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Cultura de la no violencia Juan Almendares |
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En
la historia de Mesoamérica y América Latina hasta
el siglo XXI no ha existido un día libre de dolor y sufrimiento. La
colonización dejó las huellas del trauma de
la dominación mediante la imposición de lenguaje,
creencias religiosas, racismo, exclusión social, violencia de género y sexo;
con el exterminio de comunidades y pueblos. Estos
procesos coloniales y neocoloniales se
consolidaron mediante la fuerza de las armas, la ideología y
la imposición del pensamiento occidental como verdad suprema: ciencia,
educación, tecnologías invasivas; saqueo de los recursos. Los
de piel y cultura blancas
(ellos) eran los civilizados y civilizadores, los buenos, los sabios y los
poderosos; limpios e inmaculados; el símbolo del progreso; por
el contrario los indios,
negros, mestizos (nosotros) los piel obscuras éramos y somos (según
ellos ) las culturas subalternas y
por lo tanto los malos , los sucios, los atrasados, los bárbaros
y salvajes que había que someter, dominar, limpiar, humillar,
esclavizar y explotar mediante bajos salarios, control de la economía y
crear estructuras políticas serviles a sus intereses. El desarrollo de
ellos significó el
subdesarrollo nuestro. La
dominación se reproduce mediante el control de la educación, la formación
de intelectuales y aparatos ideológicos
(centros educativos y universidades y algunas iglesias que se
articulan con los aparatos represivos -fuerzas militares, policiales, cárceles y leyes
punitivas-); a diferencia de sacerdotes,
pastores y monjas que fueron inmolados, perseguidos y torturados por ser
partidarios del “Jesús de los Pobres” y de la Teología de la
Liberación: Monseñor Romero, Ellacuría, Baró, Guadalupe Carney,
Celebradores de la Palabra, otros y otras líderes religiosas. El
mejor testimonio de esta violación de los derechos humanos en América
Latina es la Doctrina de la Seguridad Nacional que se caracterizó por la
tortura y la eliminación de los supuestos enemigos. La
dedicatoria de estas políticas en el siglo XX y XXI han estado destinadas
a inventar al enemigo, al subversivo, que en este caso eran y son en su
mayoría los jóvenes; por eso era preferible promover el alcoholismo, el
tabaquismo y las drogas en los niños, niñas y jóvenes
en la década de los años ochenta y noventa; en vez de que
se contaminaran con las ideas subversivas de liberación de los pueblos
tales como las ideas socialistas o la
teología de la liberación. Se
prohibieron las organizaciones estudiantiles de secundaria, En Honduras
hasta hubo un Decreto del Congreso Nacional de la República que
consideraba esa prohibición. Fue
abolida la paridad estudiantil y el poder de los jóvenes en las
universidades y se produjo la
universidad pintada de
silencio que imitara al
modelo occidental. Se reprimió a la juventud a tal grado que la mayor
parte de desaparecidos en America
Latina son jóvenes. Se privatizó la educación y se crearon mecanismos
elitistas y falsos exámenes de admisión para restringir el ingreso de
los pobres a las universidades. Los
procesos de guerra, dominación económica, la globalización tuvieron
como resultado la emigración de millones de jóvenes de América Latina
hacia EUA y Europa; en esos países la emigración ha sido reprimida por
políticas violentas y racistas. La
globalización del capitalismo soslaya en su discurso las estructuras
de la violencia que han sido creadas y que se reflejan en la pobreza y en
el entrenamiento de torturadores de escogidos
militares y policías en la famosa “Escuela de las Américas”
y en la manipulación ideológicas de algunos medios que han
contribuido a la estigmatización de los niños, niñas y jóvenes al
considerarlos como los principales responsables de las situaciones
violentas y de la delincuencia. Sin
embargo, han sido ignoradas las
políticas de los Súper Estados que ocasionan crímenes
ambientales (mineras, bananeras, empresas de madera, piñeras,
camaroneras, aplicación masiva de plaguicidas, transgénicos y agro
combustibles; privatización del agua)
mediante los programas y proyectos de las empresas multinacionales
apoyadas por el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional.
