Amnistía Internacional Uruguay se pronunció públicamente en contra de los cambios introducidos en el proyecto de ley que despenaliza el aborto, y observó que el texto que será votado en los próximos días legitima el hostigamiento y la culpabilización de la mujer que decide abortar.

El mismo reclamo hizo la Coordinadora por el Aborto Legal a través de un comunicado que lleva por título "A oídos sordos, palabras claras", en el que se explican uno a uno los artículos de la discordia.

A esta altura de los acontecimientos, y después de tanta agua corrida bajo los puentes, no deja de ser penoso tener que decir que el proyecto que en los próximos días votará la Cámara de Diputados es una falta de respeto a las mujeres. Sin embargo, parece que será necesario decirlo una y otra vez.

Hasta ahora, el aborto es ilegal. Luego de la votación del martes seguirá siéndolo, aunque en ciertos casos no será penalizado. Para que esto último ocurra, la mujer que decidió abortar y reclame la intervención médica para que el procedimiento se realice deberá seguir un periplo que incluye pasar por un tribunal ante el que deberá exponer su vida privada (relatar en qué circunstancias quedó embarazada, cómo es su vida económica y afectiva, por qué no quiere seguir con el embarazo, etc.) y solicitar la autorización para abortar. El texto del proyecto es especialmente siniestro en este punto: deja muy claro que el tribunal (el "equipo interdisciplinario") debe ser un ámbito que la ayude "a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable". Cualquiera puede entender que la ayuda que el equipo puede ofrecer a la mujer es de tipo moral o psicológico, porque no está entre sus competencias modificar las circunstancias materiales de su vida (volverla más joven, o más madura, o proporcionarle un mejor trabajo, o un mejor marido, o una vida distinta). La función del tribunal, dicho de otro modo, es obstaculizar la realización del aborto. Complicar el camino ya complicado de una mujer que tomó una de las decisiones más difíciles que se  pueden tomar: interrumpir un embarazo.

Si la infortunada mujer sortea ese primer escollo y aguanta con entereza los embates del tribunal, entra en la siguiente fase: la de reflexión durante un período mínimo de cinco días. (Seguramente alguien pensó que la decisión de abortar se tomó a la ligera, de un minuto al otro y sin haber reflexionado lo suficiente. Las mujeres somos tan impulsivas...). Si luego de haber reflexionado durante un lapso mínimo de cinco días la empecinada mujer insiste en no seguir con el embarazo (el texto dice "si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir el embarazo ante el médico ginecólogo tratante", y yo ya me imagino las dificultades que supondría conseguir, en mi mutualista, una consulta con el ginecólogo tratante en un plazo de cinco días), entonces la institución deberá coordinar "de inmediato el procedimiento que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños". Pasemos por alto el resbaladizo territorio demarcado por expresiones como "la evidencia científica disponible" o "la disminución de riesgos y daños" y concentrémonos en que recién ahí, luego de transcurridos todos los pasos (repasemos: ir al ginecólogo tratante y solicitar el procedimiento; esperar a que se conforme el tribunal, comparecer ante él y dar explicaciones; esperar cinco días como mínimo; volver al ginecólogo tratante y ratificar por escrito la solicitud; esperar la respuesta) comenzaría efectivamente el proceso que debería culminar en la realización del aborto.

Todo eso debe ocurrir antes de las doce semanas de gestación, y es importante tener en cuenta que un embarazo difícilmente se confirme antes de las cuatro o cinco semanas.  

Para no extenderme demasiado y no repetir lo que la Coordinadora ya explicó en el comunicado, no diré nada sobre los casos de violación, malformación incompatible con la vida o grave riesgo para la salud de la mujer, pero baste saber que la tónica general es más o menos la misma: el aborto debe ser el último recurso, porque la vida del embrión, evidentemente, vale mucho mas que la vida de una madre desapegada y renunciante.

Ahora bien ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo fue que pasamos de un proyecto de ley de aborto legal a un proyecto de ley que devuelve a la mujer a una situación de minoridad civil? Sencillamente, ocurrió un chantaje. Como ha ocurrido otras veces, algunos diputados cuya representatividad es escandalosamente baja terminaron por salirse con la suya. Las modificaciones que hubo que hacer al proyecto de ley para conseguir que estos representantes de sí mismos transaran en dar su voto afirmativo suponen el sacrificio de la mujer en el altar de los acuerdos y las manganetas políticas, y suponen haber tirado a la basura el esfuerzo de organizaciones que han trabajado durante décadas para asegurar el derecho a decidir.

¿Y por qué? Porque el señor legislador Fulano tiene creencias. Y resulta que el señor legislador Fulano no sabe que no está en el parlamento nacional en representación de sus creencias sino en representación de un montón de votantes que adhieren a un programa  político conocido tanto por los votantes como por el propio legislador Fulano.

La pregunta que deberíamos hacernos es hasta cuándo vamos a dejar que la tiranía de las creencias siga ocupando el espacio que debería ser del debate ideológico, la discusión política y el intercambio de ideas. Hasta cuándo la retórica de la tolerancia y el respeto nos seguirá hundiendo en sus blandas arenas, como si fuera aceptable que la fe de alguien o su religión determine el destino de hombres y mujeres organizados bajo un sistema político laico.

Pero no parece factible, hoy por hoy, hacer una crítica de la tolerancia. No parece factible reclamar, en nombre de la política y de la reflexión crítica, una confrontación de ideas que ponga en juego conceptos como vida, salud o libertad. La celebrada caída de las ideologías tiene como correlato un mundo fetichista y bobo, inclinado a la literalidad y a la fascinación, y en ese mundo un señor legislador cualquiera puede llenarse la boca con palabras milagroseadas y tomar de rehenes al resto de los legisladores, al sistema político y a los hombres y mujeres a los que juró representar.