos: violenta acusación y anuncio de interpelación a Malet” y en artículo en la misma página, agrega: “Comandantes analizan hoy las declaraciones”.

El hecho parecía ser de una urgencia extrema. El discurso fue pronunciado a las 23:15 y duró unos veinte minutos. El País anuncia que los Comandantes estaban reunidos a las 0:15.

Otros diarios titulan con expresiones de similar o mayor virulencia las expresiones usadas; no se dice: “Habló defendiendo la legalidad y la vigencia de las instituciones”.

El Diario de ese día es de los más sobrios en sus titulares, y El Día se limita a decir: “Vasconcellos interpelará a Malet”; recién el 3 publicará la documentación mencionada anteriormente, y Acción titula su editorial del día 2: “Valiente planteo y valiente respuesta”.

La Mañana del día sábado 3 de febrero titula a toda página con la siguiente expresión: “Carta de Bordaberry a Vasconcellos disipa la tensión político-militar”, y recoge en la misma página primera una expresión bajo el título: “Pérez Caldas: Se ha referido el Jefe Supremo” y dice, atribuyendo al referido oficial: “No puedo emitir opinión sobre un tema al cual se ha referido un superior, es decir, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, dijo anoche a La Mañana el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Brig. José Pérez Caldas”. “El citado jerarca militar expresó -agrega el artículo- que sobre las declaraciones del Senador Amílcar Vasconcellos, había habido una respuesta pública del Presidente Bordaberry en su carácter de Jefe de las Fuerzas Armadas, por lo que no correspondía que la Junta de Comandantes emitiera ninguna clase de juicio”.

***

En cuanto a mí, interrogado por diferentes periodistas sobre mi opinión respecto a la carta del Presidente, efectué declaraciones de tenor similar en todos los casos a la que publicó el diario El Día en su edición del 3 de febrero.

El reportaje dice:

SATISFECHO

CONFIANZA DE VASCONCELLOS EN EL PRIMER MANDATARIO

Conocido el texto de la carta enviada por el Presidente de la República Sr. Juan María Bordaberry al Senador Nacional Dr. Amílcar Vasconcellos, El Día entrevistó anoche en la sede de la Agrupación de la Lista 315, al legislador batllista.

-¿Qué opinión le merece la respuesta del Presidente Bordaberry? -preguntamos.

-Recibí en la tarde de hoy en mi estudio profesional, porque no se me halló en mi domicilio, de parte del Presidente de la República y entregada por su Secretario, una carta contestando mis apreciaciones personales formuladas por vía de la radio en la noche de ayer. No he podido, por el cúmulo de amigos de Montevideo y del interior que se han hecho presentes para expresar su solidaridad, analizar debidamente esa contestación.

Pero más allá de que pueda discrepar con sus términos o expresiones -agregó de inmediato el Senador Vasconcellos- siento que esta actitud del Presidente de la República es profundamente reconfortante para el país, porque afirma en forma categórica, decisiva y rotunda -que tengo la seguridad de que su raíz vasca certificará hasta el último de sus actos- que en su carácter de electo por el pueblo, él representa, representará y seguirá siéndolo hasta un nuevo pronunciamiento de la ciudadanía, la vigencia de las instituciones en el país y la seguridad de que nada ni nadie podrá separarlo del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

-¿Insistirá Ud. en pedir una interpelación al Ministro de Defensa Nacional?

-Es un problema de carácter distinto. Más allá de mi vieja estima y amistad con el Dr. Malet, creo que ha estado profundamente débil en su actuación y no es el hombre indicado para asumir la responsabilidad de una cartera de esta naturaleza en tan difíciles circunstancias por que atraviesa la República. Más allá de todo mi viejo afecto personal -afirmó-, haré todo lo posible para que se vaya.

Habida cuenta que esa manifestación ratifica la intención del Senador Dr. Vasconcellos de promover un llamado a Sala del Ministro de Defensa Nacional, le preguntamos si se pondría en contacto con el Presidente de la República para informarle de los elementos con que cuenta para avalar su posición. Nos dijo al respecto el legislador batllista:

-No tengo ninguna duda que el Presidente de la República, en conocimiento de hechos concretos de irregularidades, anormalidades o corrupciones, adoptará las medidas conducentes a corregirlas y sancionarlas. Pero hay entremezclados entre ellos, hechos políticos o con consecuencias políticas cuya dilucidación en el seno del Parlamento estimo le van a hacer bien a la República.

Y dijo finalmente:

-Si el Ministro Malet me convence de mi error, seré el primero en gustosamente pedirle excusas por haberlo acometido. Pero si yo tengo razón -enfatizó- el Dr. Malet le hará un gran bien al país regresando a la actividad privada.

IV

Los hechos empiezan a confundirse

Un documento increíble

Los hechos continúan desenvolviéndose aunque no tienen trascendencia pública registrada por la crónica periodística.