En
consecuencia con lo anterior, al reflexionar sobre
el proyecto de La Declaración de la “Cultura de la No
Violencia“, por parte de los Estados miembros de la OEA, en la reunión
de San Pedro Sula, junio 2009, nos permitimos hacer las siguientes
consideraciones: La
violencia es un tema relevante en el contexto latinoamericano; para
nosotros es preferible hablar de “No violencia “ que de “Cultura de la No violencia; porque ésta última expresión
lleva implícito que existe una “Cultura de la violencia” que se deba
enfrentar por diferentes medios ideológicos y represivos, lo que facilita
responsabilizar a nuestros pueblos de ser los creadores de la violencia y
considerar a los Estados de las naciones ricas y poderosas como no
violentas y salvadoras de nuestra situación de barbarie. El
enfoque reduccionista de la Seguridad, que ha centrado el peso en
lo militar y policial, llamado ahora “Seguridad Multidimensional de la
OEA”, nos invita a
legitimar la violencia mediante el uso de las fuerzas militares
y policiales nacionales y transnacionales ¡en nombre del respeto a
los derechos humanos! ¿Por qué no considerar otras formas de analizar,
reflexionar y considerar
nuevas alternativas para resolver los problemas, en lugar de crear
espacios recreativos, empleo, acceso a la educación, salud y viviendas
dignas? ¿O es éste acaso otro
pretexto para justificar los gastos militares y reprimir a la juventud
de nuestros pueblos? El
proyecto de declaración de la OEA, no establece cuál es el origen o
causa de la violencia: ¿Quién la produce? ¿Es un problema estructural?
¿Quiénes la sufren en mayor grado? ¿A quiénes se les señala
como responsables de la violencia? ¿Quiénes son los dueños de las armas
y quienes las promueven? En
otras palabras ¿Quiénes son las víctimas, quiénes los victimarios, y
qué relación tienen con ello las políticas de los Estados nacionales o
supranacionales? América
Latina tiene una población de 582 millones, la mayor parte de la población
es menor de 25 años; se estima que más del 40 % de la población es pobre y según
el Representante de la FAO (2009) para América Latina 52.4 millones de niños
no satisfacen el hambre, lo cual produce daños irreparables en el cerebro
y en la fuerza muscular. El
25 % de la población sobrevive con menos de dos dólares por día. El 20%
de la población vive en inseguridad habitacional y sufre desalojos
violentos por las fuerzas policiales y militares. En
América Central, el plan Puebla Panamá es una amenaza al derecho
a la vivienda digna y va a
producir el desalojo de más de 200 mil familias en Honduras, El Salvador
y Guatemala. En
el 2003 existían al menos unos 100 mil niños que vivían huérfanos en
las calles, y más de 17 millones de niños menores de 14 años que
estaban en la necesidad de trabajar. De esos 17 millones, unos 8 millones
prestaban servicios por deudas, trabajo forzoso, prostitución, pornografía. La
globalización en América Central después del huracán Mitch
ha significado extracción masiva de recursos naturales por
multinacionales mineras, que se intensifican
después del huracán Mitch (1998) secuestrando el agua de las
comunidades y contaminando con metales pesados los ríos, los suelos , los
aires y los cuerpos desnutridos de infantes, jóvenes y mujeres (porque
son las que más utilizan el agua), destruyendo el ambiente y ocasionando
enfermedades y muerte. En
la última década más de cuatro mil niños, niñas y jóvenes han sido
asesinados en forma impune. “Decenas de establecimientos comerciales
toleran y promueven la explotación sexual comercial por lo menos de 1,019 personas menores de edad”
en Honduras. El SIDA es la tercera causa de muerte en los hospitales públicos
(Casa Alianza 2009). Preguntemos
entonces qué responsabilidad tiene la
historia de la colonización, el saqueo
y de la colonialidad e imposición en pleno siglo XXI de las políticas bajo la lógica
del capital y la globalización imperial de nuestros pueblos. ¿No es
acaso que los tratados comerciales desiguales con EUA, Europa y otros países
son determinantes en causa
estructural de la violencia, la emigración y de la pobreza, una de las
