Historia de la impunidad. De las actas de Videla a los indultos de Menem, de Stella Maris Ageitos. Prólogo de Osvaldo Bayer y epílogo de Rafael Bielsa. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2002. 255 págs. - por Alfredo Alzugarat.

“Este libro procura poner en evidencia la cadena de decisiones políticas que posibilitaron la impunidad en la Argentina”, aclara la autora en su breve introducción. El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar integrada por Videla, Massera y Agosti derribó el ya muy débil gobierno de Isabel Perón. Fue el golpe más anunciado en la historia de Argentina y significó la legalización del terrorismo de Estado. Pronto, con el marco y el sostén ideológico de la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el mando directo de los comandantes en jefe de las tres armas, alrededor de dos mil agentes, contando con una infraestructura de más de trescientos centros de detención clandestinos, llevaron adelante un plan de exterminio que consistió en el secuestro, tortura y desaparición forzada de treinta mil personas. A lo anterior hay que sumarle violaciones, ejecuciones, robos de bebés. Con el pretexto de pacificar el país y eliminar la subversión se cometía una de las más atroces violaciones a los derechos humanos de los últimos tiempos y la mayor en Sudamérica. Cómo la dictadura militar preparó el camino para que los responsables de esos delitos no fueran castigados y cómo los gobiernos de Alfonsín y Menem legitimaron y concretaron ese propósito, es el centro de esta obra de la abogada Stella Maris Ageitos (Buenos Aires, 1958). La reseña histórica sirve de contexto para la valoración jurídica de las resoluciones legislativas, judiciales, administrativas y políticas creadas para tal fin y la impugnación de las mismas por las Madres de Plaza de Mayo y diversos organismos internacionales en sus reclamos por hallar la verdad y obtener justicia. 

Si de “aberración jurídica” fue tildada la Ley de Pacificación Nacional, conocida como de “autoamnistía”, decretada por los militares en la agonía de su proceso, se debe al gobierno de Raúl Alfonsín las primeras y sutiles fórmulas gatopardescas que aseguraron la impunidad. Ageitos es concluyente en sus afirmaciones: “el propio gobierno constitucional decidió dar continuidad jurídica al régimen dictatorial: sus organismos “fueron reconocidos como válidos durante el tiempo que ejercieron sus funciones” y lo mismo sucedió con las sentencias que condenaban a militantes políticos. De esa manera, en democracia, se legitimó un régimen de naturaleza contraria, violatoria de todo estado de derecho. El llamado “juicio del siglo” a los miembros de las tres Juntas Militares, aparatosamente realizado en cinco etapas, con 833 declarantes, tres toneladas de documentos y 900 horas de filmación, cedió el paso dos años después a la Ley de Punto Final y, tras los levantamientos de “carapintadas”, a la Ley de Obediencia Debida. Los indultos otorgados en 1989 por Carlos Menem, que beneficiaron a 280 implicados, intentaron imponer el olvido y sellar para siempre la historia. Ni los juristas hitlerianos lo hicieron mejor, afirma Ageitos.

Aunque en los últimos quince años esta historia haya tenido algunas parciales modificaciones positivas, este libro, preciso, contundente y bien documentado, significa una contribución imprescindible para el nunca más.

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