Trascienden rumores, se filtran informaciones, se deforman acontecimientos, se insinúan hechos; pero recién saltan a conocimiento de la opinión pública entre el martes 6 y el miércoles 7 de febrero.

Se informa que el martes 6 de febrero el Presidente de la República estuvo reunido durante más de cuatro horas con el Ministro de Defensa Malet, los altos mandos y todos los generales, contralmirantes y brigadieres en actividad.

La reunión habría seguido entre jefes, esa noche, en otra dependencia militar.

La prensa del miércoles menciona que los oficiales totalizaban más de 25 y atribuye al Dr. Malet, al ser interrogado sobre posibles discrepancias entre el Presidente y los Comandantes, haber expresado: “Las discrepancias son naturales en las relaciones humanas” (El Popular de 7 de febrero). El mismo órgano de prensa informa: “Terminada la reunión, los Jefes de las cuatro Regiones Militares regresaron a sus respectivos comandos, en tanto se notaba en dependencias de la Armada un reforzamiento de guardias aun sin versión oficial sobre el asunto. Los Comandantes en Jefe, por su parte, se habrían retirado a un lugar no revelado para reunirse y seguir tratando la situación”.

Y en su página primera, varios títulos son expresivos: “Horas de aguda tensión”. “Los Mandos, 4 horas con Bordaberry. El ‘Caso Vasconcellos’ derivó en replanteo general frente al Presidente”. “Francese Ministro de Defensa”, y anuncia la renuncia de Malet en estos términos: “A la hora 1:05 de esta madrugada, la subsecretaría de información y difusión de la Presidencia de la República informó que anoche había presentado renuncia el Ministro de Defensa Nacional Dr. Armando Malet y que en la madrugada de hoy la misma le había sido aceptada por el Presidente Bordaberry, quien de inmediato procedió a designar en el cargo al General Antonio Francese, que ocupara la misma secretaría durante los gobiernos de Gestido y Pacheco. Al cierre de esta edición no se conocía la opinión de los mandos castrenses ante esta designación”.

Y en la misma página primera, bajo el título “Último momento: Comunicado conjunto de comandos del Ejército y la FAU”, se dice: “A la hora 2 de la madrugada de hoy se dio a conocer un comunicado de los Comandos Generales del Ejército y de la Fuerza Aérea en los siguientes términos: ‘Se pone en conocimiento de la población que estos Comandos Generales han decidido librar oportunamente las opiniones que les merecen las manifestaciones públicas del senador Amílcar Vasconcellos el día 1^o de febrero del corriente referente a la actuación de las Fuerzas Armadas’. Como se percibe -agrega El Popular-el comunicado no es firmado por la Marina”.

Vale la pena subrayar un hecho: mi discurso es del 1^o de febrero, el comunicado procedente es de la madrugada del 7 de febrero.

Según el órgano de prensa mencionado, a la hora 1:05 -iniciándose el miércoles- es aceptada la renuncia de Malet, y a la hora 2 se da a conocer el comunicado que transcribe anunciando que se ha decidido “librar oportunamente” la contestación que anuncia.

A la hora 10 del miércoles 7 el nuevo Ministro de Defensa General Antonio Francese asume sus funciones.

La prensa en general le teje elogios y señala sus antecedentes y la forma en que desempeñó anteriormente funciones ministeriales.

El Ministro del Interior, Dr. Walter Ravenna, le da posesión del cargo.

Francese pronuncia un breve discurso, donde expresa:

Respondiendo a los conceptos del Ministro del Interior, el nuevo titular de Defensa emitió los suyos del modo siguiente:

-El despegue de ese descanso que yo tuve, me obliga a hablar, cosa de la que había perdido ya la costumbre. Pero de lo que me queda todavía, alcanza para decir que siento un gran placer en encontrarme con caras que han sido amigas y que seguirán siéndolo, porque esa es su característica; y con caras nuevas y caras viejas que a uno tal vez lo rejuvenecen. En cuanto a mi gestión aquí, no sufrirá ninguna variación mi conducta. Desde que ingresé a la vida militar y hasta que llegue el momento, si la cureña me lleva un día, pienso seguir el mismo camino, el mismo derrotero. Es decir, que soy un fiel cumplidor de la Constitución, un respetuoso de todas las jerarquías, y en ese camino todos nos vamos a encontrar. Sé que los sentimientos de ustedes -dijo girando la vista sobre el núcleo de los Jefes de las Fuerzas Armadas que le escuchaban- son idénticos; que los que han venido aquí en tren de consulta, siempre amistosamente hemos podido resolver los problemas; y si no pudimos solucionarlos de acuerdo a lo que sostenían los solicitantes, fue porque yo he tenido para mí una idea distinta. En ese juego de posiciones, es indudable que el que tiene la responsabilidad es el Ministro y se la juega en ese sentido. En lo demás, soy siempre compañero de todos mis camaradas, y si no fuera así, yo no estaría acá. Pienso y vivo siempre pensando en el instituto armado. En él me hice y le debo a él todo lo que soy y por eso siento por todos mis amigos y por todos mis camaradas, y por los que no son amigos también, una gran satisfacción de encontrarme hoy de nuevo aquí, porque junto con ellos vamos a seguir llevando la pesada carga que corresponde a las Fuerzas Armadas. Nada más.