mayores violencias contra el ser humano? En
consideración a lo anterior rechazamos el término “cultura de la no
violencia” y preferimos
decir ¡No a la violencia! ¡No a la guerra!; y
nos manifestamos por la paz, la justicia social y la dignidad histórica
de nuestros pueblos. Analizando
el Proyecto de Declaración de San Pedro Sula “hacia una
Cultura de la No Violencia” por parte de los Estados miembros de la OEA
vemos que tiene como elementos positivos la promoción y fortalecimiento
de la cultura de la paz, la no violencia y
los derechos humanos. Sin embargo no analiza las causas estructurales de
la violencia sino que se concentra en las consecuencia y estigmatiza a la
delincuencia, particularmente de los jóvenes, como obstáculo para el
desarrollo democrático y socioeconómico para lo cual promueve un enfoque
integral basado en uno de seguridad militar y policial multidimensional,
el monopolio de la fuerza por los Estado y fortalecer los sistemas
carcelarios. La
Seguridad Multidimensional de la OEA coloca la seguridad militar y
policial en función de la democracia y el respeto a la soberanía de los
Estados pero no de los pueblos. ¿Puede
existir democracia en un país en el que existen desempleados,
subempleados, o las relaciones injustas laborales son las causas de
sufrimiento y explotación como el caso del trabajo infantil, las mujeres
en las maquilas, y los emigrantes? Las
diferencias en el ingreso
económico según los grupos sociales son abismales. ¿Puede existir
democracia en un país donde el
80 por ciento de la población vive en la pobreza
y la riqueza está concentrada en el 5 por ciento de la población? Los
intereses neocolonialistas y la lógica de la acumulación histórica del
capital articulado con la oligarquía y sectores poderosos locales y
nacionales han impuesto a los regímenes militares o los gobiernos civiles
con el ropaje de democracia. Para
lograr este propósito ha sido necesario el cultivo de la guerra, el
negocio de la compra y venta de las armas;
las invasiones de marines, los
desalojos violentos de campesinos e indígenas; la generación de pobreza,
la emigración del campo a la ciudad y el desplazamiento como “espaldas
mojadas” a la tierra prometida del “destino manifiesto” o hacia las
metrópolis europeas. ¿Acaso
pueden promover la democracia aquellos países hegemónicos cuyas políticas históricamente
se han caracterizado por la invasión, sometimiento, guerras y
ocupaciones militares en contra de nuestros pueblos, como el caso de la
guerra en Iraq y la ocupación militar de Honduras, la base en Guantánamo
Cuba, Puerto Rico, Ecuador o
el bloqueo al hermano pueblo de Cuba? En
junio de 2008. El Congreso
estadounidense, sin
consultarles a los pueblos latinoamericanos
aprobó el Plan Mérida consistente en un total de 465
millones de dólares. 400 millones dólares fueron destinados para México,
60 millones para Centroamérica y 5 millones para Haití y la República
Dominicana. La
distribución de estos fondos se justifica para la lucha contra el narcotráfico,
terrorismo y al control militar. Se destinan 25
millones de dólares (para “promover el desarrollo económico y social y la buena
gobernabilidad en determinadas zonas de bajos ingresos, entre las cuales
comunidades rurales particularmente vulnerables al narcotráfico, la
narcoviolencia y al crimen organizado”. 24.8
millones de dólares Estos
fondos proporcionarán entrenamiento
del combate al narcotráfico y la criminalidad asociada al mismo, y
para aumentar la capacidad y el profesionalismo de las fuerzas policiales
centroamericanas. 6.2 millones de dólares
(Programas de No Proliferación,
Antiterrorismo, Remoción de Minas y Programas, “NADR”): 4
millones de dólares, (Programa de Financiamiento para Fuerzas
Militares Extranjeras, “FMF”)
fortalecer la capacidad de los países de América Central para mejorar su
seguridad marítima. El
Plan Mérida está articulado al Plan de La Seguridad Multidimensional de
la OEA y es una política militar y
policial bajo la égida de los Estados Unidos de América. Es
la re militarización de las políticas y fortalecimiento de las
