La administración pública y su significación por Dr. Ariel Enrique Cetina Bertruy

Cuando nos adentramos al mundo de los conocimientos y saberes de la ética, las gestiones públicas, la administración pública, del funcionario público, de los bienes públicos y del bien común, es necesario elaborar un marco conceptual para entender la terminología. Estos conceptos, constituyen los ejes esenciales de una rama del saber ético que pugna por establecerse.

La administración pública es la organización que lleva a cabo la acción pública, a quien se encomienda el logro de los objetivos fijados por las instancias políticas. Por lo que una ética de esta naturaleza se aproxima a la ética política, o conocida también como deontología política.

La generalización del Estado de Bienestar tras la II Guerra Mundial, término que encontró una expresión concreta en Europa, hizo que llamara la atención el tamaño alcanzado por los organismos públicos y su omnipresencia.

Hoy en día hay que destacar de las administraciones públicas, la extrema complejidad y alta diferenciación que han adquirido. Esto significa que la Administración Pública posee ribetes distintivos. No es lo mismo la forma que adopta en España, Francia, y EE. UU. que en países como Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México, etc. Aunque el concepto que asumimos es interesante, puede variar en contextos históricos-concretos.

Pese a que la imagen de la administración que hoy más persiste en el mundo es la de una oficina con ventanillas, despachos y papeleo, sobre todo, es administración pública: el quirófano de un hospital, o también una clase en un colegio público, la cabina de un vuelo de la línea aérea oficial de cada país, un banco estatal, o el laboratorio donde se hace la predicción del tiempo por los meteorólogos.

Constituye un principio básico de la democracia, que las instancias políticas decidan los objetivos de la acción pública y las administraciones públicas los hagan efectivos.

El papel de la administración ha de ser instrumental, no independiente, llevando a cabo las políticas decididas por el Gobierno, lo que exige evitar, tanto la tendencia de los funcionarios a ocupar parcelas de un poder que no les corresponde, como su identificación ideológica o clientelar con el partido gobernante.

De no ser así, la alternancia política implicaría quitar a unos para poner a otros, con la imaginable discontinuidad en la acción pública. Este es, precisamente, el deber ser del asunto, pero en muchos países de América Latina ocurre lo contrario, cuando se cambian los niveles gobiernos, se pierde el necesario peldaño de continuidad.

El volumen de bienes alcanzado por el sector público (presupuestos próximos a la mitad del PIB en los países de la Unión Europea y empleo público cercano al 20 % de la población activa) y su incidencia en la vida cotidiana de la gente hacen que la entrega efectiva de bienes y servicios a los ciudadanos se haya convertido hoy en día en un factor clave para la legitimidad política, por encima de otras consideraciones dotadas aparentemente de mayor trascendencia. [1] (Beltrán, 1998: 12)

[1] Miguel Beltrán. Diccionario de Sociología, Editores Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres. Editado por Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 12.