La prensa de la tarde difundió un comunicado del Ejército y la Fuerza Aérea. Acción, en su edición del miércoles -en la tarde del mismo día que Francese había tomado posesión del cargo en horas de la mañana-, en su primera página, y dejando constancia debajo de la foto del Contralmirante Zorrilla: “La Armada no estuvo de acuerdo con el comunicado”, dice lo siguiente: “A las 13:10 de esta tarde fue difundido el anunciado comunicado del Ejército y la Fuerza Aérea. Está fechado en el día de ayer a la hora 23:15. Contiene apreciaciones sobre el Senador Vasconcellos y se repite tres veces que las Fuerzas Armadas defenderán la ley y la Constitución. De cuatro carillas de extensión, contiene también referencias a los Ex ministros Legnani y Malet. No fue firmado por el Comandante de la Marina Contralmirante Zorrilla. Al cierre de esta edición no se conocía reacción oficial al respecto”.

Y a continuación -como los otros órganos de prensa vespertinos- publica el mencionado comunicado.

El texto del mismo es el siguiente:

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS COMANDOS GENERALES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA

Los Comandos Generales firmantes complementando lo expuesto por el Sr. Presidente de la República, en su carta contestación al señor senador don Amílcar Vasconcellos, estiman de su deber puntualizar ante la opinión pública:

A) Que esta comunicación, de carácter estrictamente castrense persigue la finalidad de analizar los tendenciosos y gratuitos agravios inferidos por el referido senador a las FF.AA., expresando, que los mandos comprenden claramente que su actitud no constituye un hecho aislado y personal, sino que se inscribe dentro de una concertada maniobra política que persigue, entre otros objetivos desprestigiar a las FF.AA., ante la opinión pública y sustituir al actual ministro de Defensa Nacional, Dr. Armando Malet. No quiera entender el mencionado senador que el presente comunicado se circunscribe solo a contestar sus desvaríos de carácter personal.

Se comprende que se haya prestado como portavoz de una conjura de sectores partidarios en base a la posibilidad de ganar prestigios o caudal electoral. En consecuencia se le contestará bajo ese aspecto y dentro del marco de la aseveración de que las FF.AA. no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y/o políticos, cuyos personeros, habiéndolo advertido así y para satisfacer sus intereses sectoriales, pretenden apartarlas del camino que ellas deben recorrer.

B) Por considerarlo un deber moral se hace saber a todos los orientales cuál es el verdadero pensar y sentir de las FF.AA. para evitar en el futuro confusiones y hechos de esta naturaleza.

Consecuentemente expresan lo siguiente:

I^o) Las Fuerzas Armadas por esencia de su creación tienen por función planificar y ejecutar todos los actos que impone la defensa nacional a los efectos de preservar la Seguridad Nacional, tanto en el plano externo como en el interno. Constituyen pues un órgano de Estado, especializado en Seguridad y tienen la responsabilidad directa de detectar, señalar y asesorar al Poder Ejecutivo, todo hecho o circunstancia que afecte a la misma. A este precepto se agrega la misión encomendada a las FF.AA., por decreto 566/971, en el sentido de tomar a su cargo la conducción de la lucha antisubversiva. Se introduce aquí un elemento diferente a los manejados tradicionalmente en el ámbito funcional de las FF.AA., como solución extrema a la crisis imperante. Se hace necesario pues, para enfrentarla, comprender primeramente qué es la subversión y qué constituye la sedición. La primera está integrada por todos aquellos actos o situaciones, ajenas al derecho público, al estilo de vida autóctono y a la básica escala de valores morales, que deterioran el ordenamiento institucional, social, moral y económico nacional. La sedición está constituida exclusivamente por la parte de la subversión que pretende alterar el mencionado ordenamiento empleando medios violentos o bien por la lucha armada.

Consecuentemente ha existido en el país una sedición que ha sido contrarrestada por las FF.AA. en el terreno meramente militar, pero, continúa existiendo una subversión, nadie puede negarlo, que afecta directamente la seguridad nacional. Así pues, de acuerdo a la función y misión expresadas, las FF.AA. están obligadas a empeñar hasta el último de sus esfuerzos para combatir y extirpar la subversión. Sorprende entonces que un educacionista y actual legislador, de larga trayectoria política en la vida nacional, que se supone, debidamente informado, confunda los conceptos de los términos manejados precedentemente, a no ser que sea con el deliberado propósito de confundir a la opinión pública.