instalaciones de bases militares. Bajo el ropaje de la seguridad
individual, la lucha contra el terrorismo y narcotráfico y el
mejoramiento de las condiciones sociales; se instaura una nueva política
de la doctrina de Seguridad Nacional, con visión hemisférica y por lo
tanto internacional para continuar sobre el control de nuestros recursos y
la dominación económica, política y cultural de nuestros pueblos La
Declaración de la OEA será otra “declaración” pero no
plantea un plan para resolver los problemas cruciales de la violencia
estructural que ejerce el sistema capitalista contra la niñez, juventud y
mujer. La solución de los problemas sigue siendo la seguridad policial y
militar. La
impunidad continúa y no existe un verdadero enfoque integral que
garantice la verdadera soberanía energética, alimentaria, que recupere la deuda ecológica, la justicia climática,
ambiental y social y sobre todo el cese del asesinato y explotación de niñas,
niños y jóvenes; el femicidio y sobre todo el hambre. El cese de las políticas homo fóbicas y de discriminación sexual y de género.
Demandamos
una política real de protección de los derechos humanos a las personas
discriminadas por el SIDA,
y a los seres que han sufrido
la limitación de sus capacidades físicas o mentales. Condenamos
las torturas y los tratos crueles inhumanos y degradantes. La estigmatición
y las masacres que han ocurrido contra jóvenes en las cárceles
centroamericanas. Esos
millones del Plan Mérida y la Seguridad Multidimensional deberían estar
destinados a la solución real de los problemas creando empleos para la
juventud, educación, salud y
una verdadera política de paz. Se
demanda una posición contra el negocio
de las armas y el desmantelamiento de las bases militares y el cese de políticas
homofóbicas y de discriminación sexual y de género. Exigimos una
política real de protección de los derechos humanos a las personas
discriminadas por el SIDA que son parte de la violencia estructural y las
políticas inhumanas. Demandamos
participación de los jóvenes, en las grandes decisiones de los Estados
miembros, y que se reconozca que son formas de prevenir la violencia la educción
reflexiva y crítica, la libertad de expresión, el desarrollo creativo y
recreativo de la juventud y las fuentes de un trabajo digno; la no
privatización del agua, la salud y
la educación. En
consecuencia la solución militar y policial ha fracasado a pesar de los
gastos enormes porque la seguridad humana y ambiental no debe descansar en
la premisa del uso de la fuerza por parte de los Estados o Súper Estados,
de la violencia sino por el contrario debe sustentarse en la participación
real de la sociedad civil, en la no promoción de las drogas como el
tabaco y el alcohol que son inductoras del consumo de otras drogas. Debemos
liberarnos de las políticas hegemónicas y racistas de la globalización
del capital. La fuerza militar y policial han fracasado en el control de
la violencia porque ella misma esta involucrada en la creación de la
violencia, corrupción, guerra y en el negocio de las armas. Los
países dominantes no han
sido capaces del control, consumo y distribución de drogas en sus propios
territorios. Esto indica que
el problema es más complejo y que requiere no sólo mayor investigación
científica, participación de la sociedad civil; sino de una ética que
promueva valores de amor y
solidaridad y de políticas
orientadas al bienestar humano y planetario. Nota: El domingo 31 de junio 2009 en el diálogo con la Sociedad Civil y el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza; el autor de este artículo Juan Almendares manifestó al solicitar la palabra: “El cese del negocio de las armas (venta, compra y contrabando) en los Estados. Protesto por la existencia de bases y maniobras militares en Honduras, Guantánamo y Puerto Rico y otros países. Los tratados comerciales Desiguales y las políticas ambientales apoyadas por los organismos Internacionales que dañan el ambiente y los derechos humanos. La solidaridad con el Estado y Pueblo de Cuba, el cese del Bloqueo y su integración a la OEA con el respeto a su soberanía.” |