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Los intereses sociales que pusieron al General Videla en el poder siguen en pie

Dr. Gonzalo Sanz Cerbino[1]

La muerte del militar argentino Jorge Rafael Videla, que encabezó una de las más sangrientas de las dictaduras que asolaron Latinoamérica en los ’70, no debe hacernos perder de vista que los intereses sociales que lo llevaron al poder hoy siguen intactos. La clase dominante argentina ubicó a Videla, en 1976, a la cabeza del Estado para cumplir una tarea. La dictadura que comandó debía eliminar los obstáculos políticos que trababan, desde mediados de los ’50, la acumulación de capital en la Argentina. Recomponer la rentabilidad empresaria demandaba, entre otras cosas, avanzar fuertemente sobre las condiciones de vida y los salarios obreros. Tarea que fue ensayada, sin éxito, por todos los gobiernos entre 1953 y 1976. El último intento, a mediados de 1975, pasó a la historia como el “Rodrigazo”, un gigantesco plan de ajuste que buscó, mediante un shock inflacionario, bajar el piso salarial. El plan debió ser abortado por la resistencia de la clase obrera comandada por activistas sindicales y dirigentes políticos de izquierda, que forzaron a la cúpula sindical peronista a movilizarse contra el ajuste. El fracaso de la ofensiva comandada por el Ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, encendió el alerta en los núcleos empresarios, que comprendieron que no se había cerrado el proceso revolucionario abierto en 1969 y que el ajuste no podría realizarse dentro de los marcos democráticos. Era necesario barrer con lo que dieron en llamar la “guerrilla fabril”, para de esa manera disciplinar al conjunto de los trabajadores, recomponiendo la hegemonía y la acumulación de capital.

Se puso entonces en marcha la ofensiva golpista. Los paros agrarios, que venían desarrollándose desde los primeros meses de 1975, se intensificaron en la segunda mitad del año. Las corporaciones empresarias se nuclearon en torno a la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que comandó la ofensiva y delineó el programa golpista.  El programa delineado por APEGE, dirección moral y núcleo del partido del orden, tenía cuatro ejes claros. En primer lugar, restablecer el orden, eliminando a la subversión. En segundo lugar, eliminar aquellos elementos que en las fábricas dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los instrumentos legales y organizativos de los que se valía la clase obrera para impedir el aumento de la explotación, y en particular, a las comisiones de delegados sindicales a nivel de empresa, dominadas por la izquierda revolucionaria. La “guerrilla fabril”. En tercer lugar, buscaban un recorte de los gastos estatales y eliminar cargas impositivas que servían para financiar el déficit fiscal. Es decir, se oponían a destinar parte de la plusvalía a sostener empresas ineficientes y trasferencias hacia la clase obrera. Por último, con un objetivo similar al del punto anterior, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. Los mecanismos con los cuales el Estado se apropiaba de la renta agraria, subvencionaba el consumo y protegía a una industria incapaz de competir a nivel internacional. Un ajuste para adecuar el capitalismo argentino a los límites que imponía la crisis económica mundial, cuyos costos recaían centralmente sobre las espaldas de los trabajadores.

Esta organización fue sumando apoyos de distintos sectores del empresariado, tanto de los grandes como de los chicos, y montó un ensayo general del golpe con el lock out del 16 de febrero de 1976. El acatamiento masivo sirvió a los golpistas para constatar la adhesión de la clase dominante en su conjunto, y la pasividad del resto de la sociedad, que no articuló ningún intento de resistencia. Pocas semanas después sobrevino el golpe, y con él la masacre. Decenas de miles de activistas políticos y sindicales de izquierda fueron apresados, torturados y asesinados. Muchos debieron exiliarse para huir de la muerte. El efecto sobre los que quedaron fue devastador: la clase obrera había sido disciplinada, a sangre y fuego. La burguesía restableció su hegemonía y sentó las bases políticas para imponer el ajuste, que terminó de concretarse en democracia: la hiperinflación, las privatizaciones, la desocupación de masas y la flexibilización laboral fueron posibles por el efecto desmovilizante de la represión dictatorial. Se impuso así un nuevo umbral a la explotación del trabajador, muy superior al de las décadas del ’60 y ’70, que no fue revertido.

Una vez cumplida su tarea histórica, el personal político que ejecutó la masacre ya no tenía razón de ser. Fue repudiado, perseguido, juzgado y (a veces) encarcelado por la misma clase que lo llevó al poder en 1976. La burguesía se cubrió de ropajes democráticos y repudió a los asesinos. Alentó un recambio que no amenazaba sus intereses sociales, y siguió llenándose los bolsillos a costa de mayor explotación a los trabajadores. Se reubicó bajo el ala de radicales y peronistas, los partidos políticos que en el ‘76 golpearon la puerta de los cuarteles y que aportaron a la dictadura 480 intendentes civiles. Por eso, quienes en 1976 impulsaron el golpe y avalaron la masacre, hoy siguen gobernando nuestro país. No es muy diferente a lo que sucede en el resto de América Latina.

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