2^o) Como se ha expresado, en setiembre de 1971 las FF.AA. por decreto N° 566/971 del Poder Ejecutivo, avalado posteriormente por el Parlamento, tomaron a su cargo la lucha antisubversiva. En ese momento, la Junta de Comandantes en Jefe, debidamente asesorada, estudió la misión a cumplir y estructuró un documento en el cual se establecieron objetivos, misiones particulares, etapas y tareas. Este documento que fue el que marcó la filosofía de la acción de las FF.AA. y en cuyo parágrafo fundamental establece que la misión será:

“Restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional", fue aprobado por Mando Superior y conocido por numerosos legisladores, entre los que se encuentra el Senador Vasconcellos. En él se demuestra con toda claridad que las miras de las FF.AA. estuvieron siempre puestas en los altos intereses nacionales, en el fortalecimiento de instituciones públicas y en el restablecimiento de la confianza popular de las mismas y no en desplazarlas o sustituirlas como aviesamente expresa el Senador. Las FF.AA. han tenido y tendrán solamente una aspiración: la felicidad y el bienestar del pueblo al que pertenecen dentro del marco de la ley y la seguridad.

3^o) En su carta, el Senador Vasconcellos expresa varias falsedades, algunas verdades a medias con desfiguración de hechos y, sorprendentemente, ciertas verdades. Comenzando por estas últimas, dice verdad el Senador solo cuando expresa: “hay que centrar el problema en sus justos y reales términos para comprender la gravedad del momento que Uruguay está viviendo...”. Cuando dice: “el hecho real es que el pueblo de este país debe saber...” y cuando dice: ...“la corrupción existe...”. Solo estas frases, extractadas de su carta, constituyen las únicas y reales verdades que existen en ella; porque nadie puede pretender que el pueblo ignore la realidad nacional, que no tome conciencia de la magnitud de la gravedad del momento que vive el país y que no conozca a los hombres que con su corrupta conducta administrativa o política, han conducido a aquel a ese estado, debilitando las Instituciones Nacionales. Constituyen cosas muy distintas, informar honestamente y deformar la verdad que llega al pueblo. El Senador efectúa una deformación consciente de la verdad cuando expresa públicamente que existe “un plan confeccionado por FF.AA. para ir apoderándose del control de la administración”, cuando bien sabe que solo se trataba de un estudio de Estado Mayor que no había merecido aún la aprobación o reprobación de los mandos superiores y que llegó a sus manos en forma irregular, con la complicidad de “incautos o serviles de tumo”. Este estudio lejos de pretender lo que interpretado por él significa subversión, solo buscaba recomendar la política a desarrollar por las FF.AA. en procura del cumplimiento de la misión establecida, cosa que consta en la primera parte de este documento. Porque se deforma la verdad cuando el Senador pretende no entender las claras explicaciones que sobre aquel diera en su oportunidad en el Parlamento el Señor Ministro de Defensa Nacional, Dr. Don Armando Malet, porque es difícil creer que una persona que ha ocupado en reiteradas oportunidades altos cargos en el gobierno, desconozca las distintas etapas que constituyen el proceso de estudio y posterior decisión en el seno de las FF.AA. Ello significaría un desinterés o negligencia o una incapacidad intelectual inadmisible para su investidura. Solo se comprende que haya intención de crear confusión para que pueda existir esa interpretación antojadiza y tendenciosa del estudio, ya que si su propósito hubiera sido constructivo, habría dado a publicidad la totalidad del mismo y no solo una parte, cambiándole así el sentido que realmente tenía. Constituye también una deformación de la verdad establecer “que la defensa de las instituciones está pura y exclusivamente en las manos del pueblo y en la responsabilidad de los partidos políticos...”, olvidando deliberadamente, que además de ellos están también las FF.AA. con su tradición y responsabilidad, que se origina en la Constitución, en la Ley y en su nunca desmentida extracción popular. Actitudes como estas, ponen en peligro la tranquilidad pública y la estabilidad nacional al intentar provocar una reacción popular injustificada contra instituciones tales como las FF.AA., contribuyendo así a agravar la crisis existente.

Declaraciones de este tipo, realizadas en ámbitos impropios del que las emite, solo pueden perseguir fines inconfesables de los que las FF.AA. no desean responsabilizarse. Vuelve a deformar la verdad cuando pretende que las FF.AA. sostienen la idea de ser “la única fuerza organizada capaz de darle cohesión a un país en crisis...”, pues es y ha sido siempre, como lo ha probado con su conducta tradicional, sentir unánime de las mismas, el convencimiento de que el cumplimiento efectivo de las funciones específicas para las que cada Institución Nacional fue creada, es la única forma de lograr la cohesión necesaria para la obtención de los objetivos nacionales que aseguren la paz y el bienestar público.

