Chaco: furor por la plata que contamina

por Centro Mandela DD.HH.
Centro de Estudios e Investigación Social
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Hemos leído en los medios de comunicación sobre la contaminación que  generan los silos en  Puerto Vilelas, y que la Asociación de Cooperativas Argentina (A.C.A.)  deberá cumplir con un plan de mitigación para atenuar los daños sanitarios, sociales y ambientales  que provoca. Algunos titulares señalaron que la Intendencia de Vilelas impuso una clausura preventiva para que se resuelva  la contaminación que se produce desde los silos de esa empresa. También trataron el uso de los agroquímicos, señalando que es un problema de los pueblos fumigados y de toda la sociedad, aunque no se avocan al funcionamiento contaminante de las arroceras San Carlos y Cancha Larga, de propiedad de empresas de la familia de Eduardo Meichtry, que entornan y dañan la salud de los pobladores de La Leonesa y de Las Palmas y la rica red hídrica del Departamento Bermejo.

Las notas publicadas  dan cuenta que la población damnificada es la que reclama y denuncia de manera pública  y, en algunos casos, ante los organismos estatales que son responsables de controlar, que luego de largos procesos burocráticos  pocas veces toman medidas, mientras que en la mayoría de los casos  pasa el tiempo y no actúan. Mientras tanto,  las contaminaciones sanitarias, sociales y ambientales  se multiplican  impunemente desde hace varias décadas.

Burocracia y fondos públicos

 Los sectores sociales afectados se preguntan para qué el Estado destina tanto dinero público, que  recauda cobrando impuestos, para mantener tantas estructuras burocráticas dotadas de grandes presupuestos para “controlar” las actividades humanas, productivas o improductivas, que afectan la salud y la vida de la población, el ambiente y la biodiversidad. Algunos de esos organismos son la Subsecretaría de Medio Ambiente, el Tribunal de Cuentas, Defensa del Consumidor, además del Ministerio de Salud, especialmente las direcciones de Epidemiología y de Estadísticas, que deberían efectuar  seguimientos epidemiológicos de enfermedades vinculadas con las actividades  contaminantes y registrarlas en los Anuarios sanitarios, para después planificar y desarrollar programas de control, prevención y ataque de las causas que generan patologías  derivadas en los factores contaminantes. Se agrega que son pocos los reclamos por daños ambientales, sociales y sanitarios  que se denuncian ante la Fiscalía de Investigación Administrativa,  la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial,

¿Para qué  existen los organismos de control en la provincia?

¿Para qué existen los organismos de control? Esta es la pregunta que repetidamente se formulan los ciudadanos, sobre todo si  se tiene en cuenta que solo intervienen en pocos casos y después  de que se producen los daños sanitarios, sociales y ambientales, a lo que se agrega que el Estado no se hace cargo de los daños y de los perjuicios ocasionados a la población, que en algunos casos son irreversibles.

Los controles son inexistentes  y obsoletos. Es evidente  el  rotundo  fracaso del  sistema de controles,  que se nota aún  más en aquellos casos en que los órganos  estatales  actúan porque nunca  modifican  ni remedian   nada en materia de contaminación y sus consecuencias, a lo que se agrega que no informan a la población los resultados de las pocas  intervenciones que llevan adelante.

Contaminan los silos de ACA, de Cargill, de la ex Junta de Granos y el Puerto

Solo dos provincias Argentinas, Córdoba y Mendoza,  regulan la instalación de silos de acopio de cereales. En esas provincias no se permite la instalación de silos en proximidades de  zonas o áreas pobladas para evitar que contaminen y provoquen daños.

La contracara negativa  de mejores situaciones sanitarias y ambientales  son los silos de A.C.A., que desde hace más de 10 años opera  en Puerto Vilelas. Desde  el comienzo ocasionaron daños a la población que vive en los barrios cercanos, que desde hace poco tiempo comenzaron a ser conocidos  por las denuncias públicas, administrativas y judiciales que efectuaron los vecinos. Intervino la Municipalidad de Vilelas y la Subsecretaría de Medio Ambiente, imponiendo  “la clausura preventiva” de la planta de A.C.A.,  que duró un suspiro, sin reconocer que son responsables institucionales  del fenómeno contaminante y del grado de afectación que por tantos años provocó y que todavía genera la empresa. Los supuestos cambios operativos introducidos por A.C.A. son absolutamente insuficientes y parciales  para resolver el grave problema  contaminante que provoca.

