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Reflexiones acerca del tratamiento que
viene dando el Gobierno al tema minero, y en especial, a la
confrontación con determinados sectores sociales opuestos a la gran
minería:
1. La forma como ha operado tradicionalmente la minería en Ecuador
(artesanal y pequeña minería), ha posicionado en la ciudadanía -con
sobrada razón- la idea de que es una actividad peligrosa, altamente
contaminante, caótica, atentatoria a la dignidad y derechos de quienes
ahí trabajan; que crea en su entorno anillos de miseria, pauperización,
delincuencia, etc. Un claro ejemplo de aquello es Nambija. Con un
antecedente tan negativo no se puede pretender que de la noche a la
mañana la percepción ciudadana cambie sólo porque alguien dice que
existe una minería responsable, amigable y diametralmente distinta a la
que estamos acostumbrados a ver.
2. El Gobierno de Rafael Correa ha tenido tiempo de sobra para ir
preparando las condiciones que le habrían permitido minimizar el
rechazo. Por ejemplo, se pudo haber realizado las consultas previas -no
vinculantes- que prevén la Constitución y la Ley. Asimismo, el MRNNR
pudo haber creado los consejos consultivos, igualmente previstos en la
Ley, a efectos de recoger y dar un tratamiento adecuado a los
planteamientos de las comunidades afectadas. Se debió diseñar y ejecutar
con la debida anticipación un plan de intervención en las áreas de
influencia de los proyectos, capacitando e informando a la ciudadanía,
impulsando la conformación de veedurías. Es utópico y contrario a los
fundamentos de la participación social esperar que la gente sienta como
propio o se empodere de un proyecto, prácticamente impuesto, en el que
no ha tenido ninguna participación. Recién hace poco, y con métodos nada
rigurosos, se está auscultado y priorizando las necesidades de las
comunidades a beneficiarse con las regalías, cuando todo esto demandaba
un trabajo sostenido, que no se suplanta con declaraciones contestarías,
visitas esporádicas o acciones reactivas coyunturales.
3. Me parece un grave error, que más tarde generará reclamos, infundir
la idea que junto con la gran minería viene la felicidad de los pueblos
marginados. Es conocido que si bien en principio esta actividad genera
un determinado número de plazas de trabajo beneficiando el aporte de
mano de obra local no calificada, conforme avanza el proceso productivo
dichas plazas van disminuyendo significativamente. Es verdad que los
recursos que genera la gran minería mejoran las cifras macrofiscales del
Estado, más de ninguna manera existe una relación directa entre
producción e inversión social en los sectores de influencia, los cuales,
adicionalmente absorben el impacto ambiental, social y cultural
negativos. Basta visitar el Oriente en donde el petróleo no ha sido
precisamente la panacea que se ofreció a esos pueblos.
4. Es evidente que el Gobierno comenzó a reaccionar, buscar aliados,
hacer ofrecimiento, firmar convenios y entregar recursos luego que la
marcha de las organizaciones sociales -especialmente indígenas- era un
hecho irreversible. Junto a ello se inició una campaña en contra de los
organizadores en un intento tardío por desprestigiar a los dirigentes y
deslegitimar la convocatoria. Esta ha sido una práctica ensayada por
todos los gobiernos, que a la postre genera efectos contrarios al
esperado. Mientras más fuerte es la reacción oficial ante las
manifestaciones de protesta, más las fortalece y legitima. Para el
ciudadano común no es fácil entender la estrategia del Gobierno, que por
una parte minimiza la marcha, y por otra, pone todo el peso logístico y
de propaganda para contrarrestarla, al punto de convocar una
contramarcha. ¿Qué se busca con ello? El llamado a “defender de la
democracia” se percibe más bien como un ensayo por demostrar que su
capacidad de movilización se encuentra intacta, que cuenta con respaldo
popular y, de otra parte, reponerse del duro revés mediático y desgaste
sufridos durante el proceso judicial contra Diario El Universo.
No obstante, independientemente de la diferencia numérica entre
manifestantes de uno u otro sector, la oposición habrá logrado que el
Gobierno, con sus acciones, se convierta en el principal promotor e
impulsador de la reinscripción de la partida de nacimiento de los
sectores contrarios al régimen, incluidos partidos políticos que hasta
hace poco estuvieron casi en el olvido. Todo esto lleva a la conclusión
que, desde el régimen hace falta analizar sin prejuicios y con serenidad
los acontecimientos políticos, rectificar lo que haya que rectificar,
entendiendo que gobernar no es otra cosa que tomar las mejores
decisiones en función de lo que conviene al país, aún cuando aquellas
decisiones no sean del agrado de los gobernantes.
Por último y en referencia a los actores convocados por el Gobierno, es
necesario reflexionar sobre el rol que en estas movilizaciones cumplen
organizaciones populares, funcionarios y trabajadores del sector
público, a sabiendas que la gente se moviliza sólo por dos razones: unas
motivadas por convicciones ideológicas políticas (producto de un trabajo
de formación a largo plazo), y otras por expectativas o conveniencias
coyunturales, de ahí que en las proyecciones que hacen los estrategas
del oficialismo sería un error pensar que quienes levantan pancartas y
llenan una plaza son seguros aliados o adherentes al proyecto impulsado
desde el Gobierno, error que se evidenció en la última consulta popular.
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