4^o) Pretende el Senador, a través de determinadas apreciaciones, silenciar la opinión de las FF.AA. a pesar de ser consciente de que esa opinión es vertida con total objetividad e imparcialidad, sobre hechos verdaderamente subversivos y con la honesta finalidad de informar, advertir a la población y estimular la inmediata corrección. Así lo atestigua el comunicado librado por la Junta de Comandantes en Jefe con motivo de los vergonzosos hechos denotados en la Junta Departamental de Montevideo, respetando como es su norma habitual, la decisión del Poder Ejecutivo, se limita a señalar sus puntos de vista.

Por posibles efectos negativos sobre intereses sectoriales, teme el Senador las publicaciones y declaraciones de los Mandos Militares, los cuales han marcado la corrupción donde se ha encontrado y continuarán denunciando todas las que lleguen a su conocimiento, sean cuales sean la ubicación y jerarquía de los corruptos. Se entiende que solo con la desaparición total de estos, se logrará un paso decisivo en la lucha anti subversiva y en el restablecimiento del orden. Al Ministerio de Defensa Nacional le compete la seguridad en lo exterior y en lo interior y lo que se relacione con la Defensa Nacional en materias atribuidas a otros Ministerios. En cumplimiento de esta norma, las FF.AA. continuarán asesorando y analizando todas las acciones que contribuyan a esos fines, a pesar de que intenciones subalternas, como la que anima al Senador, pretendan presentar esas actividades como preámbulo a maniobras tendientes a desplazar a los poderes legales.

5^o) Nuestra institución podrá albergar en su seno elementos corruptos. Los miembros de las FF.AA. son seres humanos y por lo tanto pasibles de caer en situaciones deshonrosas o discordantes, pero en las oportunidades en que estas se han constatado, la reacción de los mecanismos de corrección ha sido drástica, implacable y rápida para la administración de justicia. Las FF.AA. tienen en funcionamiento 12 Tribunales de Honor de distintos niveles, con el cometido de velar por la moral y el honor de sus integrantes. Emiten fallos por simple convicción, sin necesidad de sustanciarse plena prueba ni añosos juicios, procedimiento que solo existe en el ámbito castrense y que asegura la sanción de las inconductas, siempre y cuando el Poder Político homologue sus fallos, por así estar establecido en la norma legal. Es así, que si en alguna oportunidad los fallos no han tenido las consecuencias correspondientes, se debió precisamente, a que el Poder Político, dejando de aprobar el fallo, desvirtuó su efectividad. Consecuentemente, si los órganos preventivos no pueden cumplir con sus funciones adecuadamente, es porque la decisión final queda fuera del ámbito militar. No existe prácticamente órgano administrativo o ejecutivo donde el Poder Político no ejerza el contralor o designe a sus máximos jerarcas; por lo tanto si en ellos existiera corrupción, es su responsabilidad.

6^o) En otros pasajes de su carta, el Senador pretende acusar a las FF.AA. de llevarse por delante al Señor M. D. N. y abunda en esa idea apuntando de que un Ex ministro de Defensa Nacional debió renunciar por no poder relevar a un Jefe. Aquí se demuestra una vez más la intención tendenciosa del autor, ya que con respecto a lo primero es necesario informar a la opinión pública que el Señor Ministro de Defensa Nacional, perfectamente interiorizado de la posición y el sentir de las FF.AA., se encuentra identificado en un todo con ellas, compartiendo sus acciones. Con respecto al segundo hecho el Senador omite decir que la propuesta de destino de cualquier integrante de las FF.AA. es prerrogativa del Comandante en Jefe respectivo y que dicho Ex ministro no comunicó a la autoridad competente, su deseo de relevar al Jefe, limitándose pura y exclusivamente a anunciarle en forma directa su relevo. Esta actitud demuestra absoluta falta de consideración para con el Comando de la Fuerza respectiva y desconsideración hacia el Jefe en cuestión, cosa que solo se justificaría por el desconocimiento total de disposiciones legales o bien por una sobreestimación de sus atribuciones funcionales. También omitió decir que este Señor Ex ministro cumplió dichas funciones solo como un paréntesis en su actividad diplomática y que su estada en la Cartera tuvo tal carácter de transitoriedad que ni siquiera lo acompañó su familia durante su permanencia en el país.

7^o) Se han señalado hasta aquí todas las inconsistencias de los gratuitos agravios inferidos por el Senador Vasconcellos. Pero no debemos considerar todas estas manifestaciones solo como el producto de una mente enfermiza, sino por el contrario ellas responden a una maniobra política de la que el Senador es portavoz en un intento partidario que se le muestra esquivo.

8^o) La situación realmente grave por la que atraviesa nuestro país, ha llevado a las FF.AA. a la disyuntiva de jugar su prestigio en defensa de los más altos intereses de la Nación, lo que ha obligado a sus Mandos a adoptar la decisión de impedir futuras acusaciones o dolosas operaciones, cualquiera sea la investidura de la autoridad que en ellas tomen parte activa, posición esta a la cual no se renunciará.