Tampoco  se debe olvidar la fuerte contaminación que provocaba el funcionamiento de  la planta de silos de Cargill, ubicado  en cercanías de A.C.A.,  sobre el riacho  Barranqueras.  A lo largo de los años en que esta multinacional, de origen norteamericano,  operara la Planta nunca fue sometida a controles ambientales y operativos, ni se la aplicaron multas por las graves infracciones que cometiera.  Todo se arreglaba en la Municipalidad de Puerto Vilelas, hasta que una iniciativa poco santa determinó que  Cargill se retirara del lugar, factor que seguramente no  fue  la única causa que  provocó la decisión de clausurar la Planta,  que permanece cerrada.

También contaminan impunemente los silos de la exJunta Nacional de Granos, administrado por la empresa estatal El Colono S.A. Igual fenómeno ocurre en el Puerto  de Barranqueras, cuando está operable. También funciona administrado por el Estado.

¿Los organismos de control estarán esperando que se los denuncie para  actuar? Esta es la pregunta que sigue  a la más importante que interpelan para qué fueron creados, sobre todo ante  el aumento  de los niveles de contaminación, especialmente los derivados de la actividad agrícola  y del manejo de los productos cosechados.

Los vecinos preguntan

 Los vecinos preguntan, desde hace varios años, sobre el funcionamiento contaminante de A.C.A. Los pobladores se formulan varios interrogantes básicos. ¿Dónde estaban los organismos de control en los últimos diez años? ¿Por qué no actuaron antes de que se produjeran los graves daños acumulados en una década? ¿Por qué no actuaron después de que se produjeran los primeros efectos contaminantes del funcionamiento de la planta de A.C.A.? ¿Por qué  los funcionarios públicos no actuaron en cumplimiento de sus deberes y funciones? ¿Cuál es la verdadera función de éstos? ¿Acaso no tendrían que actuar previniendo, verificando planos, documentaciones, lugar, tipo de actividad, y habilitar las instalaciones o las actividades no contaminantes en lugares  no poblados?   ¿Los inspectores municipales de Puerto Vilelas no controlan ni exigen que se cumplan las normas sanitarias y ambientales?

Ninguna de  las  preguntas  fueron respondidas. Entre bambalinas, varios funcionarios de los  primeros niveles de los organismos de control transmiten -off de récord-  que el poder político de turno, llámense gobernadores, ministros y secretarios de estados, bajan líneas y órdenes  para que las empresas continúen funcionando a pesar de que contaminan.

Ola contaminante

Sobre los indiscutibles efectos contaminantes de los agrotóxicos que se aplican descontroladamente en la agricultura  son muchos los antecedentes y los casos revelados sobre los daños irreversibles que provocan en la salud de la población, sin que los organismos de control actúen en terreno.  Mientras tanto, el Estado  sigue dictando normas que no se aplican,  aunque están orientadas  a combatir este flagelo sanitario, social y ambiental. La segunda acción que repiten, además de dictar normas, es de naturaleza publicitaria.  Divulgan una supuesta buena gestión en el  en el control del manejo  de los agrotóxicos y de los envases contaminantes. Sin embargo, las grandes empresas sojeras, girasoleras y maiceras continúan volcando agroquímicos sin ningún tipo de control,  que el Estado permite con el pretexto de aumentar la superficie agrícola, la producción  y la productividad  en territorio chaqueño, que desde el gobierno se presenta como un boom  en la actividad primaria, sin dimensionar las consecuencias  y los daños que provocan. La primera víctima es el monte nativo local, sobre todo en el territorio conocido como el Chaco Seco. Mientras tanto, ningún organismo de control despliega  acciones para impedir que se continúe contaminando y generando  graves daños a la salud pública y al ambiente.

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