Y sepan que a las Instituciones con dignidad, no se les acorrala.

                                                                                           Comandante en Jefe del Ejército Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea

Los comentarios a ese documento huelgan.

Es uno de esos documentos que por sí solo, por su simple lectura bastan para formarse opinión sobre el estado espiritual, el equilibrio y la ponderación de quienes son sus autores, sobre todo si se valora todo ello en función de la jerarquía que ejercen.

Por ahora alcanza con dejarlo estampado para que el hecho de figurar solo en la prensa diaria no lo deje marchitarse.

Es preciso, sin embargo, señalar algunas características singulares de ese documento.

Veámoslas.

Según las informaciones hechas públicas a la hora 1:05 del miércoles, se informa oficialmente la renuncia de Malet; a la hora 2 se emite un comunicado anunciando que “oportunamente” se librará un comunicado contestándome, y este es difundido a la hora 13:15 (tarde del miércoles 7), estableciéndose como fechado a la hora 23:15 del martes 6. Su finalidad declarada era “complementar lo expuesto por el Sr. Presidente de la República en su carta contestación al señor senador Dr. Amílcar Vasconcellos”, a quien acusa de ser “portavoz de una conjura de sectores partidarios” y que “su actitud no constituye un hecho aislado y personal, sino que se inscribe dentro de una concertada maniobra política que persigue, entre otros objetivos desprestigiar a las Fuerzas Armadas ante la opinión pública y sustituir al actual Ministro de Defensa Nacional, Dr. Armando Malet”.

Reaparece en la historia del país un viejo concepto aunque no es usado en forma expresa: una “siniestra conjura”.

Y esa conjura es dirigida, entre otras finalidades, contra la presencia del Dr. Malet porque se anuncia que se le efectuará una interpelación.

¡No muy alto concepto parece tenerse de un Ministro cuando el anuncio de una interpelación a realizarse puede confundirse con una conjura contra él!

Y lo más curioso del hecho es que cuando el comunicado se difunde -13:10-, según la prensa, ya el Dr. Malet no era más Ministro de Defensa Nacional; al civil había sustituido un veterano General, el General Francese.

El tono de lo afirmado es tan carente de razón, está tan alejado del texto de mi discurso, responde evidentemente a otros motivos que poco o nada tienen que ver con lo expresado, que el diario El Día, en un artículo editorial, puntualiza con claridad y generosidad que agradezco, ya que es notorio que hemos tenido largos enfrentamientos y discrepancias con ese prestigioso órgano de prensa, pese a nuestra común condición de batllistas, la sinrazón de todo ello.

Ese editorial, publicado el viernes 9 de febrero, dice bajo el título:

¡VIVA LA CONSTITUCIÓN!

¡VIVA LA DEMOCRACIA!

Inquieta, estremece y duele que ciertas crisis que padece el Uruguay, en vez de atenuarse, recrudecen.

Así la que de nuevo se generó a raíz de las declaraciones que hizo, por radio, el Senador Dr. Amílcar Vasconcellos, el miércoles 31 de enero, y la respuesta que el viernes dos de febrero le dirigió el Presidente de la República, Sr. Juan Ma. Bordaberry.

Cuando los ganados por el optimismo y el afán de que la más absoluta paz reine en un país que, como el nuestro, tanto la necesita para avanzar, a su desarrollo integral, daban por superado el ingrato conflicto, he ahí que, de pronto, adquirió gravísimas proyecciones al entender los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea, en actitud compartida por el Ministro de Defensa Nacional, Dr. Malet -no así por el Comandante en Jefe de la Armada Nacional- que debían también ellos y con plena independencia, emitir un comunicado público en réplica a lo dicho por el mencionado legislador batllista.

Así, tras habérselo anunciado a la hora 2 del último miércoles alrededor de la hora 12:45, aunque fechado a la hora 23:50 del día anterior.

Provocó, al ser difundido, gran conmoción.

Y  de ella derivó la renuncia del Dr. Malet al cargo de Ministro; su reemplazo por el General Antonio Francese -hechos ocurridos anteayer- y la dimisión presentada ayer, del Comandante en Jefe del Ejército, General César Augusto Martínez, el cual fue sustituido por el General José Verocay.

***

Es notoria la pasión que caracteriza al Dr. Amílcar Vasconcellos en todo cuanto trata. Equivocado o no, es sincero en lo que manifiesta. Nosotros hemos discrepado con él no pocas veces y es probable que otras tantas diferencias, de mayor o menor grado, nos separen de su manera de ser o de encarar los problemas.

Empero, al igual que lo sabemos vehemente, lo consideramos un hombre honrado, estudioso, de sana valentía y preocupado por todo lo que afecta o conviene a la República.

Y es la verdad que en el error o en el acierto, se esté o no de acuerdo con el Dr. Vasconcellos, lo que no puede serle atribuido es mala fe.

En su interpretación del momento actual, hizo graves cargos a jerarcas del Ejército, no a este como institución, desde que sostuvo que “tiene una formación intelectual que no era la común en aquella época”, referida a la de un siglo atrás, denominada como “periodo militarista”.

Por otra parte, si bien hizo acusaciones que podrán tener o no validez -exactas o infundadas- acerca de jerarcas castrenses dispuestos a barrer con la Constitución y suplir al Poder Civil, cabe tener presente que afirmó:

“Sabemos que la inmensa mayoría del Ejército Nacional -en todos sus sectores integrada por gente sana, moral y espiritualmente, hijos de un pueblo profundamente sano, saben que en esta tierra la soberanía radica en el pueblo y que solo a este toca designar su representación y elegir sus gobernantes”.

De ahí que hubiese manifestado antes:

“La corrupción existe no solo cuando se usan los dineros del pueblo -y esta es y debe ser sancionada por los órganos administrativos y judiciales pertinentes- existe también cuando se busca sustituir a los organismos normales de la administración por quienes no teniendo facultades para ello lo asumen por el solo hecho de tener la fuerza en sus manos”.

Nadie ignora que cuanto alegó el Dr. Vasconcellos, se transmite en voz alta o de boca a oído, en la calle, en las oficinas públicas o privadas, en los talleres, en las fábricas, en los bares y aun en versiones periodísticas más o menos sutiles, y siempre, al aducir por los que las hacen correr, que las versiones “provienen de fuente autorizada”.

A ello contribuyen, además, las noticias de las idas y venidas de los Jefes militares, de sus constantes reuniones con el Presidente de la República o en la Región N° 1, en la sede de los Comandantes en Jefe y en el Estado Mayor del Ejército, esparciéndose al respecto, con malevolencia o credulidad, los más alarmantes rumores.

De ponerse fin, de manera definitiva, por quienes pueden y deben hacerlo, con una clarificada declaración de que jamás estará en peligro el pleno acatamiento a los preceptos constitucionales, entonces no habría motivo para advertencias como las formuladas por el Dr. Vasconcellos, o para que cunda la incertidumbre y el desasosiego en la comunidad democrática del país, compuesta por la abrumadora mayoría de los ciudadanos.

Y de producirse tan necesaria como urgente definición, se acabaría el motivo de airados Comunicados de los Comandantes en Jefe -en el caso del Ejército y de la Fuerza Aérea, no de la Armada Nacional- contestando al Dr. Vasconcellos y calificando los dichos de este de “tendenciosos y gratuitos agravios” inferidos a las FF.AA., persiguiendo “entre otros objetivos desprestigiar a las FF.AA. ante la opinión pública”.

Si estuviésemos nada más que superficialmente convencidos de que tal fue o es el propósito del citado legislador, nos situaríamos en el primer plano de los que lo atacaran y repudiasen con la pertinente energía.

Notoria es nuestra gratitud hacia las FF.AA. por su coraje y su heroico comportamiento en defensa de la libertad y de las instituciones que se dio la República.

Notorio es, a la vez, nuestro imperecedero, emotivo y solemne recuerdo de los vilmente sacrificados o víctimas del cumplimiento de su deber luchando contra los sediciosos.

¿Cómo, entonces, habríamos de admitir en silencio que se ofendiera a las FF.AA., gestoras de tales héroes?

¡No, al Dr. Vasconcellos lo juzgamos incapaz de incurrir en esa monstruosidad, pese a que sus críticas alcancen a algunos de los que las componen!

***

Ciertamente sorprende que se diga en el Comunicado que los mandos comprenden claramente que su actitud (la del Dr. Vasconcellos) “no constituye un hecho aislado y personal, sino que se inscribe dentro de una concertada maniobra política que persigue entre otros objetivos desprestigiar a las FF.AA. y sustituir el actual ministro de Defensa Nacional, Dr. Armando R. Malet”.

Por más enojados y por más agraviados que se supongan los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea, nos parece impropio que le atribuyan a dicho legislador tal confabulación.

Vasconcellos, con razón o sin ella, ha proporcionado suficientes pruebas de enfrentar los acontecimientos por sí, cara a cara, sin ocultar sus decisiones, ni valerse de segundos o de trapisondas para cometer actos que serían inmorales, fijadores de conducta oprobiosa.

Y más extraña aún este párrafo del Comunicado: “Se comprende que se haya prestado (Vasconcellos) como portavoz de una conjura de sectores partidarios en base a la posibilidad de ganar prestigios o caudal electoral.

En consecuencia se le contestará bajo ese aspecto y dentro del marco de la aseveración de que las FF.AA. no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y/o políticos, cuyos per-soneros, habiéndolo advertido así y para satisfacer sus intereses sectoriales, pretenden apartarlas del camino que ellas deben recorrer”.

Esa acusación no puede ser más tremenda.

¿Qué conjura de sectores partidarios, o de qué agrupaciones de partidos puede ser esa?

¿Y para apoyar grupos económicos o políticos?

***

Realmente nos resulta inconcebible.

¿Ese senador batllista portavoz de aludidos, aunque no identificados, sectores partidarios y grupos económicos?

¡Pero si nunca, a nuestro entender, entró en conciliábulos y siempre se sindicó por combatir a los que desangraban o desangran nuestra economía!

Esa es la imagen que tenemos del Dr. Vasconcellos.

Y la mantendremos, pese, reiteramos, a que no sostenemos con él ningún contacto especial o continuo, ni pertenecemos al sector político que orienta, pues El Día, conforme a su prédica permanece independiente y solo alienta la reorganización del

Partido Colorado Batllismo y la vigencia de su Carta Orgánica; es decir, la restauración de todos los organismos que configuran nuestra colectividad cívica.

***

Las denuncias están hechas y cobrado excepcional estado público.

No basta con hacerlas; hay que probarlas.

Tampoco defendemos al Dr. Vasconcellos, eso es de su exclusiva incumbencia.

Nadie ignora que cada rama de las FF.AA. posee sus propios servicios de Inteligencia.

Si ellos hallaron y proporcionaron los elementos en que los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea basan su formal acusación, seguramente se sentirán obligados a que los conozca el país entero a la mayor brevedad.

***

¿Caerá la República en el caos institucional?

¿Se arrasará con la Constitución y con sus leyes?

¿Sufriremos esa vergüenza y tamaño desprestigio ante el mundo democrático que, desde ya, por medio de los despachos telegráficos se va enterando de lo que sucede?

Los hechos se vienen precipitando de una manera que nos duele y abochorna.

***

El emplazamiento al digno militar que es el General Antonio Francese para obligarlo a renunciar al cargo de Ministro de Defensa Nacional, lo conceptuamos una ingratitud y un desacato inadmisible a quien honró al Ejército.

La imposición al Jefe supremo de las FF.AA. que es el Presidente de la República, para que designe otra persona -¿quién?- en dicha Secretaría de Estado, configura un total desconocimiento de su autoridad.

Amarga y humilla lo acontecido.

***

¿Cabe esperar que prevalezca el respeto a la Constitución?

Eso es lo único que salvará al Uruguay de una derrota de sus valores fundamentales.

De no suceder así, nos esperan días en extremo azarosos.

Habría triunfado la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón.

***

Como es tradicional en esta casa de Batlle, El Día, mientras rija la libertad servirá a la causa de la Libertad, de la Justicia y del Derecho.

Por sobre todo y como siempre, defendiendo la Constitución, aunque combatimos su texto cuando se elaboraba.

Para El Día es vital el cumplimiento de la Ley.

Si hay gentes de armas que juraron defenderla y no se sienten forzados a hacer efectivo su solemne compromiso, la conciencia los condenará.

Y sobre el tema insiste El Día del sábado 10 de febrero, diciendo:

Acusaciones a confirmarse

Ya nos referimos ayer a las gravísimas acusaciones de los Comandantes en Jefe del Ejército y la Fuerza Aérea, respondiendo a otras divulgadas por el Senador Dr. Amílcar Vasconcellos.

Reproducimos, asimismo, lo fundamental de ellas y un breve comentario sobre las mismas.

Cabe volver sobre el tema, en razón de la trascendental importancia de los cargos, concretados en propósitos de desprestigiar a las FF.AA. y en ser el Dr. Vasconcellos portavoz de una conjura de sectores partidarios en base a la posibilidad de ganar prestigio o caudal electoral.

Y con vinculación evidente a tales afirmaciones expresaron los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea “que las FF.AA. no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y/o políticos, cuyos personeros, habiéndolo advertido así y para satisfacer sus intereses sectoriales, pretenden apartarlas del camino que ellas deben recorrer”.

Por la jerarquía castrense de los acusadores, la personalidad del acusado así como por la responsabilidad que quepa a los sectores aludidos, pero no identificados, se trata de hechos que no pueden ni deben escapar al conocimiento del pueblo.

Si hubo conjurados y conjura de sectores partidarios para los fines que sostienen los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea es indispensable informar pormenorizada y públicamente a la comunidad.

La necesidad de tal conocimiento por la comunidad, es imprescindible y perentoria.

Porque cabe colegir que al formularse dichas denuncias de modo formal existirán las pruebas pertinentes.

De no divulgarlas, surgirán dudas acerca de su pertinencia y exactitud.

Además si hay realmente personeros de sectores que apoyan a grupos económicos ¿cómo no apurarse a ponerlos de manifiesto?

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